Hay cosas inexplicables que sucedieron el sexenio pasado y que se arrastran hasta el día de hoy. El desprecio por la ciencia, el conocimiento, las experiencias internacionales, se reflejaron en iniciativas legales extrañas que han tenido costos importantes. El ex presidente López Obrador decidió muchas cosas sin basarse en el conocimiento y, en una lógica narcisista que consideraba que sus intuiciones o prejuicios alcanzaban para establecer políticas públicas.
En este sentido se ha hablado mucho, con toda la razón, de una reforma judicial que no tiene sentido como está planteada, removiendo de un plumazo a la mitad del poder judicial y convocando a unas elecciones que en los hechos todavía no se sabe cómo se podrán realizar. Pero se ha hablado menos de otras decisiones que han tenido también un costo alto: por ejemplo, la prohibición de producir e importar maíz genéticamente transformado (que no es lo mismo que el maíz transgénico) que es la enorme mayoría del que consumimos en México y en el mundo, sobre todo en el ámbito industrial. Por el contrario: su utilización intensiva permitiría, por ejemplo, poder alimentar a mucha más gente en las zonas más pobres y de autoconsumo en el país. De la mano con ello se prohibió el uso de glifosato, en lo que hubo que retroceder porque simplemente casi no hay plaguicidas de uso masivo que no tenga ese componente.
Se prohibió el fracking y el tracking, sin comprender que si no es con esas técnicas no se pueden explotar los yacimientos de gas que tiene México, sobre todo en la zona de Tamaulipas. Se ha argumentado que el fracking requiere agua y que es injusto que se deje sin agua potable a poblaciones para utilizarla en ese método de extracción. Pero el hecho es que hay muchos mecanismos de fracking diferentes y que se utiliza cada vez menos agua y son aguas no potables, que son recicladas o marinas. Con el fracking y el tracking fue como logró Estados Unidos recuperar su autosuficiencia energética.
Otra de esas decisiones extrañas es la prohibición del fentanilo. Obviamente el fentanilo ilegal debe ser prohibido y combatido, pero el fentanilo médico es un componente indispensable en casi todos los procedimientos anestésicos y no hay con qué reemplazarlo, mucho menos, como se dijo el sexenio pasado, con medicina tradicional.
Pero es más desconcertante aún que en el mismo paquete del fentanilo se introduzca a los vapeadores, prohibiéndolos incluso en la misma iniciativa de ley. Poner a los vapeadores al mismo nivel que el fentanilo ilegal que deja cien mil muertos por sobredosis al año en los Estados Unidos (en México no sabemos cuántos lo consumen porque el sexenio pasado no se hizo la encuesta nacional de adicciones así que estamos a ciegas en ese ámbito), es como equipara la Coca-cola con la cocaína.
No se sabe cuál es la saña del ex presidente con los vapeadores, se supone que se debe a un tema familiar, pero lo cierto es que la prohibición que se está a punto de votar la próxima semana en el congreso, modificando los artículos 4 y 5 constitucionales, lo único que logrará es dejar en manos de la delincuencia organizada un negocio que se estima puede estar en los 40 mil millones de pesos.
Por supuesto que el uso de vapeadores como ocurre con el tabaco o el alcohol o más recientemente con la marihuana, se debe regular y fiscalizar, pero lo cierto es que existen unos tres millones de personas que usan vapeadores en México, y se estima que el sector tendrá un crecimiento del 150 por ciento para el próximo año. El valor de mercado estará cerca, como decíamos, de los 40 mil millones de pesos. La prohibición total lo que hará es dejar, como en parte ya ocurre, en manos del crimen organizado ese mercado, y los criminales lo utilizarán para cruzar ese negocio con el narcomenudeo. La prohibición será, como en muchos otros sectores, más perjudicial que el producto original en sí.
El crimen organizado ya controla la venta de vapeadores adulterados en Michoacán, Jalisco, Puebla y Sonora, el tabaco de contrabando en Zacatecas, Durango, Jalisco y Michoacán y el mercado del alcohol adulterado o falsificado en Durango, Sinaloa, Zacatecas y Guerrero. Eso se generalizará aún más con la prohibición absoluta de la venta y consumo de vapeadores, una medida imposible de implementar, además, cuando un producto tiene millones de consumidores.
La paradoja es que el Estado pierde un enorme espacio de recaudación, recursos que se llevará el crimen organizado, incrementados por la extorsión que va de la mano con la venta de productos ilegales o adulterados.
La iniciativa privada ha propuesto al gobierno un mecanismo fiscal que grave en el IEPS con un peso cada mililitro de nicotina en estos u otros productos, lo cual sumado a la recaudación derivada del IVA implicaría ingresos por 12 mil millones de pesos en 2025 y de 17 mil millones en 2026.
Se podrá argumentar que con la prohibición se elimina un problema de salud. Lamentablemente no es así: el problema se agrava porque el Estado no está en condiciones de acabar con el consumo de un producto que en lugar de venderse por empresas privadas y regulado por el propio Estado, terminará controlado por grupos criminales.
Los legisladores tienen la palabra: cumplen con un capricho que terminará beneficiando al crimen organizado o establecen una política de regulación que protege un mercado de millones de personas y le permite al Estado tener el control de ese mercado al tiempo que recauda miles de millones de pesos.
Hablando de las cosas extrañas a las que nos llevaron el lopezobradorismo y la ploalrización en nuestras vidas lea la novela Una Guerra Intima (Cal y Arena, 2024), de Juan Ignacio Zavala. Fantástica.