Dentro de exactamente un año, Andrés Manuel López Obrador habrá dejado de ser presidente de México. Cerrará un sexenio que quiso cambiar dramáticamente el rumbo del país y en parte lo logró, pero con resultados contrarios a los que pretendía: ni el país es más justo, ni más equitativo, ni más seguro, ni más rico, ni menos corrupto que antes.
Pese a los miles de millones distribuidos en programas sociales y a los 60 mil millones de dólares anuales que llegan por las remesas, la pobreza ha crecido, porque si bien por esos recursos federales (que se entregan muchas veces sin control y en efectivo) y las remesas han aumentado los ingresos de las familias, lo cierto es que las carencias alimentarias, de seguridad, de salud y educación han crecido.
Esta administración quiere este año concluir sus cuatro proyectos estratégicos a los que destinó enormes cantidades de dinero: la refinería Olmeca, en la que ha invertido unos 25 mil millones de dólares; el corredor transístimico, en el que se llevan invertidos más de 200 mil millones de pesos y está muy lejos de ser concluido; el tren Maya que va en 25 mil millones de dólares; y el aeropuerto Felipe Angeles que costó, según cifras oficiales, 75 mil millones de pesos sin tomar en cuenta las vialidades de interconexión, muchas de ellas no concluidas, por lo que el aeropuerto opera con pocos vuelos, a lo que hay que sumar cerca de 300 mil millones de pesos perdidos (se están pagando) por la cancelación irracional de Texcoco.
Para muchos esas obras serán la gran herencia del sexenio, en realidad demuestran la debilidad del proyecto estratégico planteado. Al invertir cantidades enormes en obras cuya utilidad estratégica es tan cuestionable como la posibilidad de amortización, las obras pierden sentido global. ¿Tiene sentido construir a ese costo una refinería cuando, como vimos con la compra de Deep Park, en Texas, el precio de las existentes es diez veces menor?¿tiene sentido un tren maya a un costo económico y medioambiental enorme?¿tiene algún beneficio haber decidido por el Felipe Angeles, destruyendo la obra de Texcoco que ya estaría funcionando plenamente y hubiera regresado a la ciudad de México como un hub internacional? ¿tiene sentido seguir pagando por un aeropuerto que no se construyó y dejar sin recursos al actual, porque el TUA íntegro se destina a pagar los bonos contratados para construir Texcoco? ¿tiene sentido el corredor transoceánico sino no existe la inversión suficiente en gas y energía en la zona para que más allá de una vía de comunicación que está aún lejos de tener la dimensión que se dijo originalmente, no se pueden establecer grandes plantas industriales?.
El mayor fenómeno económico de nuestra época es el nearshoring, la relocalización de empresas a partir de una tendencia a la regionalización de los sistemas productivos. México tendría que ser el gran beneficiario de ese proceso. Lo somos, pero muy parcialmente. Cuatro temas ahuyentan las inversiones: la falta de energía y la política energética, que no cumple con las exigencias que el proceso de desarrollo exige; la falta de gas en muchas zonas del país; la falta de agua, y la inseguridad, física y jurídica.
Con los recursos destinados a esas grandes obras se podría haber sustentado toda la infraestructura en energía, gas y agua. Los proyectos estratégicos para esas áreas estuvieron en el escritorio presidencial, junto con los nombres de los inversionistas y la participación que habría de cada uno de ellos. Pero se los desechó para impulsar el tren, el nuevo aeropuerto, para concentrar en la CFE la generación de energía y para tratar de reinventar el México de los años 70 en el ámbito petrolero.
Los costos en términos de desarrollo han sido altos y lo son aún más si percibimos la potencialidad de los proyectos que se están perdiendo. Un ejemplo, se iba a localizar en Chihuahua la mayor planta mundial de baterías para automóviles eléctricos, una inversión mucho mayor, por ejemplo, que la de Tesla en Monterrey. Sólo faltaba una línea de transmisión de energía de unos pocos kilómetros. La CFE dijo que no entraba en sus planes construirla, pero tampoco permitió que la construyera el estado o la propia empresa que estaba dispuesta a levantarla y entregarla a la CFE. Simplemente la CFE se negó y la inversión, multimillonaria, se fue a Tennesse.
Los números de la inseguridad son evidentes: hay 140 mil muertos y más de 40 mil desaparecidos en cinco años, muchos más, incluso sumados, que en los gobiernos de Calderón y Peña. La inseguridad jurídica se refleja en la sistemática violación de los términos el TMEC en energía, agricultura, telecomunicaciones, entre otros temas. La salud es uno de los mayores pendientes: en cinco años no se ha podido garantizar el abasto de medicinas, se destruyó el seguro popular, se lo reemplazó por el Insabi, que fue tan ineficiente que tuvo que ser cancelado por el propio gobierno y ahora estamos en una transición que quién sabe a donde llevará la salud pública. Por lo pronto, la mitad de la población no tiene acceso a la seguridad social. Y a eso hay que sumarle la pésima gestión de la pandemia con más de 600 mil muertos.
La popularidad presidencial es tan indudable como volátiles son las popularidades políticas. Seguir con el diagnóstico de lo que no se ha hecho bien es relativamente sencillo. Pero en estos meses, tanto en el oficialismo como en la oposición, el desafío es tratar de definir una estrategia a futuro que nos saque de un esquema de desarrollo que condena a la estrechez, la ineficiencia, la reproducción de la pobreza.