Esta semana se anunció que México se ha convertido en el primer exportador hacia los Estados Unidos: nada más y nada menos que 475 mil millones de dólares se exportaron de México a la Unión Americana durante el año pasado, por primera vez en 21 años la primera posición no es de China y los analistas lo ven como una consecuencia directa del desamarre de Estados Unidos con la economía china, que comenzó Trump y ha profundizado Biden, y de las cadenas de producción cada vez más integradas entre México y Estados Unidos.
Si algún dato era necesario para confirmar el tremendo potencial del nearshoring es este. Estamos hablando de más de mil 300 millones de dólares diarios de exportaciones, a lo que hay que sumar que las remesas que llegan de Estados Unidos a México han sumado el año pasado otros 63 mil millones de dólares. De esas exportaciones y de esas remesas depende hoy, en un altísimo porcentaje, la economía mexicana y los ingresos de millones de familias.
La pregunta es qué es lo que no está entendiendo el gobierno federal. Se pueden comprender, pero no compartir, las consideraciones políticas, el deseo de trascendencia que tiene el presidente López Obrador, las presiones para que terminado su sexenio perduren sus posiciones políticas y que las veinte iniciativas de reforma que presentó el lunes sean algo así como una herencia política impuesta a Claudia Sheinbaum si ella resulta su sucesora. Pero es incomprensible que se insista en impulsar medidas que boicotean el enorme potencial que tiene México en la integración con Estados Unidos.
Lo que México necesita para potenciar la integración económica y el fenómeno de relocalización de empresas es seguridad (jurídica y cotidiana), agua y energía, en un mercado abierto. Las reformas presentadas por el presidente López Obrador afectan todos esos rubros. Rompen el equilibrio de poderes y vulneran el sistema de justicia autónomo, subordinan los otros poderes al ejecutivo, acaba con los órganos autónomos de control, y se centraliza todo el poder en la presidencia.
No se entiende que todo este andamiaje que el presidente López Obrador quiere destruir con estas reformas es el que se creó a partir de la negociación del Tratado de Libre Comercio y que le han dado sustento a la economía del país durante las últimas tres décadas, pese a todas las vicisitudes sufridas.
Las exportaciones, la integración económica, las cadenas productivas integradas, son consecuencia del TLC, prolongadas en el TMEC. Pero no se quiere entender que en el marco de las largas negociaciones que dieron origen al TLC hubo acuerdos políticos fundamentales que comenzaron con las reformas que se realizaron durante el salinismo y que continuaron los gobiernos posteriores. El TLC fue un acuerdo económico y comercial pero fue también un acuerdo político, donde el requisito era que México abriera su sistema y consolidara su democracia, con alternancia, división de poderes, organismos autónomos. No se comprende que si se destruye ese andamiaje político, legal, judicial, se terminará cayendo el económico y comercial.
México está en una situación vulnerable ante los temas migratorios y de seguridad sobre todo el tráfico de fentanilo a la Unión Americana. La estrategia de abrazos y no balazos resume la propia debilidad en que se ha puesto el Estado mexicano ante los grupos criminales. La histeria vivivida en palacio esta semana con un par de reportajes sobre un presunto financiamiento a la campaña del 2006 es una demostración de lo vulnerable que están México y el presidente López Obrador en el tema de seguridad y en el de migración.
El debate en el congreso estadounidense pasa por establecer cómo se ponen mayores restricciones fronterizas e incluso cómo se atan esas restricciones a la ayuda a Ucrania e Israel, temas geopolíticos globales claves para la Unión Americana. Nadie habla de cerrar la frontera comercial, pero impulsar restricciones o aranceles a las exportaciones mexicanas, medidas contra las remesas (como bloquearlas por un tiempo para supuestamente revisar sus orígenes) o un cierre completo de la frontera a la migración no sólo dejaría a México con millones de migrantes varados en nuestro país al año sino también aumentaría la presión con los 700 mil mexicanos que intentan cruzar cada año la frontera en forma ilegal.
En este contexto tratar nuevamente de limitar las inversiones privadas en energía, querer regresar a unas normas legales de los años 50 y 60, querer resucitar el monopolio de la CFE, es insensato. Se necesita exactamente lo contrario: detonar el mercado energético en el que México tiene enorme posibilidades de integración a través de un mercado energético de América del Norte, de forma tal de garantizar la infraestructura para el nearshoring y las inversiones que se esperan en esta ventana de oportunidad. Nuestra infraestructura (puertos, carreteras, ferrocarriles), vieja, rebasada, necesita inversiones privadas y asociaciones público privadas para detonar las posibilidades económicas del país que son mucho mayores a las mostradas hasta ahora.
Por cierto, inexplicable que las adunas de Ciudad Járez y Nuevo Laredo estén cerradas, con las consecuencias económicas que ello conlleva, porque se cayeron sus sistemas. ¿Estamos ante un nuevo hackeo o el gobierno mexicano quiere demostrar que desde aquí se puede cerrar también la frontera?.