Los bombazos en Jiutepec, Morelos, atribuidos a un comando jaramillista morelense 23 de mayo (CJM-23 de mayo), contra cuatro bancos en una zona ubicada a unos pocos minutos del centro de Cuernavaca, es una confirmación más de las dificultades para mantener la gobernabilidad del estado, pero también explica cómo muchas fichas comenzaron a moverse en esa entidad a partir de la caída, por sus relaciones con el narcotráfico, del jefe de seguridad, José Agustín Montiel, un hombre de confianza del gobernador, actualmente sometido a un proceso por juicio político, Sergio Estrada Cajigal.
Los bombazos en Jiutepec, Morelos, atribuidos a un comando jaramillista morelense 23 de mayo (CJM-23 de mayo), contra cuatro bancos en una zona ubicada a unos pocos minutos del centro de Cuernavaca, es una confirmación más de las dificultades para mantener la gobernabilidad del estado, pero también explica cómo muchas fichas comenzaron a moverse en esa entidad a partir de la caída, por sus relaciones con el narcotráfico, del jefe de seguridad, José Agustín Montiel, un hombre de confianza del gobernador, actualmente sometido a un proceso por juicio político, Sergio Estrada Cajigal.
No se trata de una anécdota ni tampoco de un hecho aislado, como dijo ayer el presidente Fox. En México, en diferentes estados (además, por supuesto de Chiapas) pero sobre todo en Guerrero, Morelos, Oaxaca, en la ciudad y el estado de México y en menor medida en las huastecas, existen grupos armados que operan en forma cotidiana, menos espectacular que la ocurrida en Juitepec, pero no menos contundente: estos grupos suelen trabajar sobre todo en secuestros, en asaltos a bancos y robos hormiga de armas, en ocasiones, sobre todo cuando se trata de grupos pequeños, terminan relacionados con grupos del crimen organizado o infiltrados por grupos policiales o de poder que los utilizan para sus propios intereses.
Los bombazos del CMJ-23 de mayo, podrían ser parte de una de las fracciones más beligerantes de estos grupos: un desprendimiento del Ejército Popular Revolucionario, denominado las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, que comenzó a operar en agosto de 1999, precisamente en Morelos. La CMJ-23 de mayo no era una organización completamente desconocida: ya en varias comunidades morelenses habían aparecido pintadas propagandísticas pero, hasta ahora no había realizado ninguna acción armada, por lo menos no, alguna reconocida como tal.
En el último comunicado de las FARP esa organización anunciaba que estaban culminando su separación del EPR, que se estaban concentrando en la construcción de un nuevo "proyecto revolucionario"; adelantaba que otros grupos también se están separando en aquellos momentos del EPR. Y reconocía algunas acciones de propaganda armada.
Después de ese comunicado vinieron varias acciones menores de estos grupos: hubo una aparición de gente armada en un poblado de Xochimilco, realizaron numerosas pintadas y distribución de hojas en Morelos, apareció (y tan rápido como lo hizo desapareció) un Ejército Villista Revolucionario del Pueblo que se adjudicó algunos atentados menores uno de ellos contra la base aérea militar de Santa Lucía y otro con unos morteros caseros contra las instalaciones de la PFP en la ciudad de México. Antes, en 1999, las FARP habían colocado un petardo ante la sede del Cisen.
No sería descabellado decir que este comando jaramillista está relacionado con las FARP: cuando hicieron su aparición pública en el poblado de San Francisco Tlalnepantla, en el aniversario de la muerte de Zapata, mostraron mayores simpatías que otros sectores del EPR por el zapatismo y realizaron una guardia de honor en la tumba de Manuel Martínez Covarrubias, un fallecido dirigente zapatista. Allí mismo pararon los dirigentes del EZLN durante el zapatour de principios del 2001. Esa zona fue también objeto de una dura operación policiaca organizada poco antes de su caída por el jefe de seguridad de Estrada Cajigal, José Agustín Montiel, cuando se desalojó el palacio municipal tomado por sectores opuestos al presidente municipal de origen priista. En agosto del 2001, las mismas FARP fueron las que colocaron más que explosivos unos petardos, en distintas sucursales de Banamex en el DF y derivado de las investigaciones que se desarrollaron entonces se detuvo, entre otras personas, a los hermanos Centeno, que permanecen detenidos y que, en una información que nunca fue oficialmente confirmada, se dijo que eran, siendo ellos mismos militantes de esa organización, hijos de los principales dirigentes del EPR o de alguna de sus derivaciones.
