Terminó el periodo ordinario de sesiones del congreso de la unión como comenzó: sin contar siquiera con una agenda legislativa y sin haber aprobado una sola ley, sin haber sacado adelante una sola iniciativa que genere algún interés en la ciudadanía. Se me dirá que no es verdad: que ayer se aprobó una reforma que obligará al presidente de la república, el día del informe, a antes llegar al recinto de sesiones para escuchar la posición de los partidos antes de pronunciar su propio informe. Es verdad, es importante para los partidos y para quienes analizamos la vida política. Pero ¿en que beneficia o qué le puede interesar eso a personas que no han obtenido ni justicia, ni una mínima reposición del daño psicológico, emocional y material?. Nada.
Terminó el periodo ordinario de sesiones del congreso de la unión como comenzó: sin contar siquiera con una agenda legislativa y sin haber aprobado una sola ley, sin haber sacado adelante una sola iniciativa que genere algún interés en la ciudadanía y le mejore la calificación a unos legisladores que cuentan, según encuesta de María de las Heras, con la más baja de las calificaciones en cuanto credibilidad: cuatro por ciento los diputados y cinco por ciento los senadores, ambos por debajo de los policías que no son, precisamente, los personajes con mayor credibilidad social en nuestro país.
Por eso se genera una terrible distorsión mediática cada vez que se anuncia una iniciativa: el ejecutivo normalmente lanza una propuesta de reforma, la anuncia prácticamente como si fuera un hecho y la envía al congreso. Lo mismo hacen los partidos. Allí suele entrar a la congeladora legislativa o, en algunos pocos casos, sí se discute, pero simplemente no se aprueba, pero tampoco se aprueba nada que implique siquiera una reforma sobre la iniciativa presentada. Todos hablan de la necesidad de reformas pero nadie parece estar preocupado o apurado por sacarlas adelante. En los hechos existe una verdadera parálisis legislativa que comenzó desde 1997 y se mantiene hasta hoy.
Las últimas iniciativas de reformas importantes que se presentaron en el congreso fueron las del sistema de justicia: es una reforma clave para el futuro del país, quizás en muchos sentidos tanto o más importante que la fiscal o la energética porque sin un sistema de justicia seguro y confiable, sin certidumbre jurídica, todo lo demás puede servir de poco. Y todos sabemos que nuestro sistema de impartición y procuración de justicia es sencillamente lastimoso. Esa reforma ha sido acompañada, con lógica legislativa, de una propuesta para modificar las leyes relacionadas con los derechos humanos para garantizar su estricta aplicación. Entre ellas se encuentra la eliminación definitiva de la pena de muerte de nuestras leyes, una disposición que, aunque no se aplique, sí se mantiene en el texto constitucional.
No creo que nada inquiete más a la sociedad que estos temas referidos a la seguridad, incluyendo cuestiones económicas tan dramáticas como el desempleo. De poco sirve tener un trabajo si todos los bienes de una persona o una familia, su propia vida, puede desaparecer en segundos y, además, se sabe que nadie hará siquiera justicia, no hablemos de la reparación del daño. Me escribió una mujer, Gloria (omitamos su apellidos por razones de seguridad), desde el estado de México quejándose por la decisión gubernamental de abolir la pena de muerte, relacionándolo incluso con la defensa que ha hecho el gobierno mexicano en La Haya de los mexicanos condenados a la pena capital en Estados Unidos. Gloria me cuenta una historia terrible pero cotidiana: que hace dos años su padre, un pequeño empresario, fue secuestrado; que les pidieron 15 millones de pesos de rescate, que obviamente no tenían. A su padre lo torturaron, le cortaron un dedo, se le enviaron a la familia para presionarlos y a la familia le decían que todo era su culpa por no pagar el rescate. Vendieron todo: desde la casa hasta dos automóviles y la pequeña empresa familiar, juntaron cinco millones de pesos y pagaron el rescate. Pero, me dice Gloria, "de nada sirvió, mataron a mi papá y lo fueron a tirar a un camino vecinal". A los secuestradores, continúa el relato, los agarraron hace dos meses y hoy están presos, pero la familia ya no va ni a los careos, porque los secuestradores se burlan de ellos en pleno juzgado y además, ya les informaron que "andan de vagos" en la cárcel, uniéndose a otros delincuentes y, lamentablemente, todos sabemos que independientemente de la condena que reciban pueden quedar libres mucho antes y operar desde la cárcel con otras bandas que están en la calle.
