Para el presidente Fox éste ?no es tiempo de dudar ni de dar marcha atrás?. En su presentación de ayer, en el foro de The Economist y Televisión Azteca, el presidente pidió que exista un balance objetivo sobre su gestión. Si bien el gobierno federal está llamando a acuerdos, a pactos, a alianzas de las fuerzas políticas, resulta extraño que se considere que la agenda gubernamental para la próxima legislatura es prácticamente la misma.
Para el presidente Fox éste "no es tiempo de dudar ni de dar marcha atrás". En su presentación de ayer, en el foro de The Economist y Televisión Azteca, el presidente pidió que exista un balance objetivo sobre su gestión, tiene derecho a ello. Pero llamó la atención que en el balance que realizara el propio primer mandatario en ese foro no hubiera autocrítica alguna al respecto. En última instancia pareciera que el presidente, como dijo el 7 de julio, considera que en la administración federal no hay errores, ninguno. Y lo que existe, en realidad, es una profunda desorientación.
Si bien el gobierno federal está llamando a acuerdos, a pactos, a alianzas de las fuerzas políticas, resulta extraño que se considere que la agenda gubernamental para la próxima legislatura es prácticamente la misma que se ha estado planteando en estos tres años. Desde tiempo atrás, pero sobre todo días antes de las elecciones se insistió en que la nueva agenda debería ser más específica, más concreta, más "aterrizada" para poder llegar a acuerdos también específicos, concretos, aterrizados. Uno de los muchos defectos que tuvo la acción política de la administración Fox en su primera mitad, fue que colocó en la agenda, en forma tan desordenada que llegaba a parecer anárquica, todo tipo de temas, sin prioridades, sin un orden, sin negociaciones específicas que permitieran sacarlos adelante uno por uno.
Pero las tres principales reformas que plantea el gobierno, según dijo ayer el secretario de Gobernación, Santiago Creel, son las mismas que se han propuesto estos tres años: la reforma hacendaria (que podría tomar un nuevo curso con las negociaciones que están llevando Francisco Gil Díaz y Guillermo Ortiz con un grupo de legisladores entre los que se encuentran Fauzi Hamdam, Demetrio Sodi y Alejandro Gutiérrez, buscando una propuesta común para presentar a sus respectivos partidos), la energética (que en su tramo constitucional no avanzará ni con el PRI ni con el PRD) y la laboral, que también se dice que está avanzada pero donde los partidos siguen sin darle su visto bueno. En ese sentido, si esas tres reformas no son enfocadas de otra forma y no son propuestas con iniciativas políticas distintas por parte del gobierno federal, difícilmente avanzarán en el congreso, como no avanzaron los tres últimos años. Pero Creel colocó en la agenda muchas otros temas: habló de reformas en las telecomunicaciones, de la reelección de diputados, del cambio de formato del informe presidencial, de reformas electorales y el voto de los mexicanos en el extranjero. En otras palabras: se vuelven a colocar en la agenda todos los mismos temas que ya había, sumados a algunos que, como el voto de los mexicanos en el extranjero "suenan" muy bien pero son terriblemente controvertidos y, además, están lejos de estar resueltos por la complejidad técnica, legal y política que generan.
Ya se ha dicho, y el propio IFE tiene estudios detallados de todas las posibilidades que existirían para aprobar el voto de los mexicanos en el extranjero, particularmente en Estados Unidos. El tema es tan complejo como asumir que, sin restricciones, una elección en Los Angeles o Chicago terminaría siendo tan amplia como en Monterrey. Pero ese no es el tema: la pregunta es qué sentido tiene introducir ese capítulo en la agenda legislativa en este momento, cuando no existen consensos mínimos ni una propuesta seria sobre él y cuando es un tema que, como ocurrió con el de Chiapas en el primer año de la 58 legislatura, consumirá todo el tiempo y el debate, dejando fuera los temas prioritarios y, para colmo, sin poder llegar a consensos verdaderos, no dejando satisfecho a nadie.
