No cabe duda que los hechos de San Juan Ixtayopan, en Tláhuac, donde fueron asesinados dos integrantes de la Policía Federal Preventiva, deben ser no sólo investigados, sino también rigurosamente sancionados, tanto en sus autores materiales, como intelectuales, incluyendo a los funcionarios que incurrieron en omisiones para evitar esos hechos.
No cabe duda que los hechos de San Juan Ixtayopan, en Tláhuac, donde fueron asesinados dos integrantes de la Policía Federal Preventiva, deben ser no sólo investigados, sino también rigurosamente sancionados, tanto en sus autores materiales, como intelectuales, incluyendo a los funcionarios que incurrieron en omisiones para evitar esos hechos. La destitución de Marcelo Ebrard y del almirante José Luis Figueroa es parte de ese proceso y tan necesaria resultaba esta medida que en la encuesta que dio a conocer ayer María de las Heras, una encuesta levantada a nivel nacional un día antes de la destitución de los dos funcionarios, nos encontramos con que nada más y nada menos que el 73 por ciento de los encuestados pedían la destitución de Ebrard por los hechos de Tláhuac (y atención, porque un 68 por ciento reclamaba también la del secretario de seguridad pública federal, Ramón Martín Huerta y un 67 por ciento de la delegada Fátima Mena).
Evidentemente, a la hora de establecer qué sucedió en San Juan Ixtayopan, hay que insistir en que muy probablemente no estamos ante una acción espontánea de la gente, sino inducida por personajes ligados a grupos armados y criminales. Por eso la amplitud de las investigaciones y las redadas que está realizando la PGR.
Pero en esa búsqueda de la verdad se pueden cometer también injusticias. Uno de los 29 detenidos por estos hechos no puede ser catalogado ni como miembro de un grupo armado ni como un hombre proclive a participar en este tipo de acciones criminales. Se trata de un hombre respetado y respetable que se ha comprobado que no participó en los hechos y hoy, sin embargo, está detenido acusado de ser uno de los instigadores de los linchamientos. Se trata de Sergio Montealegre, un hombre que trabaja desde hace 14 años en una empresa privada de seguridad como guardia y que ha participado en la seguridad personal de los funcionarios (y sus familias) de la empresa en la que presta sus servicios, FEMSA. La propia empresa lo califica como un hombre con una conducta intachable, un deportista de alto rendimiento, y lo consideran un padre de familia ejemplar. Sergio Montealegre está adscripto a la policía auxiliar del DF como requisito para poder portar un arma, pero nunca fue policía ni trabajó como tal. Pero cometió un grave delito: vive enfrente del lugar, en San Juan Ixtayopan, donde fueron agredidos, asesinados los dos integrantes de la PFP.
No pudo haber participado en esos hechos salvajes y existen testimonios contundentes, además de sus antecedentes laborales y personales, para demostrarlo. Ese 23 de noviembre salió de su trabajo en la planta de FEMSA en la calle 4, número 160, en Pantitlán, en la delegación Iztacalco en el DF, a las 18 horas: existen registros documentados de la hora de su salida luego de cumplir un turno laboral de 12 horas. Además, el propio responsable de la seguridad de la planta brindó su testimonio respecto a que efectivamente a esa hora y no antes, fue cuando Montealegre abandonó su trabajo.
Media hora después, a las 18.30 es cuando comienzan los hechos en San Juan Ixtayopan, pero Sergio Montealegre llega a su casa (desplazarse, en transporte público desde Iztacalco hasta Tláhuac no es nada sencillo) hasta una hora y media después, aproximadamente a las 7 y media de la noche. Poco después de su llegada, dos reporteros, Eduardo Meléndez de Monitor, acompañado por Luis Coronilla, del mismo medio, tocan a la puerta de la familia Montealegre para solicitar el teléfono y poder informar de lo que está sucediendo, porque sus celulares habían perdido la señal. Eduardo Meléndez hizo prácticamente toda la transmisión de los acontecimientos de San Juan Ixtayopan desde la casa de Montealegre. Los dos reporteros estuvieron, hasta concluidos los hechos, cerca de las nueve y media de la noche en el lugar, informando desde la propia casa de Montealegre. Este salió de su hogar sólo en un par de ocasiones para buscar a los reporteros, cuando estos recibían llamadas de su propia estación de radio. A las 21.30 horas, Sergio Montealegre se comunica con su jefe inmediato, Alfonso Zamorano, en la planta de FEMSA en Iztacalco, para comentarle lo sucedido y pedirle el día siguiente libre, en vista de los acontecimientos que se habían sucedido exactamente frente a su casa y por la evidente inseguridad que privaba en la zona no quería dejar a su familia sin protección.
