El martes López Obrador convocó en horario laboral y en un acto sufragado por el GDF a cuatro mil funcionarios de su administración y les dio instrucciones concretas de cómo enfrentarse a la posibilidad de su desafuero y les indicó que tenían que hacer una campaña casa por casa para movilizar a la sociedad en contra del mismo. Nunca en estos cuatro años de gobierno López Obrador se había reunido con todos los funcionarios de su gobierno para dar instrucciones sobre un programa global de seguridad, ni para delimitar obras públicas, ni para mejorar la atención a la salud de los capitalinos. El objetivo que involucra a toda su administración es personal, es político, es partidario: movilizarse contra el desafuero.
El acto que organizó el gobierno del DF en el teatro Metropolitan el martes pasado es un punto de inflexión en la política que ha seguido el jefe de gobierno en pos de la candidatura presidencial del 2006, pero es también una demostración palpable de cómo entiende López Obrador su propia, personal relación con el poder.
El martes López Obrador convocó en horario laboral y en un acto sufragado por el GDF a cuatro mil funcionarios medios y altos de su administración y les dio instrucciones concretas de cómo enfrentarse a la posibilidad de su desafuero y les indicó que tenían que hacer una campaña casa por casa para movilizar a la sociedad en contra del mismo. Nunca en estos cuatro años de gobierno López Obrador se había reunido con todos los funcionarios medios y altos de su gobierno: no lo ha hecho para dar instrucciones para un programa global de seguridad, ni para delimitar obras públicas, ni para mejorar la atención a la salud de los capitalinos. Nada relacionado con lo que debería ser su mayor preocupación como gobernante: el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad. El objetivo de la primera gran campaña que involucra a toda su administración es personal, es político, es partidario: movilizarse contra el desafuero. Los intereses de los ciudadanos en última instancia quedan supeditados al tema del desafuero.
Ayer mismo, López Obrador insistió en que tenía derecho a que los trabajadores del DF ocupen sus horas de trabajo en esa campaña y en que la misma sea sufragada con el presupuesto capitalino, argumentando que se trataba de un tema público. No es verdad: se trata de un tema privado, con razón o sin ella, el acusado es el propio López Obrador, su preocupación (así lo ha dicho públicamente una y otra vez) no es que no pueda realizar alguna actividad específica en la ciudad, sino que el desafuero lo dejaría fuera de la campaña presidencial para el 2006. Y la candidatura de López Obrador es, nuevamente, una ambición legítima pero también eminentemente personal. ¿Con qué derecho utiliza los recursos públicos de la ciudad para defender su candidatura?¿con qué derecho obliga, da instrucciones, a los servidores públicos del GDF, que se supone no tienen porqué avalar obligatoriamente las ambiciones de su jefe para que lo defiendan?¿eso quiere decir que si alguno de esos mandos medios o altos no apoya la candidatura de López Obrador debe necesariamente renunciar a su actual responsabilidad?
