Claudia Sheinbaum se convirtió ayer en la primera mujer que es presidenta electa del país, hoy recibirá su constancia de mayoría y dará en la tarde su primer mensaje en esa condición. Quedan 45 días que serán muy complejos para la próxima presidenta porque como pudimos comprobar en la mañanera de ayer y en la presentación el libro de Beatriz Gutierrez Muller el martes, la actual administración seguirá ejerciendo su poder sin limites hasta el último minuto. Y eso condiciona a sus sucesores.
No veo posibilidades de que en el TEPJF o el INE se asuma el criterio de que el 8 por ciento de sobrerrepresentación se tenga que aplicar a la coalición ganadora en lugar de que, como plantea el oficialismo, sea a cada uno de los partidos que la componen. Por supuesto que el espíritu de la ley es que sea para la coalición gobernante, pero se aplicará la norma y si vemos la debilidad de la oposición, salvo que en el senado se sumen los votos suficientes para frenar las diferentes reformas que el presidente López Obrador quiere que se aprueben antes de que asuma el poder Claudia, es casi imposible pensar que no tendrán los votos suficientes para hacerlo. Mucho dependerá entonces de otro espísitu, el de autocontención del oficialsimo que no veo que esté presente en los días finales de esta administración.
Entre las reformas a definirse en los próximos días está la del poder judicial, las más desafortunadas del paquete que se presentó como plan C (existen otras que son discutibles y otras necesarias, como la de la Guardia Nacional, pero eso ya lo analizaremos en otra ocasión). Desde los días anteriores a la caída del Mayo y de Joaquín Jr. que acaparó la tensión de los medios, varios personajes centrales de la próxima administración, han insistido en la necesidad de la reforma judicial y la han comparado con la que presentó Joe Biden en los últimos días de julio, explicando que ambas parten de la necesidad de que la justicia se acerque a las exigencias de la sociedad.
Sin duda se necesita una reforma judicial. El sistema está lejos de ser eficiente y responder a las exigencias de la gente. Pero la reforma que propuso el presidnete López Obrador no es la que necesita el país y tampoco es similar a la que propone Biden (con una enorme diferencia: Biden sabe que no tiene los votos para que se apruebe su propuesta de reforma y López Obrador sí los puede tener en septiembre).
Lo que porpone Biden es muy similar a lo que hizo Ernesto Zedillo en 1994. Había entonces una Corte que más allá de su méritos, que los tuvo, era reflejo de un sistema del pasado. Zedillo hizo cambios profundos y le dio independencia a la Corte, con un sistema mucho más abierto de selección de ministros. En Estados Unidos, la Corte Suprema no refleja los cambios de la sociedad (el mejor ejemplo es el tema del aborto) y se inclina mucho más a las posiciones ultraconservadoras porque, entre otras razones, los ministros son vitalicios y ha habido administraciones, como sucedió con Trump, que tuvieron la posibilidad de hacer varios nombramientos de los ministros que lo serán hasta que fallezcan o decidan retirarse.
Ese sistema es absurdo y anacrónico. Lo que quiere Biden es que haya períodos estipulados para los ministros y quizás aumentar su número, actualmente son nueve. También pide que se establezca un código de ética que impida prácticas que ahora se ignoran, como los regalos de todo tipo que reciben algunos ministros, como Clarence Thomas, en viajes, membresías, vacaciones pagadas. De la mano con eso, pide que no haya una inmunidad ampliada decidida por la propia Corte para sus integrantes.
Habría que estar ciego, sordo, mudo, para no entender que se necesita una reforma en México. Hay temas que son más que compatibles respecto a lo que propone Biden para Estados Unidos y que se podrían, y deberían, aplicar en nuestro país. El problema con la propuesta del Plan C es que no avanza, retrocede: la elección de los jueces, magistrados y ministros por voto popular es una aberración judicial y política que destrozará carreras y limitará seriamente la independencia judicial.
Es verdad que falta por ver mucho de la reforma judicial y que esa reforma constitucional tendrá que tener un sinnúmero de reformas en las leyes secundarias. Pero tiene, entre otros, ese problema de origen que transformará, para mal, todo el poder judicial. Y pondrá en manos de factores de poder, políticos, comerciales o criminales, muchos espacios del futuro poder judicial.
No era originalmente la propuesta de Zaldívar ni de muchos otros integrantes del oficialismo que sabían que esa vía era contraproducente. Pero el resultado electoral ha llevado a esperar que, como decíamos, tenga que ser la automoderación lo que se deba reclamar. No debería ser tan difícil: existen posibilidades ciertas de limitar esa reforma en sus aspectos más negativos, aplicar la gradualidad, hacer una verdadera consulta entre especialistas hacer una reforma profunda e integral, preservando la carrera y la independencia del poder judicial.
El propio Arturo Zaldívar de alguna forma lo ha propuesto en su momento, lo ha hecho Yasmín Esquivel, ha sido tema de Olga Sánchez Cordero o de Ana Laura Magaloni, por hablar de personajes que puden influir en Sheinbaum. Pero en estos 45 días la automoderación será uno de los ejercicios de poder más difíciles de ejercer en nuestro sistema político.