Pero al día siguiente, a las 6 y media de la tarde, en el marco del operativo realizado en la zona, Montealegre y su esposa son detenidos (ella posteriormente es liberada). En la audiencia de desahogo de pruebas, todas son a favor de Montealegre, incluyendo el de otros tres indiciados, que aceptan que ellos conocen a su vecino, pero dicen que no participó en los hechos. En su contra sólo existe un testimonio, el de un joven Francisco Ivan Got, de 15 años de edad, que vive a tres cuadras del lugar y que dijo que presenció los hechos desde las 5 hasta las 9 de la noche, aunque luego rectifica y dice que los observó desde las 7 de la noche. Pero también dice que los observó desde un lugar ubicado a unos 200 metros de donde ocurrieron los hechos. El joven dice que vio a un miembro de la familia Montealegre patear y golpear a los policías e instigar ala gente para quemarlos. Esa declaración se realizó, nueve horas después de la detención de Montealegre y nunca volvió a ser ratificada.
Con base en ello y pese a las pruebas de descargo que incluyen las declaraciones ministeriales de los reporteros de Monitor que estuvieron todo el tiempo en su casa; de su jefe inmediato, tanto respecto a su hora de salida como de la llamada que le hizo en la noche para no trabajar al día siguiente; pese a que en ninguna de las fotografías o videos tomados en torno a estos terribles hechos aparece Sergio Montealegre; pese a que tres de los indiciados que sí participaron en los hechos aceptaron que su vecino no participó en las agresiones a los policías federales; pese a que el propio policía sobreviviente, Edgar Moreno Nolasco, no lo reconoce como una de las personas que participó en la agresión y los linchamientos; pese a la insistencia de la empresa en la que trabaja respecto a sus antecedentes, antigüedad y conducta, Sergio Montealegre fue declarado formalmente preso el 30 de noviembre pasado.
Es una injusticia más que no se puede sumar a la brutal injusticia que significó el asesinato de dos funcionarios públicos que estaban cumpliendo con su deber.
¿Paralelas que se tocan?
En los primeros días de septiembre del año 2000, Raúl Ramos Tercero, subsecretario de Comercio y formalmente encargado de echar a andar el Registro Nacional de Vehículos que encabezaba el "empresario" argentino, Ricardo Miguel Cavallo, que un par de días antes había sido descubierto por un reportaje periodístico como lo que realmente era, un cruel torturador de la época de la dictadura militar argentina, que asoló a ese país entre 1976 y 1983, se suicidó. Ramos Tercero, un tecnócrata eficiente, sin antecedente alguno de corrupción, joven, de 45 años, con cuatro hijos, se habría suicidado de una forma muy extraña, cortándose las venas con un cutter en el Desierto de los Leones, en la periferia del DF. Dejó unas cartas, escritas de puño y letra, desconcertantes, donde decía que no asumiría la avalancha mediática que sufriría por su responsabilidad en la contratación de la empresa Talsud que administraba el Renave. Dejó cartas para su esposa, para su jefe Herminio Blanco, pero nadie comprendió qué había sucedido, porqué los hechos tenían que llevarlo a un suicidio además tan cruel, las cartas, crípticas no lo explicaban. El caso, finalmente, nunca se esclareció y quedó archivado, simplemente, como un suicidio más.
La carta que se encontró entre las ropas de Enrique Salinas de Gortari, es tan desconcertante como las de Ramos Tercero, como extraña resulta la forma en que encontró la muerte, por asfixia. Su caso, para no alimentar las suspicacias políticas, debe tener un final claro, debe ser el resultado de una investigación transparente. No puede ocurrir con Enrique Salinas lo mismo que con Ramos Tercero.