Dentro de una semana, el primero de febrero, el presidente Donald Trump decidirá si aplica o no aranceles a las importaciones mexicanas y canadienses, dependiendo, dijo Trump, de las acciones que se tomen sobre migración y cárteles del narcotráfico. Eso definirá mucho del futuro de México.
El tiempo para tomar decisiones es muy corto, porque, sobre todo, se perdió la ventana de oportunidad entre la elección de Trump, la primera semana de noviembre, y su toma de posesión, el lunes pasado. Apenas ayer, hubo un primer contacto telefónico entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado, Marco Rubio, donde hablaron precisamente de seguridad y migración. Se perdieron casi tres meses muy valiosos.
La Casa Blanca está demostrando que, por otra parte, aplica y aplicará a toda velocidad, el programa por el que fue electo Trump. Ayer, ya movilizó algunos miles de militares hacia la frontera, mientras ordenó que la Defensa establezca un plan de participación militar para garantizar la seguridad nacional ante lo que califica como una suerte de invasión en la frontera sur, se encargará de ello el Comando Norte, el encargado militar de la seguridad del espacio interior en la Unión America, y del que participan México y Canadá.
La narrativa impuesta desde la campaña ha convencido a la sociedad estadounidense que su mayor desafío son la migración y los cárteles y Trump está actuando en ese sentido, como lo había adelantado en estos meses de transición. Ante ello es un error pensar que estamos simplemente ante la repetición de la anterior administración de Trump: no son las mismas las medidas, pero, sobre todo, no es el mismo contexto, ni la convicción y apoyo con el que cuenta Trump para aplicar esas medidas.
No entiendo cómo se siguen postergando algunas decisiones y por qué no nos adelantamos con otras. En la frontera chiapaneca, como en general en el tema de seguridad, hay avances reales, pero no se entiende que no tengamos aún un nuevo instituto nacional de migración, cómo se sigue permitiendo la salida de caravanas que alimentan el discurso antiimigrante, como no tenemos un plan de contingencia claro y poderoso en las fronteras sur y norte.
Se ha perdido mucho tiempo. Hace semanas que decíamos aquí que, en el tema de la declaratoria de terroristas a los cárteles, México tendría que haber tomado la iniciativa, incluso antes que Trump emitiera esa orden ejecutiva. En las mañaneras se intentó desmontar ese calificativo cuando se tendría que haber reforzado.
Ahora Trump quiere reabrir la renegociación del TMEC, posiblemente retomando su idea de 2017 de establecer dos tratados separados, uno para México y otro para Canadá, pero también, como advertimos hace meses, esa renegociación incorporará la búsqueda de un acuerdo, de un tratado de seguridad bi o trinacional, con mecanismos y objetivos muy concretos y capacidades de operación muy definidos, mucho más allá de lo que fueron el Plan Mérida o el Bicentenario, que resultó todo un fiasco.
No se termina de entender que la declaratoria de grupos FTO a los cárteles nos beneficia si tenemos una estrategia común, incluso en terrenos tan importantes como el tráfico de armas desde EEUU a esas organizaciones criminales.
Hay movimientos que se deben hacer en forma casi obligada: primero, por supuesto, seguir y profundizar mucho más la estrategia seguida en los últimos meses; segundo, asumir como propia, esa propuesta de un tratado de seguridad, y de la mano con ello cambiar, derogar o modificar la ley de seguridad aprobada en la pasada administración que limita completamente la relación y el intercambio de inteligencia y operación con las agencias estadounidenses. La ley fue detonada por la injustificada detención del general Cienfuegos, pero también fue la que terminó de romper la confianza del gobierno estadounidense en México hasta llegar a la operación en la que fueron detenidos el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López.
Resulta por lo menos extraño que en medio de todos estos temas y de la inminente, guste o no, renegociación del TMEC, se ahonde en el error en temas como enviar al congreso la reforma para prohibir el maíz y otros productos agrícolas genéticamente modificados, cuando se ha perdido esa controversia en los paneles del propio TMEC. Agricultura y energía serán temas abiertos en cualquier nueva negociación, incluyendo otra decisión poco racional como la prohibición en México del fracking, cuando será el principal instrumento para la explosión petrolera y energética que impulsará el gobierno de Trump. Ese tema, en términos de dependencia energética, será el mayor limitante respecto a las inversiones del sector en México.
No tenemos un equipo ya formado para la renegocición del TMEC y de todas las áreas que conlleva, quizás porque se siguió pensando que no habría tal hasta 2026. No será así, Trump quiere abrir esa negociación en forma inmediata y en realidad nos conviene para llegar a acuerdos que rompan la incertidumbre. Tampoco tenemos un staff para hacer lobbyng en Estados Unidos, no hemos definido si Esteban Moctezuma se queda o se va de la embajada; tenemos 53 consulados, pero muchos cónsules son políticos reciclados sin ninguna capacidad de interlocución, nadie lo representa mejor que Rutilio Escandón, descalificado por haber abierto la frontera sur al crimen y al tráfico de personas y designado nada menos que cónsul en Miami, donde opera buena parte del trumpismo.
La administración Sheinbaum se muestra mesurada, pero no puede seguir actuando tantos pasos por detrás de la nueva Casa Blanca.