Desde la muy conservadora Fundación Heritage, hasta el progresista El País, coinciden en que la nueva figura política en México es el jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador. Pero olvidan aspectos claves para hacer un análisis objetivo de las posibilidades de López Obrador: su figura sí está en vertiginoso ascenso, pero la de su partido, el PRD está en franca caída.
Desde la muy conservadora Fundación Heritage, según lo documenta este domingo en Milenio Semanal, Jeannette Becerra Acosta, hasta el progresista El País, en un muy indulgente texto de Antonio Avila, coinciden en que la nueva figura política en México es el jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador. Unos y otros lo califican de populista pero también como una esperanza y el político que mayores posibilidades tiene de acceder a la presidencia de la república en el 2006. Y tienen razón en que es la figura política en ascenso, en que sus posibilidades de llegar a la candidatura presidencial del PRD son muy altas y que su popularidad también lo es.
|Pero olvidan aspectos claves para hacer una análisis objetivo de las posibilidades de López Obrador: su figura sí está en vertiginoso ascenso, eso es indudable, pero la de su partido, el PRD, está en franca caída. En 24 estados no ganó un solo distrito de mayoría y su porcentaje electoral es hoy sustancialmente más bajo que en 1997, y se concentra en los estados con fuerte presencia de sus gobernadores: en el DF, en Michoacán, en Zacatecas y en Baja California Sur (cuyo gobernador por supuesto es Leonel Cota Montaño y no Muñoz Cota como por un lapsus brutus escribimos aquí el viernes), pero se ha derrumbado no sólo en los estados tradicionalmente refractarios al perredismo como Nuevo León, donde apenas alcanzó el 1 por ciento, sino también en estados que contaban con una fuerte presencia histórica como Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Tabasco e incluso Sonora, donde pasó del 20 por ciento a menos del 6 por ciento de los votos. Se habla de los 96 diputados ganados comparados con los 56 que ahora se tenían, pero se olvida decir que por sus malas alianzas en el 2000, regaló diputados a Convergencia, al PT, a Sociedad Nacionalista y al PAS (poco más de una docena en total), partidos que en las condiciones de competencia del 2000 no hubieran obtenido, ninguno de ellos, su registro. Si a esos le restamos los de los estados citados, el PRD se queda igual o peor que en 2000 y a años luz de sus éxitos en el 97.
La popularidad de Andrés Manuel es notable en el DF pero no llega igual a otros estados del país. Vamos, no hablemos del norte donde es un personaje poco conocido. En realidad el efecto López Obrador no ha podido penetrar en los estados limítrofes al DF: sí, por supuesto, en municipios como Nezahualcoyotl, Chalco o Ecatepec, pero no en el resto del cinturón metropolitano, como Naucalpan. En el estado de México, el PRD sigue siendo el tercer partido en la entidad. En Hidalgo a pesar de haberse agenciado a uno de los más desprestigiados operadores del priísmo, José Guadarrama, el PRI ganó todos los distritos de la entidad. Su presencia real en Morelos ha disminuido desde el 97 y hoy es una lejana tercera fuerza. En Tlaxcala, al gobernador Sánchez Anaya le ha ido francamente mal en los últimos meses y lo ratificó en estos comicios. Eso comprueba que el efecto de contagio de la candidatura de López Obrador en otros estados fuera del DF es, por lo menos relativa si no cuenta con una estructura partidaria y de gobierno que la respalde.
Es verdad que para cualquiera será muy difícil ganar la presidencia de la república sin contar con el DF, sin una presencia importante en la capital, pero también es verdad (y eso se lo podrían preguntar los perredistas a Manuel Camacho) que nunca se ha ganado la presidencia apoyándose exclusivamente en la popularidad y apoyo que se pudiera tener en la capital. Y cuando se habla de los elevadísimos índices de popularidad y aceptación de López Obrador, los analistas olvidan señalar que los mismos se refieren exclusivamente a la capital del país. Con un agregado que no es menor: en la ciudad de México, por distintas razones, López Obrador gobierna sin oposición alguna. Ni el PRI ni el PAN existen ni mucho menos funcionan como partidos. Las delegaciones panistas como Benito Juárez o la sorpresa del PRI en Milpa Alta, poco y nada tienen que ver con el trabajo de esos partidos como tales. Y la verdad es que difícilmente pueden caer más bajo panistas y priístas en la ciudad. Así que algunos de los dos tendrá que tener alguna reacción de cara al futuro: treinta distritos federales son demasiados como para abandonarlos graciosamente. Eso no implica, por supuesto, restarle méritos a López Obrador: ha sabido utilizar magníficamente los espacios que le fueron cedidos y los ha aprovechado políticamente muy bien.
