Se han cumplido cuatro años de la administración Fox y al evaluarla se ha dicho de todo: desde la propia visión del foxismo que considera a su gobierno como un corte de caja histórico en la forma y el fondo de la política nacional, hasta quienes la han calificado como cuatro años de tiempo perdido. México no se transformó mágicamente el primero de diciembre del 2000, no hubo un cambio dramático de políticas e instituciones. Mucho se habló de una suerte de transición de terciopelo, pero ello se aplicó, básicamente, a un solo capítulo de la vida nacional: la alternancia en el poder, un capítulo notable, que quedará en la historia, pero que está lejos de completar el ciclo de cambio que el país requería.
Se han cumplido cuatro años de la administración Fox y al evaluarla se ha dicho de todo: desde la propia visión del foxismo que considera a su gobierno como un corte de caja histórico en la forma y el fondo de la política nacional, hasta quienes la han calificado como cuatro años de tiempo perdido.
En realidad, las visiones absolutas nunca han servido demasiado a la hora de evaluar los gobiernos (y generalmente tampoco sirven para evaluar cualquier otra cosa), pero ninguna de esas dos visiones es siquiera realista: México no se transformó mágicamente el primero de diciembre del 2000, no hubo un cambio dramático de políticas e instituciones. Mucho se habló de una suerte de transición de terciopelo, pero ello se aplicó, básicamente, a un solo capítulo de la vida nacional: la alternancia en el poder, un capítulo notable, que quedará en la historia, pero que está lejos de completar el ciclo de cambio que el país requería. Ha habido, en estos años, transformaciones importantes, algunas impulsadas por el gobierno de Fox, otras por la sociedad, muchas derivadas de la propia evolución de la situación política, social y económica que vivimos.
Pero si queremos analizar realmente en dónde estamos y en qué se ha fallado, tenemos que ver cuáles son los temas, hoy, presentes en nuestra agenda política. Poco parece ser más importante hoy, para nuestros políticos y para la opinión pública, que el asesinato de los agentes de la Policía Federal Preventiva en Tláhuac, la semana pasada. Pero nadie está discutiendo realmente cuáles son las causas profundas de esa historia y de la crisis de inseguridad que vivimos. Lo que tenemos es un vergonzoso proceso de ocultamiento de responsabilidades por parte de distintas autoridades locales y federales.
El otro gran tema está presente, aunque nunca se había presentado con tanta virulencia desde 1997: la indefinición, ante la ausencia de una mayoría en la cámara de diputados que responda al mismo partido que detenta el poder ejecutivo, de muchas potestades del sistema, incluyendo las atribuciones de unos y otros respecto al presupuesto. Paradójicamente, fue el propio Vicente Fox, cuando era precandidato panista quien azuzó muchas de las disputas que ahora se presentan, exigiendo una igualdad absoluta entre ambos poderes, cuando es evidente que, por lo menos en el espíritu constitucional, no es así (si lo fuera viviríamos no en un sistema que intenta ser presidencialista sino en uno parlamentario o semiparlamentario). El hecho es que ello, sumado a la mínima generosidad política de la oposición y el fallido proceso de negociación seguido por el gobierno federal, nos han llevado a una situación que no arreglará la política ni los partidos, sino la Suprema Corte de Justicia. Estamos ante un notable fracaso de la política que confirma porqué estamos por debajo de nuestras propias expectativas como nación.
Todo lo demás parece estar paralizado o gira en torno a temas que sólo sirven para polarizar aún más la situación. El Congreso no está abocado a sacar adelante, con o sin observaciones presidenciales sobre el presupuesto 2005, una ley de presupuesto que permita que no se repitan estos vacíos, tampoco a ley de ingresos tocó alguna de las aristas realmente importantes a la hora de revisar un sistema fiscal que evidentemente desde hace ya muchos años no funciona. No el congreso está dedicado a sacar una ley de radio y televisión que sin duda es necesaria, porque la anterior tiene décadas de atraso, pero que adolece de las mismas fallas que los anteriores intentos de reformas fiscal, energética o política: no parten de negociaciones y acuerdos previos, sino de intereses, legítimos o no, no importa para el caso, de un grupo. Y esa ley, como se ha planteado, está condenada a no pasar el tamiz legislativo y si lo hace será objeto de una confrontación inédita entre grupos de poder mediático y político. En ese contexto en el gobierno federal se dedican horas de trabajo y se vuelven a polarizar posiciones con la legalización de radios comunitarias que unas instancias del gobierno impulsan para quedar bien con algunas instituciones internacionales y otras rechazan porque asumen que violenta el espíritu y la letra de las leyes.
