Ayer en Monterrey estuvieron reunidos prácticamente todos los gobernadores del país, donde terminaron aprobando la convocatoria para la Convención Nacional Hacendaria, a realizarse a partir de febrero próximo. Como dijimos ayer, la postergación de la visita presidencial a Monterrey, se comenzó a gestar en la reunión que los priístas mantuvieron con el primer mandatario en la casa de don Roberto González Barrera.
Ayer en Monterrey estuvieron reunidos prácticamente todos los gobernadores del país y ocurrió lo que tenía que ocurrir: a pesar de presiones y declaraciones grandielocuentes, de anuncios de rupturas y fracasos, se terminó aprobando la convocatoria para la convención nacional hacendaria, a realizarse a partir de febrero próximo. Como dijimos ayer, la postergación de la visita presidencial a Monterrey, se comenzó a gestar en la reunión que los priístas mantuvieron con el primer mandatario en la casa de don Roberto González Barrera el viernes pasado y sirvió, entre otras cosas, para abrir un espacio mayor a la administración entrante de Nuevo león (el 4 asume Natividad González Parás), para colocarle algunos diques al mandatario saliente, Fernando Elizondo (que terminará trabajando en la convención hacendaria con el presidente Fox) y para ajustar cuentas entre los propios mandatarios estatales, particularmente entre los más duros del PRI, que son minoría, y los partidarios de los acuerdos fiscales y energéticos, que son una amplia mayoría como se vio ayer.
Ganaron los segundos por amplio margen y ello está prefigurando, desde ahora, lo que puede ocurrir en la reunión de la comisión política de mañana miércoles, y en la posible convocatoria del consejo político nacional del PRI para destrabar los candados que en los documentos básicos del tricolor impedirían las reformas constitucionales sobre el tema eléctrico. La de ayer fue, en los hechos, la primera batalla que libraron los priistas sobre el tema pero, sin duda, estará lejos de ser la última. Sin embargo, el acuerdo alcanzado sobre la convención nacional hacendaria podría confirmar cómo está la correlación de fuerzas en el priismo, por lo menos entre los gobernadores: los partidarios de los acuerdos son mayoría e incluso aquellos que no están demasiado convencidos de ellos, como Patricio Martínez, gobernador de Chihuahua, saben que no pueden mantener una oposición a ultranza.
Ese es un México: el de las luchas políticas, los acuerdos y disensos en el marco de la política y la legalidad, el que puede avanzar o estancarse pero permite una convivencia civilizada entre los distintos actores de la vida nacional. Pero a unos pocos kilómetros de donde se realizaba la reunión de la conferencia nacional de gobernadores, donde se hablaba del federalismo fiscal y de la reforma energética, estaba presente el otro México, ese que parece estar cada día más fuera del control de las autoridades: el México del crimen organizado, el del otro poder.
En Sabinas Hidalgo, cerca de Monterrey, en Nuevo León, el fin de semana un comando armado tomó la localidad, secuestro a ocho personas, mató a un par de policías, se supone que ha asesinado a uno o dos de los secuestrados y nadie parece poder hacer nada por impedirlo. Los secuestradores, se dice, pertenecen al grupo de los Zetas. Los secuestrados pertenecerían al cártel de Joaquín El Chapo Guzmán, incluso uno de los plagiados, es Mauro Landel Monzón, que se dice es familiar de El Chapo.
Los Zetas son un grupo muy peculiar y violento. Está conformado por unos 40 ex militares (algunos de ellos de élite) y ex agentes especiales antinarcóticos, que fueron despelgados en Tamaulipas para combatir a Osiel Cárdenas y que terminaron trabajando para éste, primero protegiéndolo y luego, cada vez más, operando como una organización de sicarios, encargada de deshacerse de todos los adversarios internos y externos de Cárdenas. Cuando fueron descubiertos, simplemente mantuvieron su organización y pasaron de trabajar en las instituciones a hacerlo en la clandestinidad y se tornaron más violentos aún con la caída posterior de Osiel Cárdenas y sus mandos cercanos. Lo que han hecho los Zetas desde entonces es defender a cómo dé lugar su territorio contra los intentos, en parte exitosos, de otras organizaciones para quedarse con el control de la frontera entre Tamaulipas y Texas. Primero, todavía con Osiel Cárdenas en libertad, intentaron penetrar en la zona Los Valencia y aparentemente terminaron siendo derrotados, pero de ese largo y cruento enfrentamiento entre los Valencia y los Zetas, se beneficiaron, con una presencia mucho mayor en la zona, los grupos ligados al llamado cártel de Juárez y en particular del Chapo Guzmán.