Todos los señalados son problemas reales, estructurales que tiene Andrés Manuel para avanzar hacia la presidencia en el 2006 y muchos de ellos tienen más relación con la debilidad de su propio partido y de sus dirigentes (en muchos estados, más de 20, son figuras políticas casi marginales) que con sus posibilidades personales, sin duda muchas si se desarrollan en un contexto favorable.
Pero existen otros problemas que son inherentes al propio Andrés Manuel y que podrían magnificarse en el futuro, cuando no tenga prácticamente contrapesos en la ciudad de México, luego de su triunfo del domingo pasado. Y se relacionan con la utilización del poder. Andrés Manuel ha demostrado ser poco tolerante con sus críticos y aún con los otros poderes de la propia ciudad, desconociendo, incluso, resoluciones o leyes que simplemente no le gustan. Lo ha hecho muchas veces con el poder judicial local y federal, acusándolo, injustamente, de corrupción, simplemente porque sus resoluciones no lo beneficiaron. Ha desconocido, también, las recomendaciones de muchos analistas sobre el alto grado de endeudamiento al que ha sometido a la ciudad de México. Con la Asamblea Legislativa simplemente ha desconocido, una y otra vez, resoluciones que no le han gustado.
Esta misma semana está cometiendo un delito de lesa soberbia con la conformación del consejo de información y transparencia del DF al que ha boicoteado desde el inicio mismo de los debates para sacar una ley sobre el tema. López Obrador evidentemente no quiere que haya nadie que pueda hurgar y revisar la información pública en el gobierno capitalino y ha argumentado de todo en contra de ese consejo: primero dijo, lo que ahora reitera, que es un "gasto inútil" porque en su gobierno no hay corrupción (sic); luego obligó a modificar la iniciativa de ley original para que, en lugar de un organismo realmente autónomo como el federal, como el IFAI, se tratara de un organismo con sólo tres consejeros ciudadanos de 15 integrantes (más de la mitad de ellos ligados de una u otra forma al propio gobierno capitalino); logró que en lugar de tener poder real para obligar al gobierno a divulgar información sus propuestas las del consejo fueran sólo recomendaciones. Y ahora, para contar con un control absoluto (la mayoría ya la tiene) en ese consejo, ha boicoteado y desconocido su conformación con argumentos risibles: primero, que no está de acuerdo con la convocatoria para elegir a los tres consejeros ciudadanos (una convocatoria que no le corresponde ni emitir ni calificar al gobierno del DF sino a la ALDF y donde incluso el PRD llevó a sus propios postulantes); diciendo que es un mecanismo oneroso, cuando, en realidad, costará menos de 50 millones de pesos al año y planteando que todos sus miembros sean honorarios (en realidad sólo tres consejeros cobrarán salario para poder ocuparse, obviamente, de tiempo completo a esa actividad) pero sobre todo argumentando que no es necesario porque su propio gobierno está tomando medidas para luchar contra la corrupción, lo que podría haber dicho cualquier gobernante en cualquier época para no ser controlado por poderes externos y comprobar si sus dichos coinciden con la realidad. Los tres consejeros ciudadanos que nombró la asamblea legislativa son respetables, serios, profesionalmente capaces (son Leoncio Lara, Odette Rivas y María Elena Pérez Jaen), tienen el respaldo de los principales especialistas sobre el tema y de todos los demás partidos, los otros doce integrantes del consejo son tres que debe designar el gobierno del DF, tres de la asamblea legislativa que, sin duda, serán por lo menos dos del PRD, y los demás representantes de la comisión de derechos humanos del DF, de los tribunales de justicia, del instituto electoral del DF y del tribunal electoral.
¿Porqué entonces chicanear judicialmente para evitar la conformación del consejo, porqué operar para evitar que nadie pueda vigilar las cuentas y prácticas del gobierno capitalino?¿porqué el temor a los contrapesos legales y judiciales?¿está el gobierno capitalino escondiendo algo que no quiere que se descubra?. Olvidan quizás que esos contrapesos judiciales, sociales, políticos, no las palabras ni las promesas de gobiernos, son los instrumentos que impiden, en última instancia, que el poder y su hombres se corrompan. Si López Obrador no se abre a esa control externo estará enviando una pésima señal a todos los que guardan justificadas esperanzas en su persona.