El viernes 13 renunció a la secretaría de seguridad pública, Alejandro Gertz Manero y fue reemplazado por el hasta entonces subsecretario de Gobierno de la SG y ex gobernador interino de Guanajuato, Ramón Martínez. El cambio fue sorpresivo por el momento en el que se dio, pero debido a las profundas diferencias internas que se vivían desde el principio mismo de la administración, lo único que permitía preguntarse era porqué el presidente Fox se tardaba tanto en tomar una resolución para homogeneizar un área, la de seguridad pública , dividida y que nunca fue bien entendida y operada por esta administración.
El viernes 13 renunció a la secretaría de seguridad pública, Alejandro Gertz Manero y fue reemplazado por el hasta entonces subsecretario de Gobierno de la SG y ex gobernador interino de Guanajuato, Ramón Martín Huerta. El cambio fue sorpresivo por el momento en el que se dio, pero las profundas diferencias internas que se vivían desde el principio mismo de la administración entre Gertz Manero, el procurador Rafael Macedo de la Concha y el secretario de Gobernación, Santiago Creel, lo único que permitía preguntarse era porqué el presidente Fox se tardaba tanto en tomar una resolución para homogeneizar un área, la de seguridad pública, dividida y que nunca fue bien entendida y operada por esta administración.
Desde el inicio, desde su designación como presidente electo, Vicente Fox cometió graves errores en el área de seguridad: primero, en el periodo de transición, envió a ella a Francisco Molina y a José Luis Reyes, quienes, manteniendo serias diferencias entre ellos, deslizaron la idea de que se retiraría a las fuerzas armadas de la lucha contra el narcotráfico (lo que también proponía entonces Aguilar Zinser) y llegaron a declarar que el mismo no era un problema de seguridad nacional sino simplemente un asunto policial. Obviamente, la tesis desapareció del discurso del presidente electo después de su primera visita a Washington, donde le explicaron con claridad cómo se veía allá y acá ese problema y el papel que desempeñaban las fuerzas armadas, a ambos lados de la frontera, en esa batalla. El presidente escuchó y realizó un cambio de 180 grados en la línea a seguir: terminó colocando en la PGR al general Rafael Macedo de la Concha (que venía de ser el procurador militar en la administración Zedillo), y retomando, a medias, una propuesta que había presentado su rival Francisco Labastida desde antes de la campaña electoral: separó una de las subsecretarías de gobernación y la transformó en la secretaría de seguridad pública, al frente de la cual colocó a quien venía de desempeñar esa responsabilidad en el DF, en el gobierno de Rosario Robles, Alejandro Gertz Manero. Decimos que se retomó esa propuesta a medias porque lo que se estaba construyendo desde la época de Labastida en SG y que se había echado a andar con mucha fuerza durante el periodo de Diódoro Carrasco en la misma secretaria, era una estrategia que tenía que terminar con la creación de esa secretaría pero mediante un fortalecimiento y ampliación de una policía federal con cada vez mayores elementos y atribuciones, de la mano con un sistema nacional de seguridad pública en el cual tendrían que involucrarse todos los gobiernos estatales con el fin de unificar cada vez más las fuerzas policiales y de seguridad. La idea es que en el proceso de consolidación de esas instancias, aunque tuvieran amplísimos márgenes de maniobra, siguieran dependiendo de la secretaría de gobernación porque era la única forma de mantener instrumentos de gobernabilidad en manos de ésta y de darle a esa concentración de fuerzas y esfuerzo un sentido y orientación políticas determinado. Así se había hecho en los tres últimos años de la administración Zedillo y los éxitos habían sido notables, sobre todo en la lucha contra algunas de las principales instancias del crimen organizado.
