Me tocó cubrir el incendio del Casino Royal hace doce años en Monterrey. Allí 43 personas murieron quemadas o asfixiadas por el humo, cuando sicarios de los Zetas prendieron fuego, en pleno día, al casino porque sus dueños no habían pagado las extorsiones que le reclamaban los criminales.
En una de esas noches aciagas había quedado en cenar con un amigo en el muy popular restaurante El Granero, en San Pedro Garza García. Cuando llegué, la única mesa ocupada en el local, siempre lleno, era la nuestra. La gente tiene miedo y no quiere salir, me decía mi amigo, un importante empresario local. Esos fueron los años de fuego en Monterrey y su zona metropolitana.
Fueron superados porque hubo un esfuerzo conjunto de autoridades federales, locales, militares, empresarios y sociedad civil para acabar con la violencia y los grupos criminales, con golpes certeros, directos y la conformación de una policía, la Fuerza Civil construida sobre parámetros de desempeño altos, con relativamente buenos salarios y prestaciones, con la infraestructura que era necesaria. Su primer jefe, si no me equivoco, fue Felipe de Jesús Gallo, ahora en la Agencia de Investigación Criminal de la FGR. En un plazo relativamente corto, se logró romper la cadena de inseguridad y los principales generadores de violencia fueron eliminados o detenidos.
Han pasado doce años y algo parece volver a haberse roto en Monterrey, su área metropolitana, y otros municipios regiomontanos.
Al momento de escribir estas líneas iban 27 asesinados, muchos de ellos desmembrados, encontrados en el estado en menos de una semana, hay bloqueos, enfrentamientos, disputa territorial. Se asegura que es el Cártel del Noreste que quiere recuperar esa zona. Han crecido desde Tamaulipas y tenían control sobre la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, donde ha habido secuestros, asesinatos y robo de trailers.
Es otra demostración de lo que llamamos el empoderamiento criminal. La estrategia de abrazos y no balazos, al no tener una actitud agresiva contra los grupos criminales y dejar a las fuerzas de seguridad sólo como una fuerza de reacción (y a veces ni siquiera eso, apenas testimonial) empodera a los criminales y estos avanzan cada vez más. Lo que ocurre en Nuevo León es lo que sucede en otros puntos de la república: resurgimiento de organizaciones criminales que ya habían sido derrotadas y casi aniquiladas, regreso de las mismas a zonas de las que ya habían salido, enfrentamientos por recuperar territorios con alguno de sus sucesores.
En el caso de Nuevo León eso se combinó con un abandono paulatino de la estrategia que se había implementado en aquellos años con mucho éxito. Con el gobierno de Jaime Rodríguez El bronco comenzó ese retroceso. Paradójicamente había ganado la gubernatura argumentando que redoblaría los esfuerzos de seguridad. En realidad, más allá de sus intenciones y ante el afán sexenal de cambiar todo aunque hubiera funcionado, durante su sexenio se comenzó a deteriorar el clima de seguridad.
Llegó Samuel García y durante estos dos años esa situación se deterioró mucho más aún, entre otras razones porque los mecanismos de cooperación con empresas, partidos, sectores sociales, se fueron perdiendo de la mano con la fallida estrategia federal y local y por esa cooperación hoy perdida.
Pero hay otro factor. Gobernar Nuevo León, es una tarea de tiempo completo, que requiere atención constante. Y el gobernador García ha estado muchas semanas distraído en otros temas, incluyendo deshojar la margarita respecto a si se lanza de candidato presidencial o no, si hace a su esposa candidata al senado, si se hace compadre de Elon Musk. Se ha puesto en el pecho medallas que en realidad no eran suyas y con la soberbia de cierta juventud, no comprendió que había ganado las elecciones sin mayorías legislativas propias y que debía hacer acuerdos con el congreso y los presidentes municipales. No ha tenido la prudencia de Luis Donaldo Colosio Riojas, el presidente municipal de Monterrey. Samuel está todo el día en redes y se deja seducir por los halagos presidenciales que tienen, todos, destino político.
No digo que por ello se desató la violencia en el estado. Pero ese alejamiento y distracción del gobernador han creado un espacio que los criminales y sus aliados han aprovechado, como siempre lo hacen. En política, y en el mundo criminal, los vacíos se llenan. Y eso es lo que está sufriendo, nuevamente, la gente de Nuevo León.
El ex fiscal sospechoso
Chiapas es otro estado que ha tenido un fuerte deterioro de seguridad en los últimos cinco años. Las bases del desastre que ahora tenemos en inseguridad, participación del crimen organizado en migración, empoderamiento de grupos criminales y sobre todo la llegada del cártel Jalisco Nueva Generación y los Chapitos al estado, tiene responsables, no son movimientos espontáneos.
Por eso llama la atención que se registre como precandidato al gobierno del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, el ex fiscal al que acusan en el estado de estar en connivencia con el CJNG. Su hombre de confianza, Francisco Javier Orantes Abadía, fue incluso citado por los secuestradores de 16 elementos de la secretaría de seguridad, argumentando que trabajaba para el CJNG. Lo último que necesita Chiapas es un aspirante que esté acusado de apoyar a uno de los grupos criminales del estado.