No recuerdo ningún otro momento de un enfrentamiento tan directo y tan rudo del narcotráfico contra el Estado mexicano como el que estamos viviendo en estos días. Es verdad que en 1993-94, el factor narcotráfico fue parte del proceso de desestabilización que sufrió el país e incluso no termina de quedar en claro el grado de participación que tuvo éste en los asesinatos del cardenal Posadas, de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu. Pero incluso en aquel momento, parecía que lo que teníamos era un enfrentamiento de sectores del narcotráfico que de una u otra forma tomaban parte en el proceso sucesorio, pero no una guerra, en sí, contra el Estado.
No recuerdo ningún otro momento de un enfrentamiento tan directo y tan rudo del narcotráfico contra el Estado mexicano como el que estamos viviendo en estos días. Es verdad que en 1993-94, el factor narcotráfico fue parte del proceso de desestabilización que sufrió el país e incluso no termina de quedar en claro el grado de participación que tuvo éste en los asesinatos del cardenal Posadas, de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu. Pero incluso en aquel momento, parecía que lo que teníamos era un enfrentamiento de sectores del narcotráfico que de una u otra forma tomaban parte en el proceso sucesorio, pero no una guerra, en sí, contra el Estado.
Ahora también, probablemente, estamos en una situación similar, pero existen componentes distintos, que hacen cualitativamente diferente el enfrentamiento. Lo que estamos viendo es un desafío del narcotráfico al Estado y a sus instituciones. La respuesta que dio ayer el cártel de Osiel Cárdenas al asesinar en las afueras del penal de máxima seguridad de Matamoros a seis trabajadores del mismo (lo que parece ser más una represalia indiscriminada que selectiva), va en relación directa con la presión ejercida en los últimos días contra el propio Osiel Cárdenas y los otros integrantes de su grupo, que tenían el control del penal de La Palma. El golpe fue muy duro porque no sólo cambió radicalmente las condiciones de reclusión de Osiel, de Benjamín Arellano y de muchos otros, sino que además, desmanteló la organización que el jefe del cártel del Golfo había construido en La Palma y que le permitía dirigir las actividades no sólo del penal sino también de su propio cártel desde la cárcel.
En realidad, lo que estamos viendo en Tamaulipas en estos días no es una casualidad ni tampoco una explosión coyuntural de la lucha entre grupos del crimen organizado. Lo que sucedió fue una combinación de factores donde dos de ellos han sido determinantes: por una parte, el cambio de gobierno y la demostración de que el nuevo gobernador, Eugenio Hernández, aún no tiene el control de la situación. Pero, relacionado con ello y mucho más importante, la comprobación de que Osiel también comenzó a perder los hilos del control sobre su organización cuando, después del asesinato de Arturo Guzmán Loera, se endurecieron las medidas de control en La Palma y, posteriormente, con el cambio de la mayoría del staff en la secretaría de seguridad pública, se rompieron las estructuras de control en el penal, incluyendo el traslado de Daniel Arizmendi -que se había convertido en uno de los principales operadores, dentro y fuera del penal del propio Osiel- a Puente Grande, en Jalisco.
Al observar la repentina debilidad de Osiel Cárdenas y la relativa falta de control que generó el cambio de gobierno en Tamaulipas, distintos grupos se han lanzado a tratar de aprovechar la oportunidad. Por eso los 14 muertos en 20 días en Matamoros; acciones difíciles de imaginar como el secuestro de una veintena de personas en Soto la Marina (de las cuales tres aparecieron asesinadas: el ex alcalde y sus dos hijos); los innumerables ajustes de cuentas, incluyendo muchos que se realizan en Nuevo León (o que se hacen en Tamaulipas pero los cuerpos son arrojados en la entidad vecina). Pero lo más importante es que estas organizaciones, particularmente la de Osiel Cárdenas, han decidido lanzarse a un enfrentamiento directo, frontal, contra el Estado, porque se sienten amenazadas y en el caso del cártel del Golfo el poder, el control no es horizontal sino vertical, personal. Osiel Cárdenas no comparte el poder.