La pregunta es cuáles son las prioridades del gobierno federal y de los partidos, para hacer una agenda mínima, no para toda la legislatura sino para su primer periodo que comenzará el próximo primero de septiembre: sin tratar de abarcar todo porque entonces no se concluye nada como ya ha ocurrido. El discurso que todos los actores utilizan de que es un momento de acuerdos y que la ciudadanía votó por eso, es muy bonito pero a la hora de hacer las cuentas políticas reales, lo que tenemos, como decía María de las Heras en su artículo del domingo en Milenio Semanal no es un sistema político tendiente a alcanzar acuerdos ni una ciudadanía que está votando en ese sentido: sino un sistema político terriblemente fraccionado, que tres partidos que mantienen posiciones muy diferentes sobre muchos temas. Nadie puede decir públicamente que está en contra de los consensos y los acuerdos, pero para lograrlos en un sistema político fragmentado y sin mayorías como el nuestro se requiere de agendas muy concretas, muy "cortas", asentadas en un trabajo político que vaya paso por paso, olvidándose de la grandielocuencia y apostando al bajo perfil. Será sobre esa base y cuando se haya caminado ya un trecho, que se podrá generar un espacio de confianza entre los partidos (o entre algunos de ellos) para que los participantes sienten que ganan y no pierden con esos acuerdos. Y cuando más crece la agenda, cuantos más temas complejos, controvertidos y no prioritarios se colocan en ella, más se hace crecer la tentación de apostar a la diferencia en lugar de a los consensos.
Pero, además, se deben tomar en cuenta otras cosas. Hace mal el secretario Creel en decir que ahora el cambio no depende del gobierno sino de los coordinadores parlamentarios. Como discurso, una vez más, quizás está bien, pero en un sistema de contrapesos, el Ejecutivo y el Legislativo tienen papeles específicos, muy concretos que jugar para mantener el equilibrio constitucional y en un sistema presidencialista como el nuestro, el gobierno federal, con o sin el apoyo del Congreso, tiene espacios muy amplios para ejercer el poder.
Ese es, quizás, el mayor problema que se percibe: si la administración Fox no gobierna como quiere pareciera que abandona su responsabilidad. O nos dejan hacer las cosas como queremos o ahí se las dejamos, parecieran decir. Y ese es un grave error que deviene quizás, de la frustración presidencial, pero no de las necesidades del país. Es la misma lógica que se aplica cuando el presidente Fox designa una comisión para evaluar no se sabe qué: el gabinete (versión de los medios filtrada desde el propio gobierno y el PAN), los resultados electorales del seis de julio (según Rodolfo Elizondo) o la marcha de los programas gubernamentales (según Santiago Creel). No está mal tres puntos de vista diferentes considerando que la comisión está formada por tres personas (además de Creel y Elizondo, participa de ella Ramón Muñoz). Pero el punto no es ése: ¿cuándo recuerda usted que un presidente, en México o en cualquier otro país, designe una comisión con tres miembros de su equipo (y que la anuncie públicamente) para que evalúen el propio equipo e hipotéticamente para, con base en esa evaluación realizar o no cambios en él?. La decisión es tan desconcertante como la utilización de Marta Sahagún de Fox como instrumento para dar a conocer la posición presidencial ante los resultados del seis de julio.
El presidente Fox quiere una evaluación justa y objetiva de su gobierno y es una aspiración lógica y correcta. Pero la confusión conceptual mayor sobre esa evaluación, sobre lo que busca y lo que quiere el gobierno, parece estar, hoy, en el gobierno mismo.
AMLO y su codo
A Andrés Manuel López Obrador "le duele el codo" para instalar el consejo de información y transparencia, a través del cual la ciudadanía pueda acceder a la información y las cuentas de su administración, en una negativa tan insistente que resulta ya sospechosa. Es extraño ese dolor porque mientras el presupuesto anual del nuevo instituto para la información y la transparencia en el DF es de escasos 26 millones de pesos anuales, al jefe de gobierno no le dolió el codo para gastar 48 millones de pesos en el famoso plebiscito, absolutamente innecesario y no contemplado en legislación alguna, para que se dijera si se quedaba o se iba de la administración local. El jefe de gobierno lo que no quiere es abrir su información y sus cuentas a la sociedad ¿por qué?