Algo está pasando que, desde distintos ámbitos, a buena parte de la clase política le ha brotado un grado de intolerancia hacia la crítica (y por ende a los medios) que nos debe llevar a preocuparnos sobre el futuro de un país que ellos tienen en sus manos. Se repiten los excesos, los actos de intolerancia, las mentiras de muchos políticos que intentan con actos de fuerza acallar las críticas en su contra y, mucho más allá, evitar la función básica de los medios que es informar a la ciudadanía con libertad e independencia, les guste o no.
Algo está pasando que, desde distintos ámbitos, a buena parte de la clase política le ha brotado un grado de intolerancia hacia la crítica (y por ende hacia los medios) que nos debe llevar, francamente, a preocuparnos sobre el futuro de un país que, de una u otra forma, ellos tienen en sus manos. Se repiten los excesos, los actos de intolerancia, las mentiras, el querer tapar el sol con un dedo, de muchos políticos que intentan con actos de fuerza acallar las críticas en su contra y, mucho más allá, evitar la función básica de los medios que es informar a la ciudadanía con libertad e independencia, les guste o no a los políticos.
Vamos a un rápido recorrido de los últimos hechos. Después de dar a conocer los videos de Gustavo Ponce Meléndez, ex secretario de Hacienda del GDF, y de René Bejarano y Carlos Imaz, tanto Joaquín López Dóriga como Víctor Trujillo, el famoso Brozo, recibieron una y otra vez, amenazas en su contra. ¿Por qué? Porque habían dado a conocer unos videos que a algunos no le gustaron.
Semanas después, Sergio Sarmiento escribió en Reforma, y se reprodujo en otros periódicos del país, entre ellos, el Diario de Yucatán, una columna donde coincide con lo que muchos que conocemos el caso y lo hemos investigado hemos dicho: que es una barbaridad que el gobierno de Patricio Patrón Laviada, el gobernador de Yucatán esté empeñando buena parte de su ya escaso capital político en tratar de sacar de prisión a Armando Medina Millet, un hombre del jet set yucateco, acusado y condenado en firme, por el asesinato de su esposa Flora Ileana Abraham, el 15 de noviembre de 1995. Sergio, uno de los periodistas más reconocidos y respetados en el país, señaló en su texto que era preocupante la intervención del gobernador (que desde su campaña para senador se comprometió en sacar de la cárcel a Medina Millet, un amigo de la infancia del hermano del gobernador) que llegó al límite de solicitar y lograr un proceso de juicio político contra todos los integrantes del Tribunal Superior de Justicia del estado, para tratar de forzar una anulación del juicio contra el asesino. El hecho es que ante las presiones del gobernador y por la posición asumida en el tema por El Diario de Yucatán, en una decisión que lastima el prestigio y la trayectoria de ese importante medio, simplemente se censuró a Sarmiento y El Diario de publicar desde entonces, sus textos. Es más, lisa y llanamente, allí no se puede publicar ningún texto que discrepe de la línea oficial asumida sobre el tema.
En el otro polo del espectro ideológico, al jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador y a otros miembros de su administración, les ha salido también la vena censora. En plena crisis de los videoescándalos, un grupo de reporteros, entre ellos Alberto García Sarubi del grupo Imagen, fueron impedidos a entrar en una conferencia de prensa que ofrecía el secretario de seguridad pública, Marcelo Ebrard, porque "no los conocían y tenían temor que fueran orejas de Gobernación" (sic). El propio jefe de gobierno, para evadir la crítica o cuestionamientos de algunos medios, ha optado por descalificarlos por su supuesta posición ideológica: de esa forma, cuando Crónica lo ha criticado o publicado información sobre algún hecho que lo hace quedar mal parado, simplemente descalifica la información argumentando que se trata de un periódico relacionado con el "innombrable", refiriéndose a Carlos Salinas de Gortari, aunque no haya podido mostrar pruebas de ello o, independientemente de que exista o no esa relación, aunque la información sea rigurosamente cierta. Durante meses, hizo lo mismo con televisión Azteca. Cuando Reforma cuestionó el manejo de las finanzas públicas en el gobierno capitalino, no el gobernante no explicó en ningún momento qué sucedía con ello, se limitó a deslegitimar a Reforma calificándolo de un "periódico de derecha" (sic), sin mostrar por supuesto ninguna prueba en ese sentido. Antes había descalificado a quien es, sin duda, uno de los mejores y más importantes cartonistas del país, Paco Calderón, simplemente porque Calderón suele criticar a Andrés Manuel.
