La noticia volvió a conmocionar a los medios de prensa. Otra mujer fue asesinada en Ciudad Juárez: se trataba de una joven de entre 22 y 25 años cuyo cadáver fue abandonado en un terreno baldío en la colonia Nuevo México. Pero Ciudad Juárez no es el único foco de violencia, un caso que si hubiera ocurrido en Juárez hubiera sido noticia de primera plana pasó desapercibido por la prensa en la Ciudad de México. El 19 de mayo pasado una joven funcionaria (26 años) del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Lizbeth Salinas, fue asesinada de una forma terrible.
La noticia volvió a conmocionar a los medios de prensa nacionales e internacionales. Otra mujer fue asesinada en Ciudad Juárez: se trataba de una joven de entre 22 y 25 años cuyo cadáver fue abandonado en un terreno baldío en la colonia Nuevo México. La mujer estaba semidesnuda y los peritos policiales parecían tener tantas dudas que no sabían, dijeron, si había muerto por una sobredosis de heroína o estrangulada (como si se tratara de muertes muy similares, aunque los policías judiciales locales insistieron en lo primero, como si ello pudiera explicar que fue asesinada y arrojada semidesnuda en medio de una colonia popular).
La complexión de la joven era similar a la de muchas otras víctimas en Juárez: delgada, de tez morena clara, joven. Tampoco se trata de un hecho aislado: es la tercera mujer que resultó asesinada en la ciudad en los últimos cinco días. Primero, una mujer de 36 años recibió un disparo en la nuca en medio de un presunto intercambio de disparos entre narcotraficantes. Un día después, una mujer también de 36 años y su hija de 13 fueron asesinadas de varios disparos.
El caso Juárez debe ser, sin duda, esclarecido y a pesar de los recientes esfuerzos federales y estatales poco parece ser lo que se ha avanzado. Pero Ciudad Juárez no es el único foco de violencia, inseguridad y de agresiones inauditas contra mujeres en nuestro país. Un caso que, si hubiera ocurrido en Juárez hubiera sido noticia de primera plana en todos los periódicos pasó desapercibido por la prensa en la ciudad de México. El 19 de mayo pasado una joven funcionaria (26 años) del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Lizbeth Salinas, fue asesinada de una forma terrible.
Ese día, hace exactamente una semana Lizbeth dejó las instalaciones del IFAI ubicadas al sur de la ciudad de México, en la zona de San Angel, frente al centro comercial de Plaza Inn, a las 8 y media de la noche, estaba hablando por teléfono con su novio y le dijo que lo vería más tarde, porque debía llegar a una cita con una compañera de trabajo, en ese momento abordaba un taxi y le aseguró que luego lo llamaba. Fue lo último que se supo de Lizbeth hasta que unas dos horas más tarde, cerca de las 22.50 de ese mismo día, fue arrojada de un automóvil en la avenida Marina Nacional, cerca de la torre de PEMEX.
No se trató de un secuestro más: Lizbeth había sido golpeada hasta provocarle fracturas en el cráneo, en el fémur, en la cadera, presentaba señales de haber sido torturada y violada. Sus pertenencias habían sido robadas y sus tarjetas de crédito saqueadas. Todo en un lapso de dos horas en el cual, además, se movió a la víctima desde el sur hasta la zona poniente de la ciudad. Lizbeth nunca pudo brindar testimonio: falleció poco después cuando se le decretó la muerte cerebral por los golpes sufridos. Apenas si mereció algunos párrafos en algún medio de comunicación. Sus propios jefes, los principales directivos del IFAI, en una reacción inexplicable, no han querido hacer denuncias públicas sobre el hecho para "no generar problemas con López Obrador" (sic) según le han dicho a los propios trabajadores, compañeros de Lizbeth, indignados por lo ocurrido.
No se trata de un crimen realizado sin complicidades: para una agresión de esa magnitud y esas características se necesita, por lo menos, tener alguna casa de seguridad, algún espacio, una organización, un esquema de protección. Pero con el caso de Lizbeth no ha pasado nada, simplemente ahí quedó, para las estadísticas.
