Para mis muy queridos amigos, Ricardo Raphael y Marcela Gómez Zalce, con un abrazo solidario para ambos.
Se fue Alejandro Encinas de la subsecretaría de derechos humanos de Gobernación dejando detrás varios de los mayores fracasos de la actual administración.
Fue responsable de atender las desapariciones y el resultado fue que casi 45 mil personas han desaparecidos en lo que va del sexenio y no sólo la atención a sus familiares es escasa e insuficiente, sino que además han sido ignorados. Se condecoró, y me pareció un gesto magnífico, a las abuelas de Plaza de Mayo de Argentina, pero no se les ha concedido ni una audiencia a las Madres Buscadoras de nuestro país. Ellas son las que han encontrado la mayoría de las fosas comunes y han arriesgado todo, incluso su vida, en esa labor.
El área que encabezaba Encinas no logró en cinco años ni un padrón completo de personas desaparecidas. Su principal operadora, Karla Quintana, renunció cuando se anunció que se haría un levantamiento con funcionarios estatales y militantes, no para apoyar a las familias y las víctimas sino para tratar de demostrar que había menos desaparecidos de los que tiene registrados la propia Comisión Nacional de Búsqueda que encabezaba Quintana.
El desaseo y la politización en el caso Ayotzinapa fue peor. Ayer decía el presidente López Obrador que podría iniciar un proceso penal contra el anterior fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo porque, entre otras irregularidades, el ahora ex fiscal (con solicitud de asilo en Estados Unidos) permitió que 50 líderes y operadores de Guerreros Unidos quedaran en libertad porque no les aplicó el protocolo de Estambul para comprobar si habían sido torturados. Y efectivamente así fue: los detenidos, entre ellos los asesinos confesos de los jóvenes, obtuvieron amparos al inicio de la gestión de Encinas argumentando que habían sido torturados al momento de su detención. El juez ordenó que se les aplicara el Protocolo de Estambul (que permite establecer si se ha sufrido o no de torturas con bastante certidumbre) pero ni Gómez Trejo ni Encinas lo hicieron. Y los sicarios quedaron en libertad. Aquí lo hemos publicado extensamente desde el momento en que ocurrieron las liberaciones y lo hemos retirado en innumerables ocasiones.
Pero no fue un error, se trató de una decisión política, porque Gómez Trejo y Encinas habían negociado que esos sicarios y líderes de Guerreros Unidos se convirtieran en testigos protegidos para que declararan contra anteriores autoridades y sobre todo contra integrantes del ejército para así demostrar que los responsables de la desaparición de los jóvenes eran “el Estado y el ejército”. Gómez Trejo, hasta que Encinas lo colocó como fiscal especial, era secretario técnico del GIEI, el Grupo interdisciplinario de Expertos Internacionales, que tan lamentable papel jugó en toda esta investigación.
Fue así como convirtieron al jefe de sicarios de Guerreros Unidos, Gilberto López Astudillo, el Cabo Gil, de asesino confeso en testigo protegido y declarante (tardó cinco declaraciones en acomodar lo que supuestamente sabía a lo que necesitaban Encinas y Gómez Trejo) contra militares y otros ex funcionarios. Por eso los dejaron en libertad: no fue negligencia, fue un acuerdo con los criminales. Y fue tan responsable de ello Gómez Trejo como su jefe, Alejandro Encinas.
El ahora exsubsecretario fue el que presentó el primer informe del caso Ayotzinapa que llevó a la cárcel al ex procurador Jesús Murillo Karam, y luego a un grupo de militares, incluyendo el general José Rodríguez Pérez. Encinas lo anunció incluso sin avisar a la Defensa Nacional lo que haría. El problema es que no tenían, ni tienen, más pruebas que las declaraciones del Cabo Gil y otros sicarios.
También fue Encinas quien recibió el misterioso paquete con miles de capturas de pantalla que usó sin verificarlas, porque no quiso llevarla ante los peritos de la FGR para que “no se filtraran”. Luego tuvo que reconocer ante el New York Times que efectivamente muchas de esas supuestas capturas de pantalla eran falsas y no estaban verificadas.
Fue también Encinas quien fue hasta Israel a reunirse con Tomás Zerón, contra quien tampoco tienen pruebas firmes, ofreciéndole que se convirtiera en testigo protegido a cambio de denunciar a otros ex funcionarios del gobierno de Peña Nieto. La conversación fue grabada subrepticiamente y difundida posteriormente.
Los daños que provocó Encinas con distintas instituciones y sectores políticos y sociales, sobre todo con el ejército mexicano, generando rupturas dentro de su propio partido, Morena, con acusaciones infundadas, son incontables y muy difíciles de restaurar. Para muchos, como me dijo en la cárcel del campo militar número uno el general Rodríguez Pérez fueron, simplemente, una vileza.
El segundo año de Evelyn
Guerrero es el estado, junto con Chiapas, con mayores desafíos institucionales y de gobernabilidad, sobre todo en el ámbito de la seguridad, por la operación de varios grupos criminales enfrentados entre sí, incluyendo los de autodefensa que se han terminado coludiendo con los criminales.
Evelyn Salgado llegó hace dos años, en una situación políticamente muy compleja, al gobierno estatal, y ha tenido que lidiar con una inseguridad que no será de fácil solución, pero logró que un 92 por ciento de las mujeres reportadas como desaparecidas fueran localizadas, y ha impulsado una fuerte campaña, imprescindible, en contra del matrimonio infantil y la venta de niñas. No son temas menores.