La presidenta Claudia Sheinbaum ratificó la permanencia de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República, un cargo en el que podrá permanecer Gertz hasta el 2028. Se había especulado con la posibilidad, como ha ocurrido en muchos estados con fiscales electos para un periodo de tiempo que dejan su encargo ante el cambio de administración, con que Gertz podría dejar esa posición. Por lo pronto, como lo confirmó Sheinbaum, no será así.
La relación de Gertz Manero con el presidente López Obrador terminó siendo muy buena, aunque no lo es con buena parte del equipo de la presidenta Sheinbaum. En el diseño del plan de seguridad que tiene la próxima mandataria la integración, cooperación y colaboración entre áreas militares, de la Guardia Nacional, de la fiscalía y de la secretaría de seguridad pública es una parte medular. Ha habido mandatarios que han apostado a confrontar esas áreas para hacerlas competir entre sí: se demostró que fue un error, lo mejor es la cooperación más estrecha posible. Y en eso está trabajando el gabinete de seguridad de la administración que comienza sus funciones el próximo martes.
En ese contexto la fiscalía general, lo mismo que muchas fiscalías locales aparecen en este momento como el punto débil de ese mecanismo de cooperación, porque no se han podido establecer los mecanismos necesarios, incluso se especuló con que algunas áreas de investigación pasarían a manos de Omar García Harfuch en el nuevo diseño de seguridad, capacidades que también tendrá la Guardia Nacional en su nuevo diseño institucional.
No se sabe cómo quedará finalmente el esquema de seguridad y la distribución de responsabilidades en el nuevo equipo de gobierno en el ámbito de la seguridad, pero el hecho es que se considera que es en las fiscalías en donde se debe poner el acento si se quiere judicializar adecuadamente los procesos y si los esfuerzos en inteligencia, información, operación y capturas se puedan reflejar en mayor certidumbre legal y operativa.
A partir del primero de octubre, la secretaría de seguridad federal que encabezará García Harfuch tendrá mucho más poder que en cualquier otro momento del sexenio que termina. Tendrá poder real, no sólo de coordinación sino de definición de estrategias y músculo policial, precisamente para ciertos casos de investigación, además del control sobre el Centro Nacional de Inteligencia.
En la secretaría de la Defensa, con el general Ricardo Trevilla, se tiene un diagnóstico muy preciso de hacia dónde se quiere llevar la seguridad pública, interior y nacional, a lo que se sumará la integración ya institucional de la Guardia Nacional a la Defensa, lo que permitirá potenciar su consolidación y agilizará sus mecanismos operativos: la Guardia Nacional tiene hoy 130 mil elementos y llegará en el próximo sexenio a los 180 mil, un potencial que no ha tenido ninguna institución de seguridad pública en la historia del país (la Policía Federal tuvo un máximo de 30 mil elementos y no todos operativos en su mejor momento).
La relación entre la secretaría de seguridad y la Defensa Nacional está avanzando en los planes del próximo sexenio y la Marina comienza a incorporarse a ese esquema, con la diferencia de que el almirante Raymundo Morales proviene de experiencias diferentes a la seguridad y habrá una reestructuración profunda en esa dependencia.
En ese equipo de seguridad se considera que el flanco débil está en la fiscalía que no cuenta con fuerzas propias de investigación suficientes y que requiere que sus ministerios públicos sean mucho más activos y tengan una participación mucho más cercana con las fuerzas de seguridad. Me llama profundamente la atención que quienes tanto insisten en que la incorporación de la Guardia Nacional a la Defensa implica una militarización de la seguridad, no pongan el acento en que la policía civil por antonomasia, que debería ser la de investigación, no termine de desarrollarse y siga siendo subestimada.
Con un diseño institucional u otro, el esfuerzo político tendrá que estar en tener una policía de investigación de carácter federal fuerte y poderosa, ampliamente profesionalizada, si se quiere un sucedáneo del FBI u otra fuerza similar de la que hoy carecemos: hoy la policía de investigación es relativamente pequeña y operativamente depende en muchas ocasiones de otras dependencias. Que a dos meses de la caída de El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López todavía no sepamos realmente qué sucedió ese día y quiénes estuvieron involucrados, demuestra lo que se tiene que avanzar.
Y si eso es así en el ámbito federal, en el local, en los estados, la situación es mucho peor, salvo algunas excepciones muy marcadas. Las fiscalías tanto en lo federal como en lo local deben participar en las mesas de seguridad federal y de los estados. Cuando las cosas funcionaron mejor en este sexenio, en sus primeros años, fue porque existían mesas de judicialización donde participaban todas las instancias, incluyendo las fiscalías para tener objetivos comunes en el ámbito nacional y estado por estado. Eso se fue perdiendo, en parte por diferencias internas profundas, y se deterioro seriamente esa cooperación.
Mucho de eso tendrá que revisarse, modificarse y recuperarse en la próxima administración, donde no habrá tiempo para reacomodarse porque hay desafíos urgentes. Dos, sobre todo: Sinaloa y Chiapas.