Y por primera vez, como señalamos hace meses, están combinando no sólo la fuerza, la coerción, con la corrupción, sino también un manejo político de la situación, que según las fuentes oficiales deviene, en buena medida, de la relación que establecieron en La Palma, el propio Osiel con detenidos acusados de ser miembros del EPR y el ERPI, presos en el mismo penal. En los hechos, la tesis no es descabellada porque (como ocurrió en su momento en Colombia, sobre todo en la época de Pablo Escobar) los grupos del crimen organizado comenzaron a utilizar las armas del Estado para su propia defensa, dándole a su movimiento un perfil civil que aprehendieron de los grupos armados: organizaciones de abogados democráticos; organizaciones de defensa de los derechos humanos patrocinadas por estos grupos; organizaciones y movilizaciones de familiares pidiendo mejores condiciones de vida y reclusión. En los hechos, pareciera que estamos tratando con presos políticos, con detenidos que están en prisión por sus ideales y no por ser, como son, elementos del crimen organizado considerados de alta peligrosidad para la sociedad. Una de las lecciones que quizás se deberían tomar de estos hechos, es que no se debe mezclar a reclusos de tantos ámbitos diferentes, pero con un interés común como es controlar el penal y mejorar sus condiciones de detención, otorgándoles esos grados de libertad y movimiento.
En La Palma el control lo tenía Osiel, aliado con Benjamín Arellano Félix, pero también su situación era tan sólida porque tenía el apoyo y la operación de grupos de sicarios y secuestradores que respondían, entre otros, a Daniel Arizmendi; porque se establecieron lazos para organizar a los abogados y las familias orientadas por detenidos con experiencia y conocimientos políticos sobre cómo hacerlo. Lo pudieron hacer porque supieron, además, instruir a los propios guardias de seguridad para ser parte de esa trama (¿cómo olvidar que el ex responsable de las prisiones federales Carlos Tornero, tuvo que ir a La Palma a disculparse con los custodias que apenas el día anterior había llamado traidores, por permitir el asesinato de Arturo Guzmán Loera?) y movilizarse a favor de “sus derechos”. Se impusieron por la fuerza y por la corrupción pero supieron utilizar los medios, sacaron desplegados, ofrecieron entrevistas para la televisión, fueron sus familiares al congreso (donde los recibieron unos diputados perredistas a los que, por lo menos, se debe considerar como despistados); impulsaron campañas de desprestigio contra los funcionarios que en mayor medida afectaban sus intereses; supieron moverse mucho más allá que otros grupos del narcotráfico. Esa es la estrategia que se rompió y la que ha provocado una reacción de esta dimensión.
El peligro no está en lo que pueda suceder en los penales, tampoco en las reacciones aisladas de cualquier narcotraficante. El punto es la escalada que puede venir y el involucramiento de la violencia en la vida política y el proceso electoral. Porque se ha comprobado que por lo menos a estos grupos del narcotráfico, les interesa la política y han comenzado a saber cómo operar en ese contexto. ¿Quién puede asegurarnos que el día de mañana no decidan jugar en el proceso electoral?¿que descubran que cuanto más descontrolado esté el ambiente político-electoral y más polarizados se encuentren las posiciones de los partidos y candidatos, mayor será su margen para operar porque los aparatos del Estado se distraerán con esas luchas? No nos olvidemos del 94: algo de eso sucedió entonces, aunque esa vertiente nunca se quiso investigar a fondo, y determinó el escenario desestabilizador. La seguridad, sobre todo en este campo, no debe ser patrimonio de un gobernante, de un partido, es un problema de Estado. Es el Estado el que está siendo desafiado por el crimen organizado. No comprenderlo será demasiado costoso.
Cárdenas, por la cuarta
Muchos perredistas están indignados porque Cuauhtémoc Cárdenas ejerció su legítimo derecho a buscar por cuarta ocasión la presidencia de la república, como si fuera un pecado el haber osado desafiar en ese terreno a Andrés Manuel López Obrador. Parte, obviamente, en desventaja, pero mete ruido en la estrategia del jefe de gobierno porque Cárdenas está recurriendo a una política que puede resultar muy peligrosa para López Obrador: se concentrará en los programas, en la estrategia, en los principios. Quizás no gane la candidatura pero puede exhibir a su contrincante.