Ahí está en el congreso, con una presión constante de los partidos, la iniciativa para aprobar el voto de los mexicanos en el extranjero, reclamado por los mismos sectores que en el presupuesto que votaron no le dieron al IFE los más de 3 mil millones de pesos que, como mínimo, necesitaría para encarar una decisión de ese tipo. Pero la pregunta va más allá y no se hace: ¿estamos preparados, nuestros sistema electoral dentro del país, está tan bien articulado y es ya tan eficiente (ahí tenemos como ejemplo varias de las recientes elecciones estatales) como para invertir miles de millones de pesos en un proceso incierto y en el que no se podrá tener un pleno control? No hay respuestas sobre el tema, se responde con verborragia, con slogans políticamente correctos que no sirven para abordar la realidad.
Se propone una ley de derechos humanos que seguramente será importante para mejorar las atribuciones y el funcionamiento de la comisión nacional. Se aprueban exhortos de los diputados al presidente para que los trate con respeto, lo que evidentemente no se asume como un acto de reciprocidad. Pero uno debe preguntarse qué tiene que ver todo esto, primero, con el cambio que se buscó hace cuatro años y segundo, con las necesidades reales de la gente. Y debemos respondernos, en uno y otro sentido, que muy poco.
¿Qué es lo que hoy reclama, por encima de todas las cosas, la gente? Mayor seguridad en primer lugar y en ese ámbito no pasa nada: ahí están las iniciativas depositadas en las cámaras sin que nadie se digne siquiera discutirlas; el gobierno federal y los gobiernos locales, no han tomado, después de la mega marcha del 27 de junio pasado (que por su contenido y continente sí demostró un cambio notable en la capacidad de movilización ciudadana), ninguna medida trascendente: la desconfianza y la falta de coordinación mínima entre los cuerpos policiales y de seguridad ha sido exhibida en todo su esplendor con lo ocurrido en Tláhuac. Pero el tema de la seguridad pública y nacional (cuando, nos guste o no, nuestro poderoso vecino del norte se encuentra inmerso nada más y nada menos que en una guerra internacional contra el terrorismo), no está en la agenda de la política y los políticos. ¿Qué mejor demostración que la disminución presupuestal para esos ámbitos decidida por los diputados?
El otro gran tema es el empleo. La economía no está, en los números, mal, pero seguimos sin tener el crecimiento que el país requiere para mejorar su calidad de vida. Lo cierto es que al concluir el 2007 el país crecía por encima del 7 por ciento y ahora, cuatro años después, apenas estamos recuperando el camino. Es verdad que no ha sido responsabilidad exclusiva de la administración Fox, que la situación internacional ha sido determinante en ello, pero tampoco parece haber habido la suficiente inteligencia e iniciativa como para aprovechar plenamente las oportunidades, en buena medida por las fallas estructurales que están presentes en nuestro sistema, en parte porque no se han explotado en toda su dimensión las políticas públicas que podrían generar mayor crecimiento y empleos. No hay reformas energéticas, ni fiscal, ni laboral. Pero ¿ese es el problema principal?
Probablemente no. El cambio no se puede valorar y no se pueden cubrir las expectativas generadas porque ha fallado la estrategia política, porque ni se valoró en su momento correctamente el dato clave de que el presidente no tenía mayoría en el congreso y no se actuó en consecuencia, ni se utilizaron los primeros cien días de la administración para plantear un verdadero cambio sistémico, de Estado, estructural que hubiera sido posiblemente incontenible en ese momento. Pero se perdió el tiempo en las formas y no en el fondo de las cosas y para colmo tampoco se cubrieron aquellas con atingencia. Los cuatro años no han sido tiempo perdido pero tampoco, sin duda, una transformación tan notable que nos lleve a pensar, históricamente, en un antes y un después del foxismo.