Los gobernadores del PRI y del PRD tienen, en esencia, la razón: se requieren mayores recursos fiscales para los estados y el gobierno federal no debería hacer los recortes sobre las participaciones que a ellos les corresponden, sino, básicamente sobre su propio gasto, o en todo caso tendrían que ser recortes consensados o autorizados por el congreso. Además, la combinación de esos recortes con los inexplicables subejercicios presupuestales de la mayoría de las secretarías, genera demasiados costos sociales y mayores sospechas políticas. No hay ninguna explicación lógica para que las secretarías no ejerzan el presupuesto que tienen autorizado, sobre todo cuando se refiere a infraestructura y gasto social.
