El presidente Fox sigue perdiendo puntos en las encuestas. Las causas de esa caída de popularidad son bastante claras: prácticamente el 50 por ciento de los encuestados consideran que el mayor problema es la situación económica y el desempleo, más allá el consumo de drogas y la inseguridad. Para revertir esta situación, Fox tendrá que enviar a la población señales de que existe la determinación en la administración para hacer algunos cambios. Es en el ámbito de la política de donde pueden surgir las reformas que le terminen generando la estabilidad básica que requiere la administración Fox en la segunda mitad de su sexenio.
El presidente Fox sigue perdiendo puntos en las encuestas: cayó del 63 por ciento en promedio durante el 2003, para llegar en estos primeros meses del 2004, a un nivel de apenas de 55 por ciento, un índice muy bajo para los niveles que tradicionalmente tienen los presidentes en México, sobre todo considerando que Vicente Fox está apenas en el cuarto año de su mandato. La demostración no sólo de que los índices de popularidad del presidente están a la baja, sino de que la población ha cambiado su percepción sobre la labor presidencial, la tenemos también con la encuesta que realizó María de las Heras que demuestran que la amplia mayoría de los mexicanos consideran que la responsabilidad de la silbatina que recibió el primer mandatario al inaugurar la asamblea de la CTM es responsabilidad de la propia presidencia y no una jugada política de los cetemistas.
Las causas de esa caída de la popularidad son bastante claras: prácticamente el 50 por ciento de los encuestados consideran que el mayor de los problemas es la situación económica y el desempleo, más allá el consumo de drogas y la inseguridad. Existen datos, en las encuestas publicadas por reforma y El universal que también son contundentes: al haber asumido como propia la agenda de su esposa, Marta Sahagún, dio la imagen de ser un presidente débil y manejable.
La pregunta es cómo el presidente Fox podría revertir esta situación: una posibilidad ya lo decíamos en otras oportunidades, es apostar a las políticas públicas. En ese campo falta aún mucho por hacer. El otro punto estará en las percepciones y sobre todo en una: la capacidad del gobierno federal para demostrar que tiene control sobre la situación. Y paradójicamente, las mayores posibilidades de demostrar esa capacidad se basará en algunos aspectos políticos: no parece haber posibilidades reales de mejorar rápidamente las condiciones económicas de la población pero sí de enviar señales de que existe determinación en la administración para marcar algunos cambios.
Uno de esos puntos será la profundización de las investigaciones en torno a la guerra sucia e insistimos en que el ex presidente Luis Echeverría está en la mira de las autoridades. Ver a Echeverría tras la rejilla de prácticas en un tribunal podría darle parte del oxígeno que necesita la administración Fox en estos momentos pero también le permitiría demostrar una voluntad de cambio que legitimaría, pese a todos los pesares, en buena medida esta administración. Que las señales están cambiando lo vemos también en la vuelta de tuerca dado en el caso de Carlos Romero Deschamps, ahora que PEMEX parece haber cambiado su intención y busca redoblar la persecución legal contra el líder petrolero. Claro que en todo esto existe un punto central: el gobierno quizás ha decidido no volver a poner la otra mejilla, como era su costumbre, luego de la rechifla al presidente en la reciente asamblea nacional de la CTM.
En aquella ocasión había un compromiso explícito de los dirigentes sindicales, cuando hicieron la invitación al presidente Fox para que inaugurara ese encuentro, de que sería respetada su investidura: todos sabemos que no fue así, sino que además, el inicio de los silbidos y los insultos salieron precisamente del grupo de petroleros que estaban sentados al centro del Auditorio Nacional. Para hacer más evidente la humillación, quien acompañó a la salida del auditorio a Vicente Fox fue el propio Romero Deschamps. En una semana, el gobierno federal parece haber cambiado su percepción de los líderes sindicales y ha reabierto, en los hechos, su ofensiva contra el líder petrolero. No podía pasar impune la ruptura de un acuerdo como el de la CTM sin que el gobierno diera una muestra más de debilidad.