Lo más grave es que no se trata del único caso: en el mismo lugar, a la misma hora, por lo menos otra trabajadora de IFAI también fue secuestrada al abordar un taxi y sufrió distintas humillaciones. Aparentemente no perdió la vida (fue arrojada de un taxi en movimiento cuando era trasladada) cuando sus secuestradores creyeron que estaba embarazada. Eso ocurrió antes del secuestro de Lizbeth y no pasó nada.
Pero hay mucho más, a unas pocas cuadras de ese lugar, en pleno Coyoacán, el lunes 17, dos días antes del secuestro de Lizbeth, fueron secuestrados dos jóvenes hermanos, Vicente y Sebastián Gutiérrez Moreno, propietarios de distintas agencias de ventas de automóviles. Los captores pedían por su rescate una cifra millonaria: sus familiares pagaron cinco millones de pesos. Ayer fueron encontrados sus restos en un tiradero de basura en la colonia Tepetate, en el municipio de Los Reyes La Paz, habían sido asesinados de un disparo en la nuca. No hay pistas de los secuestradores y asesinos.
Mientras tanto, en el principal centro comercial de esa zona de la ciudad de México, en Perisur, se han multiplicado tanto los asaltos, los secuestros express, los robos, sobre todo de mujeres (suelen ser abordadas en el estacionamiento al momento de llegar a sus automóviles y en algunas ocasiones son sacadas del centro comercial pero en la mayoría, escoltadas por sus secuestradores armados son obligadas a sacar dinero o se les llama desde allí a sus familiares para que paguen rescates express), que en las colonias del sur de la ciudad de México se está reclamando que se realice un boicot a ese centro comercial visitado por miles de personas diariamente, entre el lunes 7 y el domingo 13 de junio próximos para que las autoridades y los propietarios de ese centro comercial adopten las medidas de seguridad necesarias para que esa ola delictiva se detenga. Esto no es algo nuevo, pero ha tenido un crecimiento geométrico en las últimas semanas.
Quizás no es casualidad que la delegación Coyoacán esté gobernada por uno de los más cercanos colaboradores de René Bejarano, el ex diputado Miguel Bortolini, o que la otra zona donde se ha disparado la inseguridad, la delegación Alvaro Obregón (se han disparado también los robos a casa habitación en toda la zona de San Angel, la misma donde se realizó el secuestro de Lizbeth sin que, aparentemente se haya tomado medida alguna), esté gobernadora por otra delegada en problemas, Leticia Robles a quien, originalmente, Bejarano acusó de haber recibido aquel dinero que todos vimos que le entregaba Carlos Ahumada al ex dirigente perredista en la capital.
Quizás lo que sucede es que las autoridades están tan ocupadas en su propio futuro político que todos los controles se comienzan a perder y por ello este incremento injustificable de la delincuencia.
Pero debe llamar la atención, también, cómo muchas de estas acciones están dirigidas contra mujeres, aunque obviamente el número de hombres que son víctimas de la delincuencia es, siempre, una constante. Por supuesto que lo que sucede en Ciudad Juárez es inadmisible, pero qué diferencia existe entre lo que sucedió con la pobre joven encontrada asesinada en un basurero de Juárez con el terrible secuestro de Lizbeth Salinas, una funcionaria del IFAI, en una de las zonas más exclusivas de la ciudad de México y cuya muerte no fue menos violenta ni cruel.
La verdad, cuando estas historias se comparan con los debates sobre el desafuero sí o no de López Obrador, los desatinos de uno u otro político, las ambigüedades de los partidos a ver si se dignan dialogar unos con otros y todos, o algunos con el gobierno, pareciera que estamos hablando de dos Méxicos diferentes: éste, el de la violencia y la impunidad, el de las agresiones, los secuestros, los asesinatos, el de temor de ciertas autoridades para hacer las denuncias "no vaya a ser que se enoje" alguna otra autoridad, es el que importa y el que nuestros políticos están obligados a atender, a darnos una respuesta. Hoy no la recibimos y desgraciadamente, se extiende desde Juárez hasta todos los extremos del país.