Gloria dice, en una opinión que en lo personal no comparto pero que comprendo, que ella pide que se aplique la pena de muerte para este tipo de delincuentes y dice que en las próximas elecciones estatales, en el Edomex y en las elecciones federales del 2006, votará por quien proponga la aplicación de la pena de muerte a asesinos y secuestradores confesos, para que en esos casos no haya posibilidad de error.
No comparto la implantación de la pena de muerte pero Gloria, como muchos otros que han sufrido en carne propia los daños irreversibles de este tipo de delincuentes, sienten que nada está funcionando y que ni el Estado ni el sistema de leyes los respaldan: al contrario, benefician a quienes viven fuera de ellas. La reforma judicial, para modificar radicalmente la impartición y procuración de justicia se presentó el 22 de marzo e implica ocho reformas constitucionales, y una revisión casi completa de todo el sistema, de la operación y las atribuciones policiales, del trabajo de los jueces y de los ministerios públicos. No se ha ni discutido en el congreso: no recuerdo un solo debate sobre el tema y por supuesto esa iniciativa hoy está en comisiones, quién sabe si para septiembre los legisladores tendrán ganas y ánimos como para aprobar ésta o cualquier otra reforma.
Lo que sucede es que están marcados por el desprestigio y la falta de credibilidad pero no están sufriendo la presión social para actuar. Esa presión social es posible y no tiene porqué ser ni ilegal ni subvertir el orden: en Argentina, después de la terrible crisis de hace dos años, se disparó hasta un nivel nunca conocido en la capital de ese país, Buenos Aires, una ola de delincuencia muy similar a la que conocemos en estas regiones: secuestros express, asaltos terriblemente violentos en medios de transporte público, asesinatos por casi cualquier cosa y una presencia creciente del crimen organizado. Un joven fue secuestrado hace poco más de dos meses y fue asesinado; resultó que la policía municipal estaba relacionada con los secuestradores. El padre de la víctima, un empresario de clase media, convocó, sin partidos, sin nada, a través de una entrevista por televisión, a una movilización exigiendo no sólo mayor seguridad sino la aprobación por el congreso de un plan mínimo de seguridad y modificaciones al sistema de justicia. La sorpresa fue que miles y miles de personas salieron a la calle a respaldar esa petición: la presión fue tanta y tan espontánea que obligaron, en horas, a que el congreso se pusiera a trabajar en el tema Y tuvieron que sacar en tiempo récord una propuesta de reforma: algo de lo que se aprobó es positivo, otras cosas pueden ser controvertidas, pero lo notable fue cómo la gente obligó al gobierno (que percibía la movilización como un intento de la "derecha") y al congreso a trabajar y sacar adelante un tema de urgente necesidad que, pese a todo no estaba en la agenda ni de los gobernantes, ni de los legisladores ni, tampoco, de los partidos.
Nadie debe extrañarse (aunque todos deberíamos preocuparnos por ello) de que entonces, en una reciente encuesta de Naciones Unidas, se demuestre que en toda América Latina, incluyendo México, la gente esté en su amplia mayoría dispuesta a sacrificar libertades y espacios democráticos a cambio de eficiencia y seguridad. Si los partidos no comprenden que la gente no está apreciando los beneficios de la democracia, que las instituciones no están preocupadas por las propias necesidades de la gente, que en su legítima lucha por el poder no pueden obviar el sustento del mismo que es la sociedad, iremos, irremediablemente, hacia opciones populistas, restauradoras, salvadoras de la patria, de cualquier signo político o ideológico que constituirán un retroceso notable para el país y para la sociedad.
Ayer fue la penúltima sesión de éste periodo ordinario. Los legisladores en lugar de avanzar en lo que le interesa a la gente, presentaron 44 iniciativas sobre los más diversos temas, pero no aprobaron nada sustantivo. Se me dirá que no es verdad: que ayer los diputados aprobaron una reforma que obligará al presidente de la república, el día del informe, a llegar al recinto de sesiones al inicio de la sesión para escuchar la posición de los diferentes partidos antes de pronunciar su propio informe. Es verdad, es importante para los partidos y para quienes analizamos la vida política. Pero ¿en qué beneficia o qué le puede interesar eso a personas como Gloria que perdieron a su padre y no han obtenido ni justicia ni una mínima reposición del daño psicológico, emocional y material? Nada.