Pero quizás a lo que habrá que estar muy atentos es a la agenda legislativa que en estos días tiene que presentar la administración Fox. El propio presidente ha reiterado que volverá a presentar las propuestas de reforma estructural, sobre todo la energética y, concluida la convención nacional hacendaria (ello implica que será para el siguiente periodo ordinario, no para éste), la reforma hacendaria. Pero el titular de Gobernación, Santiago Creel, en los últimos días y en todos los foros ha insistido, aferrado al caso del Niño Verde y el desprestigio consiguiente para la clase política, en la necesidad de ciertas reformas que hagan viable el sistema político, permitiendo establecer mayorías sólidas en el congreso que trabajen en consonancia con el ejecutivo.
Creel ha hablado de la reelección de legisladores, de la unificación de las fechas electorales, de la modificación de las leyes electorales de forma tal que permitan que los partidos coaligados en una alianza puedan mantener ésta ya como grupos parlamentarios, de la necesidad de reducir el número de legisladores, tanto en el senado como en la cámara de diputados. Todas esas son propuestas viable y que podrían implementarse sin mayores problemas si existiera para ello voluntad política. Eso es lo que está en duda, pero sería importante sacar adelante algunas de esas reformas, por lo menos comenzar a debatirlas, para transparentar las turbias aguas de la política.
Existe un paquete que resulta básico en este sentido y que debe ir de la mano: la reducción del número de legisladores (pasar de 500 a 400 el número de diputados, reduciendo en cien los plurinominales y reducir de 128 a 96 el de senadores, eliminando la lista plurinominal de senadores que viola incluso el espíritu constitucional al no otorgar a todas las entidades federativas la misma representatividad en la cámara alta), va equiparada con la posibilidad de que los legisladores puedan reelegirse por uno o dos periodos en su cargo. Ambas reformas consolidarían el sistema legislativo pero ello debe ir acompañado de otra cosa para la que existen mayores resistencias: la creación del cargo de primer ministro o jefe de gabinete, que se encargaría del manejo cotidiano del gobierno y que tendría que ser designado por el presidente de la república pero ratificado por el congreso (o sólo por la cámara de diputados) por una mayoría simple. Ese apoyo parlamentario sería la base sobre la cual se podrían construir esas mayorías que hoy todos coinciden en que son imprescindibles pero nadie puede articular para construir una agenda legislativa y política mínima. Las tres reformas, aunque sean de diferente nivel, deben ir de la mano porque no se podrá reducir el número de legisladores ni impulsar la posibilidad de su reelección si no se avanza también en un mecanismo que reforme, simultáneamente, al propio ejecutivo. Cargar la mano en el congreso como único responsable del estancamiento político no es justo ni verosímil pero, por sobre todas las cosas, resulta políticamente inviable si se quiere avanzar en esas reformas.
La equiparación de fechas electorales para que haya una cada trienio, donde se elijan autoridades federales, estatales y municipales, puede ser un objetivo muy deseable, que sería políticamente muy útil además de que reduciría sustancialmente los costos de los comicios y no nos tendría continuamente en un estado de efervescencia electoral, aunque sea local, pero que difícilmente podrá convertirse en realidad: son demasiados los intereses existentes en la mayoría de los estados como para dar esos pasos, comenzando por el debate que se suscitará para ver cómo se acortarán o alargarán los periodos de los distintos mandatarios estatales o municipales para equiparar esas jornadas electorales. En todo caso lo que se podría hacer, sería ir generando avances parciales que permitan ir acoplando fechas electorales en los estados y municipios para tener, por lo menos, una sola fecha electoral al año, incluso en cada estado (hay algunos como Oaxaca, que tienen tres fechas electorales diferentes: una para gobernador, otra para presidentes municipales y una tercera para legisladores locales, sumada a la elección presidencial y a la federal de medio término tenemos que en ese estado hay elecciones de distintos niveles prácticamente todos los años de cada sexenio).
La paradoja de hoy es esa: mientras que las mayores preocupaciones de la ciudadanía están en la economía y la seguridad pública, es en el ámbito de la política de donde pueden surgir las reformas que le terminen generando la estabilidad básica que requiere la administración Fox en la segunda mitad de su sexenio.