Pero también conviene rescatar las relaciones políticas de aquel grupo, las FARP, con otras organizaciones: se consideraba que estaban asentados sobre todo en el valle de México, en la ciudad capital, en el estado de México y particularmente en Morelos, tenían ligas con el desaparecido Ejército Villista (para muchos eran lo mismo), con movimientos estudiantiles radicales de la ciudad de México y de Puebla, con los grupos más duros del CGH de la UNAM y con el Frente Popular Francisco Villa.
El tipo de acción (a los de las FARP evidentemente le gusta la colocación de petardos, aunque los de esta semana fueron explosivos más poderosos), la zona en que se realizaron estas acciones, la situación política que vive el estado, todo podría contribuir a hacernos pensar que de allí surge el CMJ-23 de mayo. No sería en absoluto, insistimos, descabellado como una línea de investigación.
Pero la otra línea de investigación tiene que ser la propia situación de inestabilidad política que viven el país y el estado de Morelos, que se presta a cualquier tipo de provocaciones. Existen muchos datos oscuros respecto a lo sucedido en Morelos: algunos piensan que directamente son acciones relacionadas con los grupos de poder, policiales, relacionados con el comandante Montiel actualmente detenido en La Palma, desplazados en las últimas semanas o quizás de sectores del gobierno estatal para provocar solidaridad con el gobernador acicateado por el juicio político en su contra. Existen datos desconcertantes sobre las explosiones como testimonios de personas que vieron al momento de la detonación, una camioneta de transporte de caudales, las testigos dijeron que del Servicio Panamericano, circulando a esas altas horas de la noche muy lentamente frente al propio lugar de la explosión; personajes estacionados la noche anterior durante horas frente a esos bancos, etc. Ocurre, además, a unos días de la cumbre de Guadalajara, un evento importantísimo para la administración Fox y cuando muchos reclaman la existencia de una mano más dura en el gobierno federal en general y en la secretaria de Gobernación en particular. Desestabilizar con una acción de este tipo no debe ser, por lo tanto, una acción imposible de imaginar para cualquiera que quiera hacerlo.
Desconcertó, en este sentido, lo lento de la respuesta oficial que hasta más de doce horas de ocurridos los hechos no habían realizado declaración alguna (en realidad se tardaron casi 24 horas en tener una reacción pública). La investigación puede ser complicada pero siguiendo, por ejemplo, el origen de los explosivos, la base de datos que se cuenta de activistas de estas organizaciones e incluso las imágenes que pudieran proporcionar las cámaras de seguridad de los propios bancos, se podría llegar a conclusiones. Es importante tener resultados, porque sino es eso lo que contamina más el ambiente político y abona el clima de desestabilización.
PRI: el mensaje de la comisión
Tan importante como la propuesta formal de diálogo que le hizo llegar el PRI al presidente Fox y a los dirigentes de todos los demás partidos con registro, es la comisión que el propio Roberto Madrazo designó para esos encuentros: la integran Madrazo, obviamente, pero también los líderes de los grupos legislativos en la cámara de diputados y el senado; Emilio Chuayffet y Enrique Jackson, además de la presidenta de la Fundación Colosio, Beatriz Paredes y el secretario técnico del consejo político nacional, David Penchyna. La alineación es clara: están Madrazo y Penchyna por una parte, representando la actual dirección del partido, Chayffet con su evidente relación con los grupos políticos del estado de México por la otra, y Enrique Jackson y Beatriz Paredes, de grupos no madracistas y con fuerte influencia en el PRI, sobre todo entre los gobernadores, como terceros en discordia. Pareciera ser una suerte de búsqueda de un consenso interno. Lo que resulta inocultable es quien no está en esa comisión: Elba Esther Gordillo, nada menos que la secretaria general del tricolor.