Hoy se cumplen tres meses de la detención de Ismael el Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, un golpe que ha modificado totalmente los equilibrios de poder entre los grupos criminales en México y alterado su operación.
No es verdad que ese golpe, que más allá de cómo se haya concretado es la conclusión de una brillante operación de inteligencia estadounidense, es que lo que provocado la violencia: ella ya estaba más que presente. En el pasado sexenio, según datos oficiales, fueron asesinadas 199 mil 952 personas, a las que habría que sumarle los 51 mil desaparecidos del sexenio. La cifra, aún sin los desaparecidos, es un 66 por ciento superior a los homicidios ocurridos en el gobierno de Felipe Calderón y un 28 por ciento más que en el de Peña Nieto. Ese es la verdadera magnitud de la violencia y la inseguridad vividas en el sexenio de López obrador.
Lo sucedido en Sinaloa hace tres meses catalizó ese proceso porque terminó de detonar al cártel de Sinaloa, que ya estaba dividido y enfrentado internamente desde la detención, la extradición y sobre todo desde el juicio del Chapo Guzmán. Hoy tenemos dos grandes bloques de alianzas criminales en el país que están reconfigurando todo el mapa de la delincuencia organizada, pero que son expresión también del empoderamiento de estos grupos en los últimos seis años. Y la mejor demostración de ello son precisamente Sinaloa y Chiapas, donde quizás como en ningún otro estado esos grupos criminales terminaron siendo parte del propio poder político y económico.
La caída de El Mayo y de Joaquín, más la de Ovidio, detenido en 2023 y extraditado a Estados Unidos, ha convertido a estos personajes, con seguridad a los chapitos y quizás también a El Mayo, en testigos colaboradores de la justicia estadounidense y eso también cambiará el escenario de la relación entre México y Estados Unidos en el ámbito de la seguridad. El golpe para los intereses del crimen organizado y sus cómplices probablemente será en el corto y largo plazo, demoledor y deja a la administración Sheinbaum con una sola opción, que creo que ya había tomado, de enfrentar decididamente al crimen organizado.
En Sinaloa la norma sigue siendo la confusión. Ni siquiera se sabe qué ocurrió hace tres meses con el Mayo y Joaquín, cómo y dónde murió Héctor Melesio Cuén, cuál fue el papel de la autoridades del estado en todo este tema. Sabemos, era evidente desde el primer momento, que el asesinato de Cuén como fue contado por la fiscalía local era un montaje, una forma de complicidad con los grupos criminales, en este caso con los Chapitos, dada la amistad de Cuén con el Mayo.
Pero resulta que tampoco la FGR puede terminar de armar su narrativa sobre lo sucedido porque no tiene pruebas. La negativa a emitir una orden de aprehensión contra Joaquín Guzmán López por el secuestro de El Mayo es expresión de ello: simplemente como Estados Unidos no ha informado lo que sucedió (ni lo informará) no hay pruebas sobre lo que realmente pasó.
Pero existen elementos, eslabones, para comenzar a jalar de una cadena de complicidades. Lo que no sabemos si existirá la voluntad política para hacerlo. Desde agosto pasado aquí dimos a conocer datos de informes de inteligencia federal y son parte de esos eslabones que develan redes de compromisos comerciales y económicos con el cártel.
Un eslabón clave en todo esto es el ex secretario general de gobierno y actual senador, Enrique Inzunza Cazarez, a cuyo equipo pertenecía la ex fiscal estatal, Sara Quiñones, a la que se atribuye el falso entramado del asesinato de Cuén. Inzunsza tiene relaciones familiares con uno de los principales grupos del cártel de los Chapitos, al que llaman Fuerzas Especiales Avendaño, encabezado por Martín Gaudencio Avendaño Ojeda. Según estas investigaciones federales, Claudia Yuridia Meza Avendaño, esposa de Inzunza Cazarez, y magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del estado, es familiar en primer grado de Avendaño Ojeada. Ese grupo criminal tuvo una participación central en el llamado culiacanazo para evitar que Ovidio Guzmán López fuera detenido en octubre de 2019.
Aquí le contamos, también en agosto, que unos días antes de la caída de El Mayo y Joaquín, el miércoles 17 de julio pasado el presidente municipal de Badiraguato, José Paz López Eleanes, pidió una cita en un despacho jurídico de Culiacán para asesorarse, porque había sido emplazado vía correo electrónico para presentarse en las oficinas del consulado estadounidense. López Eleanes fue notificado de que se le había cancelado la visa de entrada a los Estados Unidos. En la indagación del despacho jurídico se le informó que desde un año atrás la DEA lo estaba investigando por su presunta participación como alcalde (acababa de ser reelegido) apoyando o facilitando las actividades de los Chapitos en en Badiraguato y Culiacán. Su situación legal sería crítica.
Y en todo ese entramado otro personaje que aparece constantemente en sus relaciones con grupos de poder local es Griselda Guadalupe López, segunda esposa de El Chapo Guzmán, y madre de Ovidio y Joaquín, que, además de sus relaciones políticas, opera una importante empresa distribuidora de cemento, JM Concretos, que aprovisiona buena parte de ese y otros materiales de construcción para las obras públicas en el estado. Y esos son sólo tres eslabones de la cadena.
No nos engañemos. Después de lo sucedido el pasado 25 de julio, en el mundo del crimen organziado y en la relación de seguridad de México y Estados Unidos nada volverá a ser igual.