Este fin de semana, en el Congreso del PRD se vivió algo vergonzoso. Como se sabe, Cuauhtémoc Cárdenas renunció a todos sus cargos en ese partido porque en declaraciones a dos reconocidos periodistas de La Jornada, Renato Dávalos y Blanche Petrich, el presidente del partido, un viejo amigo de Cárdenas, Leonel Godoy, rechazó la propuesta que éste había realizado al iniciar el congreso del partido de que se disolviera el CEN y que Godoy eligiera uno nuevo, asegurando, Godoy, que si hacia eso se convertiría en un "dictadorzuelo". Cárdenas, como él dijo, por congruencia renunció a todos sus cargos. Godoy, sorprendido y consternado culpó a La Jornada de haber tergiversado sus declaraciones y se hizo un enredo increíble entre lo que debería ser público y lo privado, si lo había dicho a una delegación de Tamaulipas o a los reporteros de La Jornada: lo cierto es que Renato y Blanche tienen grabado al presidente del partido. Pero eso no fue lo grave sino que ese provocador cotidiano que por alguna extraña razón continúa en las filas del PRD, Gerardo Fernández Noroña, pidió entonces, en pleno congreso, "un voto de censura" contra La Jornada y un grupo numeroso de delegados comenzaron a corear consignas contra ese periódico y a romper ejemplares para comenzar a ejercerlo de inmediato. ¿Están locos?¿un partido puede pedir un "voto de censura" contra un medio simplemente porque alguno de sus dirigentes se equivocó en una declaración y así fue publicado?. Es verdad que al día siguiente López Obrador elogió hasta el exceso a La Jornada, pero la pregunta se puede hacer también en otro sentido: ¿quién es el jefe de gobierno para dar certificados de buena o mala conducta a los periódicos de acuerdo con su peculiar forma de ver las cosas?
En la misma Jornada y en El Universal, ayer se publica un artero ataque contra Milenio Diario, contra su director Federico Arreola, contra varios de sus colaboradores y contra quien esto escribe, simplemente porque un oscuro vocero del gobernador Murat, no está de acuerdo con las opiniones que muchos hemos expresado sobre lo sucedido el 18 de marzo pasado en la ciudad de Oaxaca, respecto al presunto atentado contra el gobernador Murat. El funcionario del estado miente muchas veces, elabora un texto tan incomprensible como el propio atentado, modifica lo dicho por él mismo aquella mañana (tenemos copia en audio de sus declaraciones por si le queda alguna duda) y cae, como la investigación que hizo la procuraduría local, en múltiples contradicciones. Pero eso tampoco es lo más grave, este señor, apellidado Velasco, realiza todas esas agresiones, dice todas esas mentiras, pagando con recursos públicos, del estado de Oaxaca (ya lo había hecho con anterioridad, en por lo menos dos ocasiones), desplegados que sirven para atacar periodistas y defender posiciones personales, suyas y de su gobernador. Prácticamente todos los medios, de una u otra forma, han coincidido con lo mismo que se publicó en Milenio Diario sobre lo ocurrido aquel 18 de marzo en el hotel Victoria y todos hemos sustentado las enormes dudas que han generado las contradicciones del gobernador y de su equipo respecto a esos sucesos, tanto que el caso ha sido atraído por la PGR y la propia procuraduría ha exhortado a las autoridades estatales a que no sigan interfiriendo en el caso, además de criticarlos por sus procedimientos periciales. Lo ha dicho todo el mundo: casi nadie le cree al gobierno del estado su versión oficial sobre lo ocurrido esa mañana. ¿Qué mejor imagen de ello que la entrevista que le hizo Brozo al propio Murat y de la cual éste se retiró abrumado por las preguntas de Víctor Trujillo?¿También el gobierno de Oaxaca pagará desplegados para difamar a todos los demás comunicadores que han rechazado la versión oficial de lo sucedido el 18 de marzo en el hotel Victoria?. No les va a alcanzar el presupuesto. Fuera de ello, hay un hecho sencillo de comprender: están violando la ley al utilizar recursos públicos para defender causas particulares. Mejor hubieran dejado al ministerio público federal que dijera la última palabra. Pero parecer tener tanto miedo de ello. Pobres.