Los últimos días del gobierno de Rutilio Escandón en Chiapas están marcados por el caos y por la exhibición de las complicidades de la administración estatal con el crimen organizado. La detención de Jesús Esteban Machado Meza, apodado El Güero Pulseras, y jefe de los grupos de El Mayo Zambada en la entidad es, probablemente, el capítulo que termine desbordando al casi extinto gobierno chiapaneco.
El 11 de noviembre se desmanteló en Tuxtla un taller para la fabricación de vehículos blindados de los apopados “monstruos”, que usan los grupos criminales. Según el informe oficial se encontraron 935 kilos de marihuana, 54 armas largas, 545 cargadores, 65 cajas de cartuchos de distintos calibres, un vehículo “monstruo”, otro vehículo con blindaje artesanal, dos con blindaje de fábrica, nueve automóviles que iban a ser blindados y tres motocicletas. En ese operativo se detuvo al El Güero Pulseras.
Pero para los investigadores lo más importante es que también encontraron chalecos tácticos, dispositivos electrónicos y cajas con papeles holográficos y placas de vehículos, que confirmarían la estructura de protección que funcionarios de seguridad como Gabriela Zepeda Soto, Humberto Zeron Martínez “El General”, Francisco Orantes Abadía, Roberto Yahir Hernández Terán “Hércules”, el aspirante a fiscal José Luis Llaven Abarca y otros brindaban a El Güero Pulseras, una denuncia que se ha presentado una y otra vez en Chiapas y de la que hemos informado en éste y otros espacios desde hace meses.
La confrontación entre los grupos criminales en Chiapas tiene zonas claves en el estado: los muncipios fronterizos de Frontera Cozalá, Benemérito de las Américas, Tapachula, toda la zona conurbada de Tuxtla y San Cristobal, Palenque. Ha generado enfrentamientos muy violentos en todo el estado, incluso con fuertes desplazamientos de población y secuestros de jóvenes, hombres y mujeres, por los grupos criminales.
El crimen organizado en el estado no se trata sólo de narcotráfico, tráfico de armas y otros productos, un punto central que manejan estos grupos criminales es el tráfico de personas. Están nucleados básicamente en torno a las organizaciones de Sinaloa, divididos, como en el resto del país, entre los partidarios de El Mayo (que tuvo el control histórico de la plaza hasta su ruptura con los chapitos a principios del sexenio de Rutilio), los propios Chapitos y los grupos que se han congregado en torno al Cártel Jalisco Nueva Generación y que se hacen llamar cártel Chiapas-Guatemala, quedan restos también de grupos relacionados con el cártel del Golfo y los ex Zetas.
Dicen las fuentes de seguridad federal que uno de los gravísimos pecados en los que incurrió la adminsitración del estado fue haber negociado y aceptado apoyos de todos esos grupos, lo que ayudó aún más a detonar la situación de violencia, inseguridad e impunidad.
El peso que tiene el crimen organizado en la frontera sur en el tema de tráfico de personas es clave para México en su relación con Estados Unidos. El triunfo de Trump, las designaciones de Tom Homan, como zar de la frontera, de Stephen Miller, como sub director de políticas públicas de la Casa Blanca, de Marco Rubio como probable secretario de Estado, ponen el tema migratorio más allá de cualquier declaración en el punto más alto de la agenda bilateral. Y el ingreso de los flujos migratorios se da desde esa frontera.
No se trata sólo de las presiones: ningún país puede presumir de su soberanía si no tiene pleno control de sus fronteras, y en Chiapas, en buena medida, eso se ha perdido. Recuperar el control es una exigencia interna. Pero más allá de eso, un gobierno local prescindente, ausente, como el de Rutilio Escandón, con fuertes complicidades de muchos de sus mandos de seguridad con los grupos criminales y ya de salida, es el peor de los mundos posibles para atacar el tráfico de personas y establecer unas bases serias de trabajo sobre el tema con una próxima administración estadounidense, que explotará de todas las formas posibles el tema migratorio.
Seguir dando golpes como el del Güero Pulseras, poner orden en un estado con una gobernabilidad perdida, controlar los flujos migratorios ilegales, no es no sólo una exigencia política, es un tema, hoy, de seguridad nacional.
La lucha por Rosario
No es verdad, como dice Gerardo Fernández Noroña, que se tiene un acuerdo en el grupo parlamentario de Morena y sus aliados del Verde y el PT, para reelegir hoy en la presidencia de la Comision Nacional de Derechos Humanos a Rosario Piedra Ibarra. No existe tal acuerdo. Lo que hay es una profunda división entre quienes quieren imponer a Piedra Ibarra como una “razón de Estado” a pesar de su desempeño en los pasados cuatro años al frnete de la CNDH, y quienes no la consideran capacitada para esa labor, tanto que resultó la aspirante peor calificada de todas las inscriptas para contender por ese cargo, prácticamente sin ningún apoyo. Aún así, como dijo uno de los que la respaldan, Javier Corral, terminó en la terna, desplazando a personas mucho más calificadas, por “razones políticas”.
Como decíamos la semana pasada, Rosario Piedra es una militante de las alas políticas más duras de Morena. En las fuerzas armadas y áreas de seguridad, a las que agravió en muchas ocasiones, su designación es rechazada. Como también entre los principales empresarios, particularmente regiomontanos, con los que siempre ha estado enfrentada, sobre todo por su relación familiar con el asesinato de don Eugenio Garza Sada.