La denuncia la hizo el reconocido periodista Jesús Blancornelas en el semanario Zeta la semana pasada y el lunes fue confirmada por la procuraduría general de la República. En ella, Blancornelas adelantaba la posibilidad de una alianza entre los Arellano Félix y Osiel Cárdenas, vía los Zetas, además hizo un preciso diagnóstico de esta organización. A la misma hora en que Caletri, Arizmendi y Cárdenas supuestamente penetraban en las oficinas del director de La Palma, en Tijuana era asesinado el editor del semanario Zeta, Francisco Ortiz Franco.
Para Jesús Blancornelas y todos los que hacen el semanario Zeta, con solidaridad.
La denuncia la hizo el reconocido periodista Jesús Blancornelas en el semanario Zeta la semana pasada y el lunes fue confirmada por la propia procuraduría general de la República. Los integrantes de Los Zetas, esos militares y policías de élite que fueron enviados hace algunos años a Tamaulipas a combatir al narcotraficante Osiel Cárdenas y que se pasaron al enemigo, que se pusieron a trabajar para el jefe del cártel del Golfo, están en Tijuana. Participaron en una acción que permitió la liberación de cinco gatilleros de los Arellano Félix, especialistas, también en secuestros. Tiempo atrás, agreguemos nosotros, los Zetas habían tomado un penal en Apatzingan, Michoacán, liberando también a un grupo de narcotraficantes y secuestradores, algunos de su propia organización, otros del cártel de los Valencia.
Antes, recordó Blancornelas, Osiel Cárdenas había encabezado una lucha en La Palma para beneficiar a un antiguo enemigo, el jefe del cártel de Tijuana, Benjamín Arellano Félix. Movilizó abogados, familiares, estableció una relación con varios de los principales delincuentes detenidos en ese penal de alta seguridad e incluso se dieron el lujo de publicar desplegados en los periódicos exigiendo mejores condiciones de vida en el penal. Blancornelas adelantaba la posibilidad de una alianza entre los Arellano Félix y Osiel Cárdenas, vía Los Zetas. Además, Blancornelas hizo un preciso diagnóstico de esta organización, señalando con precisión sus bases de operaciones, los lugares donde residen y hasta los billares donde se divierten, sin ser molestados por autoridad alguna, en Ciudad Alemán, en Tamaulipas.
El lunes, la PGR comenzó a reconocer la existencia de esa alianza, incorporando a ella al cártel de los Valencia (michoacanos de origen, en el pasado adversarios de Osiel Cárdenas pero ahora, como éste y los Arellano asfixiados por la presión de las autoridades y, también de distintos grupos relacionados con el cártel de Juárez) y a secuestradores importantes, de peso, como Daniel Arizmendi y Andrés Caletri. Ayer tuvimos una confirmación de esa alianza: en un hecho insólito se aseguró que Osiel Cárdenas, Andrés Caletri y Daniel Arizmendi entraron por la fuerza en las oficinas del director del penal de La Palma, para reclamar por los malos tratos que supuestamente reciben y pidiendo que se les permita convivir con los demás detenidos en el penal.
La pregunta es inevitable: si se trata de tres presos de alta peligrosidad, segregados del resto de la población penitenciaria, constantemente vigilados y aislados entre sí, ¿cómo pudieron ponerse de acuerdo y operar de forma tal de estar juntos y juntos llegar hasta las oficinas nada menos que del director del penal? Varias horas después, la SSP federal, aseguró que "dos reos solicitaron audiencia" por el cambio de director del penal y que éste se entrevistó con ellos en los dormitorios y que como es un penal de alta seguridad, jamás los reos podrían haber roto las medidas de seguridad. Sin embargo esa información provino de los propios agentes de La Palma, y se registró una muy intensa movilización policial que fue explicada por ese incidente luego negado. Recordemos que apenas unos días atrás, uno de los principales lugartenientes de El Chapo Guzmán (quien se escapó de otro penal de alta seguridad, el de Puente Grande en Jalisco), enemigo de Cárdenas y los Arellano, también había sido asesinado en La Palma.
Pero a la misma hora en que Caletri, Arizmendi y Cárdenas supuestamente penetraban en las oficinas del director de La Palma, lejos de allí, en Tijuana, en plena zona de tribunales, a una cuadra de las oficinas de la policía ministerial, en uno de los lugares más controlados de la ciudad, era asesinado el hombre de mayor confianza de Jesús Blancornelas, el editor del prestigiado semanario Zeta, Francisco Ortiz Franco. Es el tercer atentado que sufren los directivos del semanario Zeta en los últimos años: primero fue el director del semanario, Héctor Félix Miranda, asesinado por el jefe de custodias de Jorge Hank Rhon, en abril de 1988; hace siete años, en noviembre del 97, dos sicarios del cártel de los Arellano Félix intentaron asesinar a Jesús Blancornelas: mataron a su chofer y Jesús recibió cinco disparos, pero el fuego cruzado entre los propios asesinos provocó la muerte de uno de ellos y Jesús salvo increíblemente la vida: el atentado estuvo relacionado con la denuncia realizada por Blancornelas sobre la operación en Tijuana de los llamados narcojuniors. Ahora le tocó a Francisco Ortiz Franco, editor del semanario y quien escribía la columna institucional, Para Empezar con la posición oficial de la revista, cada semana.
