El escándalo que envuelve a Jorge Emilio González Martínez y su torpe defensa son sólo la parte más visible de la corrupción que rodea al partido verde, manejado, como una empresa familiar. Ahora se percibe la magnitud de la corrupción porque al verla y oírla por la televisión no queda demasiado margen de duda, pero fuera de los fraudes, la corrupción, la percepción patrimonialista del poder sigue siendo una norma que trasciende a los partidos y las distintas regiones del país. Es verdad que tenemos mayor transparencia en algunas áreas, un sistema político más abierto, mayor capacidad de denuncia en los medios, pero el cambio está lejos de ser el deseado sobre todo en un aspecto fundamental: ese mal endémico que sigue siendo la corrupción.
El escándalo que envuelve a Jorge Emilio González Martínez y su torpe defensa (quizás porque no hay defensa posible ante lo que vimos y oímos todos: su aceptación de un soborno de dos millones de dólares por tramitar unos permisos de construcción en la zona de Cancún), son sólo la parte más visible de la corrupción profunda que rodea al partido verde, manejado, como se ha dicho muchas veces, como una empresa familiar.
Llama la atención que en estos días no se haya recordado la estrecha interrelación existente entre los intereses del partido verde y la empresa de farmacias similares, encabezada por el tío del Niño Verde, Víctor, y hermano del fundador del partido y patriarca familiar, Jorge González Torres. No hablamos sólo de los intereses lógicos de una familia sino del trabajo político que realizó el Verde para modificar las leyes de patentes para ampliar el espectro de operación de la empresa de similares, enfrentándose incluso con la secretaría de Salud y con los demás partidos políticos para que la ley saliera a su gusto. No obtuvo todo lo que quería pero sí algunos logros, entre ellos presionar para que el Seguro Social, la SSA y el ISSSTE abrieran buena parte de sus compras de medicamentos a esa empresa que se ha convertido en un muy exitoso negocio, como se puede comprobar por el despliegue publicitario que muestra. No se trata de realizar aquí una comparación entre las medicinas de patente y las similares, de eso se encargarán los científicos, pero no deja de llamar la atención el involucramiento directo de un partido en la defensa de una empresa (exigiendo una reforma legal que la beneficie) que es propiedad de la misma familia que controla el partido. Simultáneamente, Víctor González Torres decidió lanzarse como precandidato presidencial, me imagino que esperando contar, si la ocurrencia tenía éxito, con el partido de su hermano y sobrino.
Pero si los casos como el de los González Torres es de los más escandalosos, sobre todo porque estamos hablando de un partido que, a pesar de todos estos escándalos sigue contando con un porcentaje de votación relativamente importante, que puede decidir resultados electorales federales, ahora se percibe la magnitud de la corrupción porque al verla y oírla por televisión no queda demasiado margen para la duda ni para las conspiraciones que el Niño Verde asegura que se construyeron en su contra. Pero fuera de la televisión, los fraudes, la corrupción, la percepción patrimonialista del poder sigue siendo una norma que trasciende a los partidos y las distintas regiones del país.
Un simple recorrido de las noticias del día nos permite comprobar que ayer fue desaforado el alcalde priista de Tapachula, Chiapas, Manuel de Jesús Pano Becerra, acusado del uso indebido de más de 30 millones de pesos: el alcalde destituido, por supuesto, lo niega y dice que todo es un complot de su sucesor, Blas Zamora Martínez; en Tlaxcala, acusado del desvío de fondos municipales para favorecer al Partido del Trabajo, el congreso del estado destituyó también ayer al alcalde de Panotla, Mauricio Palacios Montales, éste por supuesto asegura que se trata de una venganza política por su extracción petetista y asegura que su destitución sienta "el precedente de que a funcionarios o a los propios legisladores se les califique con el mismo rigor", ya que dice que sólo participó en actos de campaña del PT.
