La jornada del sábado en el senado, con Gerardo Fernández Noroña como maestro de ceremonias, podría ser considerada algo así como un capítulo especial de nuestra propia historia universal de la infamia.
En medio de una tómbola, mal manejada, en una cámara de senadores donde apenas hubo un mínimo quórum (un servicio del PRI, que fue con todos los suyos para que se pudieran juntar 66 senadores) se puso la vida, la carrera profesional y el destino de poco menos que 800 jueces y magistrados en un limbo. Serán reemplazados en los comicios de junio próximo: no importa que hayan hecho, que formación hayan adquirido, cuántos años de experiencia acumularon. Se van a la calle si no logran reelegirse en unos comicios donde prácticamente ninguno de ellos tienen las posibilidades de hacerlo. Se podría haber optado mejor por exámenes de conocimiento y preparación, se podría haber evaluado uno por uno a esos jueces, su formación, su historia, sus decisiones judiciales. mejor no, al mejor estilo populista, donde la capacidad y el conocimiento no importan, todos a la tómbola, total el que no se vaya en el 2025 se irá en el 2027. La destrucción y el desperdicio material, intelectual, de recursos humanos es infinita. La pretensión de que por la elección popular de jueces, magistrados y ministros espontáneamente tendremos una justicia operativa uno de los bulos más grandes que se pueden construir.
A partir de hoy habrá 800 tribunales que estarán a la deriva, mientras continúa el paro judicial y las decisiones del poder judicial son ignorados sistemáticamente por el legislativo y el ejecutivo. Se habla mucho de golpe de estado técnico pero en realidad esa ignorancia de los otros poderes hacia el judicial es lo que más se parece a eso.
Es lógico para hacer todo los cambios que requiere el segundo piso de la 4T no se necesita a un judicial que se convierta en un estorbo. Mejor que languidezca ahí mientras se lo va desarmando lentamente. Para el gobierno es lo mejor, para la gente de la calle, inerte, es un desastre: tendremos por lo menos un año sin un poder judicial que funcione.
Pero ese desastre se puede ampliar a muchos ámbitos. Ya habíamos hablado aquí del caso polaco. Polonia estuvo bajo el Artículo 7 del Tratado de la Unión Europea desde 2017 hasta unas semanas atrás acusada de violaciones sistemáticas de los valores fundamentales democráticos, por ignorar la separación de poderes y por violar la independencia judicial. El gobierno de ultraderecha del partido Ley y Justicia, que fue derrotado en las últimas elecciones y reemplazado hace algunas semanas por una coalición liberal y de centro izquierda, estuvo enfrentado con Bruselas por los profundos cambios introducidos durante los ocho años que estuvo en el poder, durante los cuales reordenó discrecionalmente los tribunales, reemplazó jueces y magistrados con decisiones políticas, intervino abiertamente en el poder judicial, frenando, con argumentos de presunta soberanía nacional, las leyes y normas de la Unión Europea. La reforma más controvertida y que detonó las sanciones fue la creación de la sala disciplinaria del Tribunal Supremo para sancionar a los magistrados en función de sus veredictos.
Impulsar esa reforma del poder judicial implicó una multa de un millón de euros diarios para el gobierno polaco. El nuevo gobierno liberal está tratando de descongelar dos paquetes unos 75 mil millones de euros y otros de 35 mil millones de sanciones aplicadas por la Unión Europea a Polonia. Las multas fueron canceladas luego de la invasión de Rusia a Ucrania y de la elección del nuevo gobierno que ahora ha comenzado a dar marcha atrás en forma acelerada a la reforma judicial impulsada por sus antecesores de extrema derecha que, por cierto, siguen conservando el control del tribunal superior.
En estos días en Bolivia, de donde sacó López Obrador el modelo de la reforma judicial, es el único otro país del mundo que elige por voto directo a ministros de la Corte, están en una crisis política y judicial insostenible, ocasionada por el propio partido en el poder. En Bolivia cuando el presidente Evo Morales reformó el poder judicial y puso por voto popular a todos los ministros de la suprema corte, lo que quería era reelegirse y la Corte no se lo permitió. Hizo lo de AMLO, la desapareció y eligió a sus miembros por voto popular: todos los ministros fueron de su partido. El sistema tardó un par de años en comenzar a funcionar, cuando lo hizo ya Evo Morales no era el presidente, era Luis Arce un miembro de su propio partido.
Morales aquel que “rescatamos” en un acto que se hizo pasar por heroico, quiere volver ahora a ser presidente aunque la ley se lo prohíbe, y entró en conflicto con Arce y ambos con la Corte que ellos pusieron (todos sus integrantes son de su mismo movimiento político) porque Arce no quiere el regreso al poder de Morales cuyos desvaríos preocupan seriamente. El tema ha evolucionado hasta otros capítulos y vía el mismo poder judicial que ellos reformaron, hoy el ex presidente Morales, está acusado entre otros delitos, de abusos sexuales con menores de edad, incluyendo el caso de una niña de 13 años que un padre le entregó al expresidente a cambio de posiciones políticas. Morales se defiende movilizando su base social: los productores de hoja de coca (que venden a los productores de cocaína) de los que es líder. El poder judicial esta paralizado y dividido porque espera a que se defina la lucha entre Arce y Morales.
Lo de la tómbola judicial parece humor pero es tragedia. Lo del voto popular como está planteado provocará de una u otra forma lo mismo que vimos en Polonia (en nuestro caso a la hora de renegociar el TMEC) y en Bolivia (cuando emergían las inocultables diferencias internas existentes en Morena). ¿Qué puede salir mal?.