El gobierno de Fidel Castro está jugando una partida con el de México, de la que no sabemos las reglas ni mucho menos las consecuencias. Ayer, se anunció de otro detenido en Cuba, con una hasta ahora lejana relación con los asuntos de corrupción del DF. Además de Carlos Ahumada y Antonio Martínez, ahora sabemos también que fue detenido en La Habana, Enrique Arcipreste del Abrego, aquel demandante de una indemnización de mil 800 millones de pesos por el famoso paraje San Juan en Iztapalapa, la zona de influencia de un político hasta hace poco todopoderoso y hoy caído en desgracia: René Bejarano.
El gobierno de Fidel Castro está jugando una partida con el de México, de la que no sabemos las reglas ni mucho menos las consecuencias. Ayer, se anunció de otro detenido en Cuba, con una hasta ahora lejana relación con los recientes asuntos de corrupción en el DF. Además del empresario Carlos Ahumada y su principal colaborador, Antonio Martínez Ocampo (a quien las autoridades cubanas, que lo detuvieron desde el 5 de abril aunque apenas lo anunciaron anteayer, no le han permitido aún asistencia consular), ahora sabemos también que desde hace unos días fue detenido en La Habana, Enrique Arcipreste del Abrego, aquel demandante de una indemnización de mil 800 millones de pesos por el famoso paraje San Juan en Iztapalapa, la zona de influencia de un político hasta hace poco todopoderoso en el DF y hoy caído en desgracia: René Bejarano.
No se sabe porqué se detuvo a Arcipreste. Es verdad que los abogados de Arcipreste son los mismos que representan a Ahumada en el pleito por el equipo de fútbol León. Pero, ¿qué hacia en Cuba y porqué se lo detuvo?¿quién solicitó su detención?. El gobierno del DF tiene una orden de aprehensión en su contra pero no se sabía que hubiera un pedido internacional de captura del supuesto heredero del paraje San Juan. Tampoco el GDF puede pedir la detención de alguien fuera de su jurisdicción.
Nadie sabe porqué fue detenido ni cómo ni porqué, pero si se comienzan a cruzar las fechas, se comprobará que coinciden en buena medida los tiempos previos a que estallara el escándalo del paraje San Juan por la negativa de López Obrador a pagar la indemnización que le había fijado la justicia al GDF, con los "aportes" de Ahumada a Bejarano, primero secretario particular del jefe de gobierno y luego candidato y sin duda futuro jefe, como lo fue de la Asamblea de Representantes; todo ello ante un conflicto que se escenificaba en Iztapalapa, la principal zona de influencia en la capital del país de la corriente que encabezan Bejarano y su esposa, la diputada Dolores Padierna.
¿No sería esa, la del cobro de esa indemnización millonaria, la gestión innombrable que estaba realizando Bejarano para Ahumada, según lo que ambos platican con amplitud en los videos que se divulgaron en su momento? Recordemos que el eje de la plática entre Bejarano y Ahumada que vimos en esos videos es que en ese momento López Obrador no tiene dinero para pagar ciertas deudas (no se especifica cuáles pero son las que le interesan a Ahumada y las que se compromete Bejarano a sacar adelante) porque está invirtiendo en el distribuidor vial (incluso se habla hasta de que ésa es la razón para oponerse a la creación del Consejo de Transparencia). Es una hipótesis a tomar en cuenta porque la explicación de que se trataba de pagos por obras en las delegaciones no parece justificar tamaña inversión de Ahumada en las campañas perredistas en la capital, pero sí lo justificaría una indemnización de mil 800 millones de pesos. La negativa a pagar explicaría también la reacción de Ahumada cuando López Obrador no pagó y permitiría explicar, también, porqué Ahumada terminó destapando los malos manejos financieros del secretario de Finanzas, Gustavo Ponce Meléndez, que era quien tenía que autorizar y pagar esa indemnización.
Entonces la detención de Arcipreste y esta hipótesis, si es válida, podría ayudar a esclarecer el caso Ahumada, pero rompería, aún más, la tesis del complot contra López Obrador: se confirmaría que el origen de todo, diría cualquier buen novelista policial, está y estaba en el dinero, en actos de corrupción dentro de la propia administración capitalina de los que podría o no saber López Obrador, pero que no son parte de un complot gubernamental y sí de problemas internos de esa administración y de las relaciones de algunos de sus funcionarios con empresarios que quieren sacar tajada. Ello se relaciona con la otra pregunta clave: ¿para quién están trabajando los cubanos?, luego de lo Ginebra es evidente que no para el gobierno federal.