Esa peculiar guerra, con decenas de víctimas, se libra en Tamaulipas pero también en Nuevo León, donde se han asentado distintos grupos del narcotráfico y desde donde operan hacia y desde la frontera. En los hechos, uno de los saldos más negativos de la administración panista en Nuevo León fue el espectacular crecimiento del narcotráfico en la entidad, donde se permitió, primero el asentamiento de las familias de importantes narcotraficantes, luego las operaciones de lavado de dinero de éstos, hasta que finalmente la plaza terminó siendo una más de las muchas que son objeto de disputa entre las distintas organizaciones criminales. Ello provocó un aumento de la inseguridad pública y una ola de violencia que Nuevo León no conocía y que fue de las causas directas de la abrumadora derrota electoral del panismo el pasado seis de julio. Los hechos de Sabinas Hidalgo (que se repiten de una u otra forma regularmente como parte de la guerra entre cárteles en toda la entidad), son quizás la confirmación de que las autoridades locales hace tiempo que fueron rebasadas por el fenómeno del crimen organizado y que no atinan a tomar las medidas mínimas necesarias en ese sentido. Es una demostración, también, de cómo conviven esos dos México, el de la política institucional y el controlado por el crimen organizado en uno de los estados más ricos, en todos los sentidos, del país.
Habrá que prestar atención sobre lo que suceda en esos dos ámbitos en Nuevo León en los próximos días, cuando asuma el gobierno local, González Parás. En el ámbito institucional, porque por peso político y formación, Natividad tendrá que jugar un papel muy importante en los trabajos de la Conago y sobre todo de la convención nacional hacendaria. Pero también deberá demostrar que puede controlar la violencia que genera el narcotráfico en la entidad: Fernando Canales Clariond y su sucesor, Fernando Elizondo, nunca supieron hacerlo y eso les costó la elección. En los estados con una fuerte presencia del narcotráfico (y aunque no se lo quiera reconocer, Nuevo León está ya en esa categoría), cada cambio de administración produce serias alteraciones y en muchas ocasiones aún más violencia: cambian los jefes policiales, se modifican obviamente esquemas de protección, llegan nuevos funcionarios a las áreas de seguridad, se intenta comprarlas o amedrentarlas. En otras ocasiones, otros gobernantes tienen una suerte de periodo de gracia, mientras toman el control de los hilos del estado. En Nuevo León, a partir del sábado no será así: González Parás tendrá que tener preparado un esquema de seguridad que le dé resultados rápidos y que parta de lo que sus antecesores ignoraron: sacar de la ciudad, Monterrey, y del estado, a los grupos de narcotraficantes que allí se asentaron.
Ganó Rivera
Sí, 15, 20 mil personas salieron a manifestarse el domingo en Guadalajara en apoyo al cardenal Sandoval Iñiguez, pero ese mismo día se firmó, probablemente, su derrota, parcial es verdad, pero en estos días contundente, dentro de la lucha interna de la jerarquía eclesiástica mexicana. Ese domingo, la influyente revista italiana panorama, dijo que había, finalmente, cuatro firmes candidatos a suceder a Juan Pablo II y que uno de ellos era mexicano: el arzobispo de la ciudad de México, Norberto Rivera. Y para hacer una jornada completa, ese mismo día el Vaticano anunció el nombramiento de 31 nuevos cardenales, uno de ellos también mexicano y cercanísimo a Norberto Rivera: el responsable de la pastoral de salud de la Santa Sede, Javier Lozano Barragán. No fueron buenas noticias para Sandoval.