Cuando se dieron a conocer los resultados de las encuestas sobre la reforma al poder judicial decíamos que eran preguntas absurdas que tenían una respuesta predeterminada: claro que la gente quiere que se reforma el poder judicial y que la mayoría diría que hay que elegir jueces, magistrados y ministros, tres categorías que la enorme mayoría no sabría diferencias respecto a sus responsabilidades. Y decíamos que sería como si le preguntáremos a la gente si quería pagar impuestos: el resultado sería una abrumadora mayoría que no querría. Pero los impuestos existen y hay que pagarlos.
Lo que resulta increíble es que la mayoría de los gobiernos sigan pensando que la solución económica para sus países es seguir aumentando los impuestos para solventar un gasto público que quieren que abarque cada vez mayores aspectos de la vida económica y social. Para quienes venimos de lo que hoy se podría llamar un liberalismo de izquierda resulta incomprensible: ha habido magníficos experimentos de utilización de recursos fiscales destinados al estado de bienestar en algunos pocos países, sobre todo los nórdicos, pero esa es una receta que con las profundas modificaciones que ha sufrido un mundo cada día más globalizado, está fracasando una y otra vez. Los mal llamados regímenes de izquierda actual, desde Cuba hasta Venezuela, desde Corea del Norte hasta Bolivia, han fracaso con ese modelo, que se extiende a varias democracias que se tornan insolventes en la misma medida en que incrementan sus costos fiscales.
El próximo domingo hay elecciones en Francia. Para muchos el gran temor es que gane esas elecciones el frente de derecha y extrema derecha llamado Reagrupamiento Nacional, que une al Frente Nacional de Mariane Le Pen con otros grupos de la derecha tradicional. Mientras el oficialismo de Emanuel Macron ha quedado en un lejano tercer lugar, abandonado por sus aliados de izquierda y derecha, el adversario para el agrupamiento de derecha es el Nuevo Frente Popular que une a las distintas expresiones de izquierda, desde el Partido Socialista, que apoya la pertenencia a la Unión Europea y la OTAN, junto a Los Verdes y el Partido Comunista, críticos con ambas, además de la izquierda radical euroescéptica de La Francia Insumisa, liderada por el muy controvertido, un izquierda popualista, Jean-Luc Mélenchon, uno de los pocos políticos en el ámbito internacional que el presidente López Obrador reconoce como igual.
Pues bien, el Nuevo Frente Popular probablemente ha decidido perder la elección con una decisión que puede sonar muy bien pero será catastrófica: propone realizar una reforma fiscal que eleve hasta el 90 por ciento el pago del ISR para los deciles de más altos ingresos. El argumento es que con eso se aumentaría la recaudación significativamente para poder realizar mayores inversiones públicas y que no se afectaría la economía porque impactaría sólo a quienes ganan más del equivalente a 400 mil dólares al año.
Es un razonamiento falso: si se eleva el ISR hasta niveles del 90 por ciento para los deciles más altos, también se elevará proporcionalmente para otros sectores que están por debajo de ese nivel. Pero además no tiene sentido aumentar cada vez más la recaudación para que el Estado siga invirtiendo mucho y mal en actividades en las que no tendría que tener injerencia. Es una mala solución y parte de los problemas económicos de Francia derivan de una visión económica estatista en muchos sectores que sirven para reafirmar el tradicional nacionalismo francés pero que no generan ya eficiencia ni buenos resultados para la sociedad.
Aumentar constantemente los impuestos y reemplazar las inversiones privadas con gasto público no funciona. No es verdad eso de que no necesitamos el Estado, como pregonan los Milei del mundo, pero tampoco necesitamos un Estado todo poderoso que limite la libertad, las inversiones, la toma de decisiones y que aprisione, así sea económicamente, a las sociedades. Imponer tasas fiscales tan altas como propone el Nuevo Frente Popular francés lo único que logrará será impulsar a sus adversarios del otro extremo del péndulo político, pero además alejarán las inversiones privadas: para cualquiera de nosotros 400 mil dólares al año de ingresos es mucho dinero, para cualquier gran empresa o para profesionales e inversionistas relativamente importantes no, simplemente se irán a otro lado. Es una historia que hemos visto en infinidad de ocasiones en todo el mundo.
Claudia Sheinbaum ha insistido en que no habrá aumento de impuestos en su administración y todo apunta a que tendrá una predispoisción mucho mayor que el presidente López Obrador a promocionr la inversion privada, nacional y extranjera. La actual adminsitración tampoco realizó reformas fiscales importantes pero lo hizo indirectamente cambiando muchas normas fiscales, y ha gastado en inversión pública enormes cantidades de dinero en proyectos que no se amortizarán jamás, que van a fondo perdido, algunos de los cuales, más allá de su importancia estratégica real, podrían haberse realizado con asociaciones público-privadas, desechadas este sexenio.
Resultado de ello es un déficit que ha llegado este año a 6 por ciento del PIB y que vaya que le costará a Claudia reducir al 3 por ciento como se ha comprometido. Para eso se necesitan grandes inversiones y no caer en la trampa de aumentar impuestos que las alejarían. Y seguridad y certidumbre jurídica. No es popular, pero el modelo de impulsar agresivamente las inversiones privadas sumada a una política fiscal de reducir el ISR y aumentar el impuesto al consumo, sigue siendo una receta mucho más eficiente para impulsar el crecimiento económico. No siempre se entiende.