Las multas tan temidas
Los partidos políticos, como era previsible, están indignados por las multas que les ha impuesto el Instituto Federal Electoral. Como aquí adelantamos se trata de casi 500 millones de pesos, de los cuales destacan las multas al partido de la Sociedad Nacionalista, sancionado con más de 200 millones de pesos, el PRI con poco más de 87 millones y el PRD con una multa de casi 55 millones.
Las sanciones son muy elevadas y en buena medida históricas, porque sobrepasaron con creces las multas que tradicionalmente recibían los partidos (exceptuando, claro está, los casos relacionados con el pemexgate y con Amigos de Fox), pero que son consecuencia también de nuevos criterios (y de un nuevo reglamento) aplicado por el IFE. La reacción de los partidos contra las multas han sido virulentas: algunos diputados hablaron de un acto de novatez y de busca de legitimación del consejo general del IFE, otros los acusaron de querer destruir el sistema de partidos, no falto quienes responsabilizaran por adelantado a los consejeros del IFE de boicotear con estas multas la reforma electoral que está estancada en la cámara de diputados. Es más, todos los partidos, con excepción del PAN (que pese a haber recibido la más pequeña de las multas, apenas tres millones de pesos, también la rechazó), inicialmente habían hablado de formar una suerte de frente "antiIFE", e incluso se ha hablado de iniciar juicio político contra los consejeros del Instituto. Pasadas las horas las reacciones han sido mucho más moderadas e incluso la declaración de ayer el PRI habla de su respeto al IFE y centra su atención en la apelación que realizará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exponiendo las irregularidades que encuentran en la norma aplicada, en general y en particular contra ese partido.
No me llama la atención la reacción de los partidos ante las multas que les han sido impuestas por el IFE: en última instancia a nadie le gusta que lo multen y más aún cuando esos cargos son tan considerables. Algunos puntos deben ser tomados en consideración: no se les informó, dicen, previamente sobre los nuevos criterios que se utilizarían para evaluar los spots publicitarios y ellos trabajaron sobre los criterios anteriores; se establecieron nuevos criterios para castigar el sobrepasar los topes de campañas (el caso más notorio es el distrito XIII del DF donde el candidato del PRI sobrepasó el tope en 210 pesos y fue sancionado con 340 mil pesos); también se quejan de que no se ha divulgado hasta ahora el monitoreo que realizó Ibope sobre los spots de televisión en la campaña y recuerdan que ese monitoreo lo iba a realizar Ibope junto con Berumen, pero que esta empresa no lo pudo realizar eficientemente, que el IFE le retiró por ello la concesión y la multó con 5 millones de pesos. Se preguntan entonces cómo se pudo monitorear todo el país, si sólo se trabajó sobre el DF, México y Monterrey, con datos, sólo, de Ibope.
Según los informes del IFE, pese a que el monitoreo de medios no pudo realizarse en forma exhaustiva como estaba planeado, se detectaron más de 8 mil 800 spots de televisión que no fueron reportados en sus cuentas de gastos por los partidos, constituyendo ese el principal motivo de que prácticamente todos hayan rebasado sus gastos de campaña en una enorme cantidad de distritos. El partido Convergencia cometió una irregularidad casi infantil: cada partido debe presentar los estados de cuenta de sus cuentas de cheque en cada uno de los 300 distritos electorales en los que se divide el país. Pues bien, por alguna razón, no presentó los estados de cuenta de 286 de los 300 distritos. El argumento fue que los bancos no le entregaban esos estados de cuenta, pero obviamente todos los demás partidos sí los recibieron y sí pudieron exhibirlos. Pero ningún caso fue más descarado que el del partido de la familia Riojas, el de la Sociedad Nacionalista: simplemente este partido familiar no entregó sus informes de campaña, ni sus ingresos ni sus egresos, y simplemente sus cuentas no se pudieron revisar.
Quizás es verdad que el consejo federal del IFE se excedió en la aplicación de algunos criterios, o que algunos de los nuevos criterios de fiscalización se aplicaron en forma excesivamente rigurosa y por lo tanto no legítima, pero las multas vuelven a poner en el tapete el principal problema de nuestra democracia: la relación del dinero con la política y de aquel con la compra de espacios en medios electrónicos, particularmente en televisión abierta, donde se canalizan hasta el 60 por ciento de los gastos de campaña de los partidos.