La administración Sheinbaum ha perdido, cuando aún no lleva un mes en el gobierno, la narrativa por querer convertir a la presidenta Sheinbaum en una mera continuadora, una suerte de réplica discursiva de López Obrador, y en ese sinsentido ha chocado con un reforma judicial que, en esos términos y forma, no estaba en la agenda de la presidenta que había, originalmente, dicho que se tomaría un tiempo para alcanzar un acuerdo en torno a ella.
No fue así, me imagino que es por las presiones del ex presidente y sus cercanos, y se siguió con una reforma judicial (y con todo el paquete de reformas que había presentado López Obrador en febrero pasado, el llamado Plan C) que está hasta mal redactada, que no beneficia estratégicamente en nada a su gobierno y que sólo le generará costos.
Nada de lo que se ha hecho con la reforma judicial tiene sentido: desde este diciembre, con la conclusión del periodo del ministro Luis María Aguilar, la administración Sheinbaum, con la elección de su reemplazante, hubiera tenido ya el control de la Suprema Corte en temas constitucionales y a mitad de su mandato el control de la Corte en sí misma. Incluso hubiera podido forzar movimientos adicionales porque contaba, cuenta, casi con la suma del poder público.
Decidieron ir por una reforma que no sólo no da certidumbre, sino que nos pone incluso en ridículo: la presidenta se enojó por las burlas en la escuela de leyes de Harvard, pero no “se reían de los mexicanos” (esa incomprensible convicción en la 4T de que ellos son sinónimo del pueblo) sino de una reforma que, como dijo el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, establece como condiciones para ser ministro de la Corte tener ocho de promedio en la carrera y tener cinco cartas de recomendación. Nada más. Es de pena ajena, pero eso es lo que dice la reforma, de eso se reían en Harvard y lo siguen haciendo en muchos otros espacios judiciales.
Alguien está aconsejando muy mal a la ministra en estos temas y dejan que en la mañanera quede exhibida y a la defensiva sin poder exponer con claridad sus objetivos sexenales. No se puede una semana garantizar a los empresarios certidumbre y seguridad jurídica y después declarar que ningún juez o ministro estará por encima “del pueblo de México”. Lo que los inversionistas quieren es que un juez, un magistrado, un ministro les garantice certidumbre legal. “El pueblo”, en términos legales, es un eufemismo.
No sé quién ha convencido a la presidenta Sheinbaum de que en Estados Unidos se eligen los jueces de la misma forma que se elegirán en México. No es verdad, ni un solo juez federal, mucho menos magistrados o ministros de la Suprema Corte, se elige por voto popular, sólo jueces locales que atienden determinados delitos y es un sistema altamente cuestionado en la propia Unión Americana, precisamente por la parcialidad que puede existir en ellos.
En la reforma aprobada no se toca el sistema judicial local, sólo el federal y se eligen todos los jueces, magistrados y ministros por elección, luego de seleccionar a quienes serán removidos en 2025 por una tómbola. Quien le haya puesto el ejemplo de la elección de los jueces estadounidenses a la presidenta le mintió, y ante quienes conocen mínimamente el sistema judicial de la Unión Americana la mandataria queda en exhibida.
Se niega enfáticamente que el poder judicial tenga atribuciones para aceptar y discutir amparos contra reformas constitucionales y lo primero que se hace es lanzar una iniciativa de “supremacía constitucional” (hasta el nombre es lamentable, todo lo que huela a supremacista huele mal) que en los hechos confirma que esa atribución existe, porque si no sería innecesaria esa reforma que, además está tan mal redactada que en 72 horas ha tenido que ser modificada una y otra vez. Y que ha comenzado a romper la alianza gubernamental con la negativa del partido Verde a apoyarla.
El país necesita una reforma judicial, eso es indudable, es absurdo negarlo. Una reforma que remueva un sistema de justicia que no es eficiente pero que, paradójicamente, tiene en el ámbito federal mejores resultados que en el local, donde alcanza niveles lamentables. Una reforma de este tipo se podría haber realizado en forma intensa pero gradual, respetando carreras judiciales de los funcionarios judiciales que sí sean serios, preparados y honestos, atendiendo los intereses de la nueva administración, pero también los del propio sistema judicial, en un entorno donde el gobierno federal tiene garantizada la hegemonía.
No es necesario prometer certidumbre si ésta se exhibe y cumple. La tozudez típica de los sectores más autoritarios de la 4T es la que está desgastando a la presidenta. Y esta película ya la vimos en Brasil, donde las alas duras del PT desgastaron y resquebrajaron tanto el entorno de Dilma Roussef, la sucesora de Lula, que terminaron tirando su gobierno y generando un monstruo político casi incontrolable: Jair Bolsonaro.
Hay quienes dicen que para no correr ese riesgo es que se decidió impulsar, al costo que sea, esta reforma. El punto es que no la necesitaban, porque tienen el control del ejecutivo, del legislativo y desde diciembre tendrían el de la suprema corte. Hay quienes quieren debilitar a la presidenta porque ya tienen candidato adelantado. Claudia no puede caer en esa trampa: tiene seis años por delante.