Se podrá argumentar que se trata de real politik, que cualquiera haría lo mismo. Y es mentira. Vayamos a un caso que todos conocemos: el intento de impechment contra el presidente Clinton. Este fue acusado por la mayoría republicana en el congreso de su país, primero, de haber realizado algunas operaciones ilegítimas muchos años atrás para financiar su campaña, el famoso caso Whitewater. Se designó un fiscal especial terriblemente parcial y abiertamente opuesto a Clinton. No encontró nada en Whitewater (a pesar de la persecución feroz que realizó contra varios colaboradores y amigos de Clinton, que llevaron incluso a alguno de ellos al suicidio), pero se encontró, con un manejo lleno de irregularidades e ilegal, con el caso Mónica Lewinsky. No era un asunto penal ni político: la vida sexual de un presidente no está regulada por norma alguna mientras no se aparte de la legalidad. Pero Clinton estuvo a punto de perder la presidencia de su país por esa investigación que gastó cientos de millones de dólares, que violó los derechos del propio Clinton, de casi todos sus colaboradores y su familia (incluso hasta los derechos de la propia Lewinsky, que fue obligada a declarar con artimañas). Durante los años que duró la investigación (casi cinco de los ocho que gobernó Clinton), el entonces presidente estadounidense prohibió estrictamente la utilización de cualquier recurso de la administración o del partido demócrata para su defensa. No utilizó siquiera el apoyo legal de la Casa Blanca, él y todos sus colaboradores pagaron, algunos hasta arruinarse económicamente, su propia defensa. El propio Clinton y su esposa Hillary, continúa hasta el día de hoy pagando las facturas millonarias de los abogados acumuladas en esos procesos, que vistos retrospectivamente fueron totalmente injustos y fueron considerados, esos sí, como parte de un complot de la ultraderecha. Cuenta Clinton en su libro Mi Vida que cuando comenzó a airearse el asunto Lewinsky en su gabinete se comenzó a proponer una estrategia para contrarrestar esa acción. Clinton exigió a su gabinete que no se hablara en el gabiente más del caso y ordenó que se mejoraran todos los resultados de sus políticas públicas. Que sus funcionarios hicieran mejor su labor y que lo dejaran a él resolver sus problemas legales. Y eso fue, dice el propio Clinton, lo que le permitió romper con el “complot” en su contra: los excelentes resultados de su administración. Pero nunca involucró a ésta, ni a sus funcionarios, mucho menos a los recursos públicos de los que gozaba como gobernante, en su defensa. Exactamente lo contrario de lo que está haciendo el jefe de gobierno capitalino.
Porque además, como dijimos aquí, todo esto es parte de la campaña presidencial de AMLO. El desafuero allí está y, como también dijimos, lo más probable, como se están dando las cosas, es que no haya tal, que no se apruebe en la cámara o, incluso que el proceso se alargue tanto que el propio jefe de gobierno tenga que solicitar licencia para lanzarse oficialmente a la campaña presidencial antes de que decida el desafuero. Pero lo importante en todo esto es que, con la coartada del desafuero, el jefe de gobierno ha puesto a toda la administración capitalina y sus recursos a disposición de su campaña electoral. En el camino todo se va desdibujando: no sólo se paga la estrategia antidesafuero con recursos públicos sino que se inicia una etapa más de los segundos pisos en el Periférico con empresas que obtuvieron los contratos por adjudicación directa, sin licitación pública y no sabemos a qué se comprometieron ni cómo se les está pagando; lo mismo se ha hecho con todas las obras en el Paseo de la Reforma: contratos por adjudicación directa sin consulta, ni licitación pública. ¿Alguien podría decir que esas empresas no colaborarán con recursos en las campañas de López Obrador?¿ese es, nuevamente, el compromiso de transparencia y honestidad de la administración del DF?
Se trata de graves errores que muestran el peor rostro del jefe de gobierno y comienza a generar costos. Ayer en una declaración que llamó muchísimo la atención, el líder de la UNT, el dirigente de los trabajadores telefónicos, Francisco Hernández Juárez, hasta ahora cercanísimo aliado de López Obrador, declaró que el jefe de gobierno está tan preocupado por su desafuero que descuida el gobierno de la ciudad y que está convocando a la resistencia civil porque no está seguro de su inocencia. Nunca antes, Hernández Juárez se había expresado de esa forma de López Obrador. Quizás se trata, también, de la creciente distancia que existe entre Carlos Slim (y recordemos el peso del director de Telmex sobre el sindicato de su empresa) y el jefe de gobierno. Quizás también se trate de que la convocatoria a la resistencia civil y a la participación de toda la administración en la defensa del jefe de gobierno, puede ser una buena carta política de cara a la campaña del 2006, pero es, también, una forma de jugar al aprendiz de brujo, liberando fuerzas que después no se podrán controlar.