26.04.2022
La indiferencia de la enorme mayoría de las autoridades federales y estatales ante el tema de los feminicidios y la violencia que sufren las mujeres se ha exhibido abiertamente con el caso de Debanhi Escobar. En la mañanera de ayer no se tuvo el tiempo para dedicarle ni un minuto a la crisis de los feminicidios, pero pudo dedicarle largos espacios a un departamento del periodista Carlos Loret.
Pero esa indiferencia no es nueva. Buscando en los archivos, ayer me encontré con un texto que publicamos en 2005, sobre la violencia contra las mujeres, sobre el drama terrible de las mujeres muertas en Juárez en forma brutal, más de 300, y de las posiciones políticas de entonces, tan parecidas a las de ahora, 17 años después.
Vamos a recordar parte de lo que escribíamos entonces: era el primero de junio de 2005, Vicente Fox era el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el jefe de Gobierno capitalino. El texto se tituló: “Fox y López Obrador, zopiloteando sobre Juárez”. Ahí decíamos que “no hay a quién irle.
Ni el presidente Fox ni el jefe de Gobierno capitalino, López Obrador, tienen el más mínimo recato para no utilizar políticamente (y con la mayor irresponsabilidad) una historia tan dramática como el caso de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Uno no ha podido con el caso, pero dice que ya lo resolvió; el otro lo usa como lema de campaña electoral sin mostrar un solo argumento a favor de sus promesas.
“El presidente Fox dijo que la mayoría de los casos de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez estaban ya aclarados, y que todos los culpables estaban presos y condenados. Para no variar, acusó a los medios de “refritear” los mismos casos. Se le vino el mundo encima… Sostuvo que el número de mujeres asesinadas en Juárez era superior a las 300 y que los casos aclarados sumaban poco más de 200. Con eso, aseguraba, se confirmaba su declaración.
“Para desmentir al presidente, la Procuraduría, por órdenes presidenciales, el mismo día que aquél aseguraba que ya los casos de las muertas estaban aclarados y los culpables condenados, reemplazaba, en una decisión no explicada, a la fiscal María López Urbina, una de las mejores funcionarias de la PGR en el ámbito de la investigación.
“¿Por qué se reemplazó a López Urbina? Porque la fiscal especial, además de poner orden en la investigación, rescató los periciales de los casos más antiguos, casi todos sin resolver, y encontró las múltiples irregularidades en las que habían caído las autoridades responsables: inició procesos contra más de 40 exfuncionarios estatales y municipales. Para su desgracia, la mayoría de esos exfuncionarios eran panistas, muchos de ellos conocidos de Manuel Espino de los años en que éste fue funcionario de vinos y licores de Ciudad Juárez, y ello generó la presión de la dirigencia panista sobre el presidente Fox, para quitar a López Urbina de una posición donde su mayor pecado fue hacer bien las cosas y colocar el dedo en la llaga: esos casos no se resolvieron, en buena medida, por la negligencia, el desinterés, la corrupción de las autoridades de aquella época, precisamente cuando se decía que las mujeres eran secuestradas, violadas y asesinadas porque cometían el terrible pecado de ir a bares después del trabajo o salir a bailar usando minifaldas.
“El error presidencial no podía ser ignorado por el jefe de Gobierno López Obrador que jamás se había ocupado del tema de las mujeres muertas en Juárez, y ahora, ya en plena etapa de promesas para su futura Presidencia, aseguró que cuando llegue a esa posición, su prioridad será investigar la historia de las mujeres asesinadas en Juárez y castigar a los culpables. Obviamente no ha dicho cómo lo hará ni qué le genera tanta confianza, sin hacer siquiera un diagnóstico del caso para ofrecer esa promesa de campaña”.
En esa misma columna de 2005 recordábamos que en ese momento había tantos muertos diariamente en la Ciudad de México como en cualquiera de los estados del norte aquejados por la violencia del narcotráfico; había más mujeres asesinadas en la Ciudad de México que en Ciudad Juárez; el número de violaciones en la capital del país era más alto que el de Nueva York o Bogotá, y mucho mayor que los denunciados en Juárez; que desde hacía tres años existía un ola de crímenes seriales contra ancianas que no había merecido siquiera la atención de las autoridades, y las autoridades capitalinas insistían, como hacían las de Juárez y Chihuahua, 10 años atrás, que los casos no tenían conexión entre sí, aunque no encuentren el móvil y todos se realicen de la misma manera.
Nos preguntábamos en 2005, “¿cómo podía prometer López Obrador que solucionará, así, con tanta ligereza, el caso de las muertas de Juárez, si no puede resolver el de las ancianas muertas en el DF, si no puede reducir la violencia y la inseguridad en la capital, si no cumple con lo que prometió de recuperar la ciudad para la gente?”. En 2004, cientos de miles de personas, en una marcha sin ningún respaldo partidario u oficial, habíamos salido a protestar por la inseguridad, sobre todo en la Ciudad de México y el área metropolitana: fue la marcha más concurrida de la historia reciente de nuestro país. Pero el entonces jefe de Gobierno la ignoró, la calificó como una expresión de “la ultraderecha”, de “pirruris y riquillos”.
Concluíamos aquel texto diciendo que “nuestros gobernantes, en realidad, juegan con el tema de la seguridad porque no quieren afectar intereses creados, porque luchar contra la inseguridad genera costos y no quieren asumirlos. Son iguales”. Hoy, 17 años después, hay que refrendarlo.