Hoy comenzó un paro de labores de jueces y magistrados que se suma al que ya mantenían los trabajadores del poder judicial desde el lunes. La indignación existente en el ámbito judicial por la iniciativa de reforma, endurecida aún más en dictamen puesto a votación en comisiones de la cámara de diputados, es real, es generalizada y, como toda expresión de protesta en su contra, es estigmatizada y desdeñada en Palacio Nacional.
El presidente López Obrador pasó de decir que era una demanda popular a sostener que a la gente no le interesa el paro, y me imagino que por ende la propia reforma, que según las encuestas ha dejado de tener el apoyo mayoritario de la población.
No creo que en la casa de transición de la presidenta electa lo vean igual que en Palacio Nacional. La vía de confrontación elegida por el ejecutivo a poco más de un mes de dejar el poder resulta un regalo envenenado para la próxima administración. Comenzar un gobierno con el poder judicial paralizado es de un altísimo riego político, es una de esas crisis que pueden marcar toda una administración.
Para darse una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, en los tribunales se resuelven unos 8 mil 700 casos cada día. Si la reforma se vota como se está planteando no sólo habrá más y mayores paros, unos 600 jueces amenazan con renunciar a sus cargos en cuanto ésta se publique, imaginémonos los miles de casos que quedarán en un limbo legal durante meses. Porque si, además, la mitad del poder judicial se quiere elegir por voto popular en junio del año próximo, se necesitarán varias semanas más para definir los resultados de una elección atípica y muy pulverizada.
Eso quiere decir que, incluso en ese que es el peor diseño posible para construcción de un nuevo poder judicial, estaríamos más de un año sin que funcione la justicia, desde los casos más delicados hasta los más sencillos, desde una extradición hasta la disputa por una pensión alimentaria. O se estaría a merced de una cascada de toma de decisiones que pudieran ser esencialmente políticas y cuestionables.
Hace semanas advertimos de otro posible fenómeno. ¿Qué pasará con las resoluciones judiciales que se adopten en este periodo de transición (mejor dicho de parálisis) judicial?¿serán válidas esas sentencias, serán constitucionales o podrán ser impugnadas?; si se amplían sin sentencia los pleitos legales, ¿se los podrá impugnar o descalificar?. Hubo quienes propusieron que hasta que se establezca con claridad el futuro judicial se suspendan las sentencias de los casos más delicados pero ¿eso es lógico o justo?. No lo sé, lo que sí es evidente que el detonante de esta crisis es un capricho político que lo que busca es romper los equilibrios democráticos básicos del sistema.
Sin embargo, lo que se obvia en el debate es que pese a todo no existe la seguridad de que el oficialismo tenga la mayoría calificada suficiente como para poder aprobar esta reforma. Incluso con la sobrerrepresentación exagerada que plantea el oficialismo, le estarían faltando unos cuatro votos en el senado para poder aprobar estas reformas. Es verdad que es un límite que puede ser muy endeble pero existe.
Por eso el debate sobre la sobrerrepresentación se ha vuelto tan decisivo. El presidente López Obrador perdió la paciencia lunes y martes en las mañaneras ante la demanda del consejo coordinador empresarial y el consejo mexicano de negocios para que la interpretación constitucional que hagan el INE y el TEPJF a la hora de decidir los candidatos plurinominales se ajuste al espíritu de la ley, o sea que el 8 por ciento de sobrerepresentación se aplique al conjunto de la coalición mayoritaria y no a cada uno de sus partidos por separado. La diferencia implica una diferencia notable de diputados para el oficialismo, que les daría la mayoría calificada en la cámara de diputados.
La decisión de los organismos electorales se debería basar en ese ocho por ciento para la coalición ganadora y no en la trampa que se construyó para violar esa norma y beneficiarse de un vacío legal. El exabrupto presidencial de ayer, demandando a los cinco mayores empresarios del país que opinen si están de acuerdo o no con que se viole la constitución tiene como objetivo presionar a consejeros y magistrados electorales y, al mismo tiempo distorsionar el verdadero debate, negándose a aceptar siquiera que existen dos interpretaciones posibles de la letra constitucional.
Creo que la mayoría en el INE y en el TEPJF irán, lamentablemente, por la opción oficialista, pero incluso así, habría que insistir en el tema, no se tendría asegurada la mayoría calificada en el senado.
Paradójicamente, a quien más le conviene que esa mayoría calificada no exista es a la presidenta electa. Eso le brindaría el espacio para una negociación más amplia, con más tiempo y que pueda armonizar esta reforma con las que se deben implementar en los ámbitos de seguridad y procuración de justicia. Debe haber una reforma integral que preserve, entre otras cosas, la independencia judicial y haga un sistema más eficiente.
Destruir el sistema actual y con ello la carrera judicial de miles de trabajadores del sector, designar por voto popular jueces y magistrados, no garantiza ni autonomía ni eficiencia ni siquiera que el sistema funcione. Al contrario, implementar lo que se propone podría llevar a una parálisis que tomaría años superar sin resultado positivo alguno.
Claro, alguno dirá que eso es lo que se busca para, ante la crisis de la justicia, ampliar los poderes legales o fácticos del ejecutivo federal. Puede ser, pero en el camino los más afectados serán, como siempre, los que menos acceso a la justicia tienen.