Pero al inicio del sexenio se tomó, en varios sentidos, la ruta opuesta: se creó primero la secretaría para tratar de generar, desde arriba, esos instrumentos que todavía no estaban consolidados. Pero, además, por diferencias personales y profesionales, todo el equipo que venía trabajando desde años atrás en el área de seguridad pública, inteligencia e información fue retirado de la nueva SSP: salieron el subsecretario y virtual creador del actual CISEN, Jorge Tello Peón; el almirante Wilfrido Robledo Madrid, una pieza clave en la operación de la PFP y quien era su principal operador y sin duda, uno de los mejores policías de México, Genaro García Luna. Mientras Tello Peón decidió su salida luego de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, continuando con una muy exitosa gestión en el ámbito de la seguridad y la información en una de las empresas más importantes de México y del mundo, la suerte de Wilfrido Robledo y de García Luna fue diferente. El primero renunció apenas se conoció el nombramiento de Gertz y el segundo, presentó su renuncia unos días después por graves desavenencias con el nuevo titular. Mientras que a Robledo lo recuperó la secretaria de la marina, Luna García fue llamado a la PGR para crear la Agencia Federal de Investigaciones, con todo un sistema de información y operación que parecía la reconstrucción del sistema de seguridad pública que se había quedado en la SSP. Las cosas se pusieron mucho más graves cuando la SSP inició un proceso penal contra prácticamente todos los funcionarios de primer nivel de la antigua Policía Federal Preventiva, incluyendo a Robledo y a García Luna, además de otros funcionarios de la antigua secretaría de Gobernación que no tenían nada que ver con la operación de la PFP pero que fueron, hasta el día de hoy, perseguidos injustamente, como el entonces oficial mayor de la SG, Gerardo Cajiga. Desde ese momento, la crisis en el sistema de seguridad era inocultable y desde entonces no hubo una colaboración real entre las distintas partes: mientras que la PGR y la secretaría de la Defensa operaban con una estrategia común, en la mayoría de las ocasiones con buena relación con la secretaría de Gobernación, la secretaría de seguridad pública y la PFP iban por otro, al principio con el apoyo del efímero Consejo de Seguridad que encabezó por unos meses Adolfo Aguilar Zinser, pero que nunca terminó de funcionar como tal, hasta que murió de muerte natural.
Mientras existía un enfrentamiento entre la SSP y la PGR-SDN por una parte, comenzaron también las fricciones serias entre Gobernación y Seguridad Pública. Tanto Creel como Gertz han proporcionado, en público y en privado, diversas interpretaciones sobre lo ocurrido pero el hecho es que casi nunca ambas dependencias pudieron ponerse de acuerdo en momentos clave. Ocurrió con las marchas de los comuneros de Atenco que terminaron frustrando la construcción del aeropuerto en Texcoco; sucedió con la toma por un grupo de vándalos ligados al Barzón y a otros grupos de la Cámara de Diputados; días después con la toma de las carreteras de México a Cuernavaca, o con la toma del rancho de la familia Fox por un grupo de braceros y se presentó prácticamente cada vez que desde la secretaría de Gobernación se pedía la intervención de la PFP. Tanto Gertz como Creel esgrimían para esas diferentes actitudes razones de peso, pero lo cierto era que la coordinación era nula.
Las diferencias se pusieron de manifiesto aún con mayor claridad cuando la propuesta para la reforma al sistema de seguridad pública y de coordinación de policías que había elaborado Gertz Manero, no fue presentado por el gobierno federal y terminó siendo presentada como una iniciativa legislativa del partido de Convergencia, mientras que el gobierno, semanas después, enviaba su propia iniciativa de reforma, diferente, en muchos puntos y en su sentido último, respecto a la que había impulsado Gertz. Era evidente que las cosas no funcionaban y cuando hicieron eclosión las quejas contra la inseguridad pública, con la marcha del 27 de junio, Gertz intentó aprovechar la situación para que saliera adelante su propuesta de reforma que tenía apoyo de distintas fuerzas políticas. Pero esa iniciativa no fue incluida en la agenda del periodo extraordinario y en el programa de 60 días que sobre el tema había presentado el propio presidente Fox no se registraban avances serios en el área, precisamente porque Gertz apostó a una reforma que no prosperó mientras que la Sedena y la PGR daban golpes importantes a sectores del crimen organizado. La salida de Gertz era casi inevitable.
Con la llegada de Ramón Martín Huerta podrá haber un área de seguridad por lo menos homogénea en término de estrategias y, muy posiblemente, buscando retomar la línea que se había seguido en los últimos años de la administración anterior, tratando de convertir a la PFP en una verdadera policía nacional. Pero, lo más importante es que el nuevo secretario es de las personas de real confianza, desde las épocas de Guanajuato, del presidente Fox, un presidente que cuando comienza el ocaso de su administración parece quedarse, cada vez más, con los mismos que iniciaron allá en 95-96, la aventura de buscar la presidencia de la república: Marta, Sojo, Muñoz, Huerta. Los demás, como llegaron se han ido.