Es difícil desligar un suceso del otro, primero porque todo indica que la muerte de Francisco Ortiz es un ajuste de cuentas con la revista, exactamente unos días después de que se exhibiera en forma notable el accionar de Los Zetas y su nueva asociación con los grandes secuestradores, Osiel Cárdenas y los Arellano Félix. Poco antes, el semanario también había desmentido la información de que los Arellano estaban descabezados y habían publicado con todo detalle quiénes estaban a cargo del cártel, en qué ciudades y a cargo de cuáles acciones.
El hecho es que la industria del secuestro está, cada día más, ligada a las grandes fuerzas del narcotráfico. Lo ha estado siempre, pero las propias autoridades no terminan de reconocerlo plenamente. El mejor ejemplo se dio en Morelos, cuando vivían en Cuernavaca, Amado Carrillo Fuentes y Juan José Esparragoza, quienes eran protegidos por dos centenares de custodias y policías. Fue cuando se dispararon los secuestros en Morelos y la razón era sencilla: los custodios y sicarios tenían a su servicio infraestructura y protección policial. En sus horas libres unos y otros se dedicaban a aprovechar esa infraestructura y protección para realizar secuestros express o de pocos días, para ganar un dinero extra. Y lo mismo se repite en todas las ciudades del país. Es esa combinación de personajes poderosos ligados al narcotráfico, de numerosos sicarios a su servicio, de una infraestructura que se puede utilizar para diversos delitos, y de una protección policial y jurídica que sirve tanto para delitos relacionados con el narcotráfico como para cualquier otro, lo que permite que ambas industrias, la del narco y la del secuestro, vayan de la mano. Y Morelos fue una demostración palpable de ello, pero el modelo se reproduce en varios puntos del país, comenzando por la ciudad de México.
Pero en un momento en el cual crece la exigencia ciudadana por imponer mayores penas a secuestradores y a los miembros del crimen organizado en general, cuando se comienza a hablar de endurecer las condiciones de detención, de evitar la comunicación de muchos de estos peligrosos delincuentes con el exterior e incluso trasladándolos, sin sus familias, a espacios lejanos como las islas Marías (reconvertidas nuevamente en cárcel de máxima seguridad) han comenzado, también, las reacción de estos grupos, poderosos, organizados y con fuertes intereses que defender.
Pero tampoco se debe olvidar la relación de estos personajes con grupos de poder político. Esta semana, por ejemplo, el semanario Zeta volvió a publicar, como todas las semanas desde el asesinato de Héctor Félix Miranda, un desplegado de toda la página que dice "Jorge Hank Rhon: ¿por qué me asesinó tu guardaespaldas Antonio Vera Palestina? Lic. Eugenio Elourduy Walther: los ex gobernadores Lic. Xicotencatl Leyva, Ing. Oscar Baylón, Héctor Terá Tereán y Lic Alejandro González Alcocer no quisieron ordenar la captura de los que planearon asesinarme. El lic. Ernesto Ruffo Appel sí pudo encarcelar al que me mató y dijo que en este caso "todos los caminos conducen la hipódromo de Agua Caliente". ¿Podrá su gobierno capturar a los que ordenaron mi crimen?, firmado: Héctor Gato Félix Miranda".
Ello viene al caso porque Francisco Ortiz Franco, no sólo era editor de Zeta sino también era el representante legal de la Sociedad Interamericana de Prensa en la investigación que se ha vuelto a abrir sobre el asesinato de Héctor Félix Miranda, con todas las implicaciones políticas que esto conlleva en plena campaña electoral por la alcaldía de Tijuana, cuando el candidato priista es el propio Jorge Hank Rhon.
Y no olvidar tampoco otra cosa: en el proceso de desestabilización que se dio hace exactamente una década en 1993-94, los Arellano Félix fueron una pieza clave para comprender ese proceso. Son, no hay que olvidarlo, una organización que tiene interés en la política. No en vano fueron los únicos que abiertamente decidieron relacionarse con las FARC para el intercambio de armas por drogas y los que establecieron relación con la gente de Vladimiro Montesinos en Perú, cuando éste dominaba los servicios secretos de Fujimori.