23.02.2023 Ayer el presidente López Obrador le dedicó buena parte de la mañanera a la sentencia contra García Luna y a criticar a Felipe Calderón, asegurando que ambos eran parte de la decadencia del pasado. Dijo también algo muy interesante, que ni él, ni García Luna ni Calderón, eran México, sino representantes de un país, lo que es verdad, pero agregó que el de García Luna no era, por tanto, un juicio contra México. En eso se equivoca: en el banquillo de acusados estuvo México como país, caracterizado como un virtual “narcoestado”: esa fue la narrativa utilizada por la fiscalía para que el jurado literalmente “creyera” con base en los testimonios de los narcotraficantes reconvertidos en testigos de cargo, en la culpabilidad de García Luna pese a la falta de pruebas materiales.
No se termina de comprender la amenaza que representa para el futuro la forma en que se llevó ese proceso y tampoco se entiende que no se trata de un fenómeno aislado: ahí está el comunicado de la DEA que no se queda ni remotamente en el caso García Luna. La DEA, dice, “no se detendrá ante nada para perseguir a los funcionarios políticos corruptos que se dedican al narcotráfico y la violencia”, y agrega que “reafirma la dedicación de la DEA a perseguir y llevar ante la justicia a quienes permiten al cártel criminal de Sinaloa inundar Estados Unidos de drogas mortales que están matando a estadounidenses a un ritmo sin precedentes. Debería enviar un mensaje claro a todos los líderes políticos del mundo que comercian con posiciones de influencia para favorecer el crimen organizado transnacional de que la DEA perseguirá sin descanso a las organizaciones de narcotraficantes que amenazan la seguridad y la salud del pueblo estadounidense”.
No es un mensaje para los de ayer, sino para los de hoy y mañana, y tampoco es nada nuevo respecto a la posición de esa agencia, incluso en contraposición con otras de su país. García Luna, y eso tampoco es novedad, fue formado por la CIA, y entre esas dos instituciones, desde la creación de la DEA en los años 70, siempre ha habido competencia. El caso Camarena, tan lejano como 1985, es consecuencia, también, de ello.
Pero no se trata sólo de la DEA o de la fiscalía de Nueva York. En las últimas semanas se dieron el discurso del presidente Biden sobre el estado de la Unión y el acento que puso en la epidemia de opiacios junto con la exigencia de mayor colaboración de México. La carta de los 21 fiscales de estados republicanos demandando que se considerara terroristas, con todas las implicaciones que ello tiene, a los cárteles mexicanos. La comparecencia de la directora de la DEA, Anne Milgram, en el comité de asuntos exteriores del senado donde reclamó la falta de cooperación de la autoridades mexicanas para detener el tráfico de fentanilo. Las intervenciones de legisladores influyentes, como el demócrata Bob Menéndez y el republicano Ted Cruz, en esa misma comparecencia, acusando a autoridades mexicanas de relación con el narcotráfico. Trump, esta semana dijo que implantaría, de regresar a la Casa Blanca, la pena de muerte para los traficantes mexicanos y que cerraría la frontera si no se acaba el tráfico de fentanilo.
México, desde muchas visiones contrapuestas es, para buena parte de Estados Unidos, un narcoestado y la sentencia contra García Luna, obtenida sólo con dichos, es consecuencia de ello y un arma formidable para presionar a las autoridades mexicanas.
No se entiende. Y se llega a barbaridades como la exigencia de Mario Delgado, presidente de Morena, de demandar al Tribunal Electoral que le quite el registro al PAN argumentando que “no es un partido sino una organización criminal” o hasta la recomendación presidencial a García Luna para que se convierta en testigo protegido y denuncie a Vicente Fox y a Felipe Calderón (pregunta: ¿y si García Luna le toma la palabra al Presidente pero se le ocurre denunciar a personajes ahora en el poder?) .
Falta prudencia, lógica e incluso sentido común. Se olvida que hay, justificado o no, basado en hechos reales o no, delincuentes que hoy están denunciando en EEUU, a políticos del pasado y de la actualidad, algunos relacionados con el oficialismo.
García Luna ya ha sido condenado, ese es un dato duro e irreversible de la realidad. Por supuesto que ello tiene una interpretación y un uso político, en México y en Estados Unidos, pero extrapolar esa condena hasta llegar a pedir que sea la estadounidense la que haga justicia en México, como se dijo ayer en el Congreso, es asumir un discurso que justifica la tesis del narcoestado, es poco sensato y carece de un sentido estratégico de nación.
Justicia y elecciones
Dos decisiones importantes de la justicia de cara al proceso electoral del 2024 y a la reforma electoral plasmada en el Plan B. El ministro Alberto Pérez Dayán, que tiene en sus manos los dictámenes de las controversias constitucionales contra esa reforma, decidió, con toda la razón, que los capítulos ya aprobados y publicados de la misma, no pueden aplicarse en los comicios del Estado de México y Coahuila por la muy sencilla razón de que fueron aprobados cuando ya había comenzado ese proceso electoral.
Y el TEPJF decidió que la próxima presidencia del INE debe surgir de una quinteta de mujeres para respetar las leyes de equidad de género. Crecen las posibilidades de la actual consejera Carla Humphrey.