En Querétaro, donde el gobernador saliente, Ignacio Loyola Vera, se retiró molesto porque el gobierno de Vicente Fox no lo hizo secretario de estado al terminar su gestión, que él considera muy exitosa, se siguen descubriendo, pese a que su sucesor es panista, irregularidades en todas las principales obras que realizó durante su gestión. El centro de rehabilitación integral de Querétaro, tiene tantas fallas estructurales que obligarán a su demolición. El daño patrimonial es mayor a los 50 millones de pesos. Antes el hospital del Niño y la Mujer, la segunda gran obra de Loyola Vera, se vio inmerso en innumerables problemas, entre ellos que se inundó con aguas negras por problemas estructurales en la construcción, como la ausencia de un sistema de drenaje. Ahora se han descubierto fallas estructurales en la que fue la última gran obra del gobernador queretano a cuya inauguración, unos días antes de dejar el poder llevó a inaugurar (aunque no estaba terminada) al presidente Fox: la torre de control del aeropuerto que en alguna oportunidad el propio Loyola presentó como una alternativa al aeropuerto internacional de la ciudad de México. En este caso no se tendrá que demoler, como ocurrió con el CRIQ, la torre de control del aeropuerto de la ciudad, pero se tendrán que hacer obras mayores para su rehabilitación, entre otras una recimentación. No está evaluado cuál será el costo de esos trabajos ni tampoco se ha señalado quiénes fueron los responsables de esos errores estructurales en la construcción (nada más y nada menos) que de una torre de control de un aeropuerto. Loyola, por supuesto no se ha hecho responsable de ninguno de esos "problemas".
Podríamos seguir: por alguna razón, los estados, por ejemplo, se oponen a que sean auditados los recursos que reciben para obras sociales vía el llamado ramo 33, aduciendo que se viola su soberanía, pero la mayoría no cuenta siquiera con mecanismos de auditoria propios autónomos. Algunos, como Oaxaca, han rechazado más de 250 auditorias sobre la utilización de esos recursos. La pregunta es casi obvia: si no hay nada que ocultar ¿porqué tanta oposición si se trata de auditar recursos federales entregados a los estados para que se utilicen en proyectos específicos, no en lo que desee el gobernador en turno?
Y ahí están en el recuerdo, las toallas de 4 mil pesos que provocaron el toallagate, los escándalos multimillonarios de los Amigos de Fox y el Pemexgate, que no han provocado, hasta ahora, costos penales a casi ninguno de los involucrados; o la resistencia de Andrés Manuel López Obrador en el DF para abrir la información de su gobierno, dar a conocer el costo real de sus obras, e incluso, la negativa a aceptar que se equivocó con el famoso caso de su chofer Nico. Y otras formas de ineficiencia que puede ser considerada corrupción tan obvias como la imposibilidad del gobierno local de entregar las placas de un automóvil nuevo hasta casi un año después de su compra y del pago de los respectivos derechos (¿quién se ha hecho cargo de las irregularidades que se presentaron en el programa de reemplacamiento y en todo el mecanismo creado desde entonces?: López Obrador dijo que si Francisco Garduño no cumplía en 30 días dejaría su puesto, van dos años y nadie ha cumplido en ese ámbito).
Lo que sucede es que quizás hemos tenido alternancia; tenemos un sistema político mucho más abierto y democrático que antaño; tenemos, también quizás es verdad, algunos o muchos políticos más honestos que hace quince o veinte años; tenemos mayor transparencia en algunas áreas que en el pasado y sin duda, una mucho mayor capacidad de denuncia en los medios, pero, con todo ello, el cambio está lejos de ser el deseado sobre todo en un aspecto fundamental: ese mal endémico que sigue siendo la corrupción, particularmente en el entendimiento de que el poder es patrimonialista. Una herencia que dejó ese estilo de ejercer el poder que viene desde la colonia y que en su época moderna creímos que quizás había dado sus últimos estertores (por lo menos como un sistema institucionalizado) con el fin del gobierno de López Portillo, pero cuyos herederos políticos aún no terminan de desechar, como una cultura política que se les cuela, apenas llegan a posiciones de poder, como la humedad.
Claro: esa herencia cultural puede explicar pero jamás justificar, la carencia de valores éticos básicos en personajes como el Niño Verde.