La fuga del Chapo Guzmán el 19 de enero del 2001 tuvo muchos anuncios previos. Siguiendo con la historia que le contábamos ayer, hay que recodar (ver el libro de este autor La Batalla por México, Taurus 2012), que desde noviembre de 1997, la comisión de derechos humanos del estado de Jalisco, que encabezaba Guadalupe Morfín, había sido informada, tangencialmente, de los hechos de corrupción que se daban en el penal de Puente Grande, originalmente por una dirigente del grupo armado Procup allí detenida, Ana María Vera Smith.
Guadalupe solicitó autorización para visitar ese penal y le fue negado, argumentando que se trataba de una instancia federal y que por lo tanto no tenía jurisdicción. Dos años más tarde, llegó a las oficinas de la comisión estatal un custodio para denunciar las irregularidades que se cometían en el penal y cómo estaba siendo coercionados por sus propios compañeros para que se incorporara a una amplio esquema de corrupción que, desde aquellas fechas, controlaba el penal. Guadalupe envió un informe pormenorizado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tardó meses en contestar a pesar de que las denuncias se sucedían y ya no era un custodio sino tres quienes las presentaban. Finalmente el tercer visitador de la CNDH, Arturo Peña Oropeza, mediante el oficio 012965, del 4 de mayo del 2000, contestó que el caso no era de la incumbencia de la CNDH, ya que se trataba de un problema “laboral”.
El 24 de agosto del 2000 se enviaron a la CNDH y a otras instancias gubernamentales nuevos testimonios: en ellos se hablaba del ingreso de mujeres al penal y del movimiento de mercancías e instrumentos para los presos. Ya se habla de “los jefes”: de El Chapo Guzmán, el Güero Palma y el Texas. Unos días después llegan más detalles: el 26 de agosto entraron al área de “los jefes” dos damas escoltadas por elementos de vigilancia, mientras que por la aduana del penal ingresaron varios vehículos con contenidos muy voluminosos. Así se había festejado el cumpleaños de un detenido. La CNDH respondió que las autoridades habían adoptado medidas, que se había cambiado a un comandante y que ya no habría problemas.
El nuevo comandante duró en su puesto quince días y fue reemplazado por quien sería uno de los principales organizadores del esquema de protección de “los jefes”: el propio jefe de seguridad del penal, Luis Francisco Fernández Ruiz. Los custodios eran ya cinco y pedían una protección que nunca les llegó. A las presiones dentro del propio penal se sumaban las agresiones a tubazos y una fecha que no podía sobrepasarse: el 20 de noviembre, previo a la llegada del nuevo gobierno, para que “no encuentren problema y todo pueda seguir igual”.
El 9 de noviembre del 2000 los custodios presentaron otra denuncia: informaron de los nombres de algunos de los comandantes que estaban participando en el esquema de protección de El Chapo. En el documento se especifica que, además de los nombrados anteriormente (Fernández Ruiz, Fernández Mora, Pulido Rubira y Pérez Díaz), participan también Jacinto Bello Cobarrubias, Miguel Angel Godínez Cárdenas, Jesús Becerra Reyes, Jesús Candelario Castillo, Edgar Jiménez Pineda, Francisco Javier Tadeo Herrera, Manuel Minjarrez, Raúl Sarmiento Carrizosa, Jaime Efraín Rizo Estrada y Arturo Sánchez Ramos.
El 13 de noviembre, Guadalupe Morfín enviaría otro informe a la CNDH, con detalles sobre estos hechos y demandando que se adoptaran medidas para preservar la integridad física de los denunciantes. La respuesta está fechada el 4 de diciembre: el tercer visitador de la CNDH decía que no tenía medios para preservar la integridad física de los denunciantes y tampoco solicitó esa protección a las instancias que podrían proporcionarla, básicamente porque seguía considerando el conflicto como “laboral” y le informa al informante original que su queja ya ha sido “tramitada y archivada”.
El 17 de enero (faltaban apenas dos días para que se conociera de la fuga de El Chapo) dos de los custodios llegaron a la oficina de Guadalupe Morfín. Acababan de recibir, con un mes de retraso, la comunicación de la CNDH donde les decían que su caso quedaba archivado y que no podían protegerlos. Sin embargo, según la propia CNDH, apenas el 12 de enero había informado a la secretaría de seguridad pública federal, de la que depende el control de los penales federales del país, del expediente completo del caso de Puente Grande.
El día 15 llegaron personas que se presentaron como visitadores de la CNDH y funcionarios de SSP, se alojaron en el hotel Lafayette de Guadalajara y comenzaron a citar a los denunciantes: empezaron por uno y le pidieron que los llevara a las casas de los otros. Paradójicamente, la exigencia era que se desistieran de las quejas presentadas porque “no tenían manera de probar sus dichos”. La fuga aparentemente, ya estaba en marcha. El lunes concluiremos esta historia.
Jorge Fernández Menéndez