Finalmente la Sección Instructora de la cámara de diputados volvió a poner mayor suspenso a la definición del tema del desafuero de Andrés Manuel López Obrador y decidió postergar hasta el viernes su resolución respecto al dictamen. Resulta bastante incomprensible que los miembros de la sección instructora pidan ahora 48 horas más para poder terminar de ?analizar el expediente?.
Y finalmente las Sección Instructora de la cámara de diputados volvió a poner mayor suspenso a la definición del tema del desafuero de Andrés Manuel López Obrador y decidió postergar hasta el viernes su resolución respecto al dictamen del caso. Resulta bastante incomprensible que después de 10 meses en los cuales el tema del desafuero se ha visto desde los más diversos ángulos, los miembros de la sección instructora pidan ahora 48 horas más para poder terminar de “analizar el expediente”.
En realidad, pareciera que los problemas son otros: existirían diferencias entre los distintos sectores del priismo sobre el sentido del voto de los dos integrantes de la sección pertenecientes a ese partido, Francisco Frías y Rebeca Godínez, que reflejarían, a su vez, posiciones distintas sobre el tema de Emilio Chuayffet y Manlio Fabio Beltrones. Si a ello sumamos que apenas ayer, regresaron a México tanto Roberto Madrazo como Elba Esther Gordillo (ésta ahora sí, dicen, ya recuperada y dispuesta a incorporarse nuevamente de lleno a la vida política) se comprende que en el priismo hayan pedido más tiempo para decidir qué hacer, sabiendo que, de acuerdo a esa decisión, jugarán mucho de su capital político para el 2006.
De todas formas, el debate de los últimos diez meses ha estado marcado por el mayor maniqueísmo y a la teoría del complot enarbolada por López Obrador desde la aparición de los videos con actos de corrupción de sus colaboradores, se ha contrapuesto una estricta (por esquemática) visión legalista del caso. Con todo, en términos de opinión pública, en estos meses ni siquiera ha quedado en claro qué se está decidiendo en el caso del desafuero, y ello ha fortalecido la posición de López Obrador y sus seguidores, aunque esa visión se aleje dramáticamente de la realidad. Hoy, no cabe duda que ninguna campaña publicitaria podría haber rendido más frutos al jefe de gobierno que el desafuero.
¿Existen elementos legales para solicitar el desafuero? En mi opinión sí. El jefe de gobierno en muchas oportunidades pudo haber acatado la decisión de los jueces y no lo hizo, estuviera de acuerdo con ellas o no. El desacato es una realidad. ¿Se podría haber procesado el caso de otra manera? Probablemente sí, sobre todo si el gobierno capitalino hubiera actuado de otra forma y, también si las autoridades judiciales hubieran actuado con mayor celeridad. ¿Se trata de una excepción en el accionar del jefe de gobierno del DF o de una norma? Parece ser mucho más lo segundo que lo primero: cada vez que López Obrador está en desacuerdo con una resolución judicial o legislativa suele desconocerla. Lo hizo con varias resoluciones judiciales (ahí está el caso Eumex, por ejemplo) y también legislativas, sobre todo cuando aún no tenía mayoría absoluta en la ALDF, como ocurrió con diversas leyes en las que ejerció parcial o totalmente el llamado veto de bolsillo (no publicando o publicando parcialmente una ley) o la ley de información pública sobre las actividades y gastos del gobierno capitalino. Aún hoy, pese a todas las promesas y compromisos, el GDF sigue sin abrir información que va desde los contratos de adjudicación directa para diversas obras hasta el manejo de los fideicomisos con los que se han realizado las obras viales como el segundo piso del Periférico.
Aún en ese contexto ¿le sirve a alguien todo lo sucedido con el desafuero? Existe un beneficiario, el propio López Obrador, que en todo momento actuó para llevar el caso a una polarización en la que no tuvieran espacios los grises y todo se definiera entre blancos y negros. ¿Podría esa visión, desde el otro extremo del escenario político, ser compartida por algunos priistas y panistas? Por supuesto, porque los duros de esos partidos también consideran que con la polarización podrían ganar. Pero todos ellos nos han ocasionado un daño institucional brutal. Ninguno creo que haya sido más notable que el equiparar al desafuero con un golpe de Estado: se puede entender como un exceso retórico, pero nunca como una expresión política y jurídica. Se ignora en esa argumentación que la acusación contra López Obrador, proviene de un largo proceso judicial en el cual, en muchas oportunidades, el jefe de gobierno podría haber frenado el mismo y no lo hizo; se olvida que incluso si se decretara el desafuero, ello no implica que se le estén quitando los derechos políticos a López Obrador: que éste puede ampararse y tiene un amplio espectro de posibilidades legales que desplegar para defender su causa y participar (como ojalá lo haga y no veo como, con o sin desafuero, ello se vaya a impedir) en el proceso electoral del 2006.
Hablar de golpe de Estado, lo dijimos en su momento, lo reiteramos ahora, es desconocer en la teoría y sobre todo en la práctica, lo que significa para una sociedad un golpe de Estado. Quizás en la lógica polarizadora ello se convierta en una oscura expresión de deseos dentro de una estrategia política destinada a dividir a la sociedad en buenos y malos, pero en términos de la realidad política es un exceso imposible de sustentar.
La estrategia del jefe de gobierno, en este terreno, ha tenido éxito: hoy y desde hace meses, ése es el tema de debate. Para sectores de la población ha logrado convertirse en una víctima; los errores de operación de sus adversarios los ha capitalizado en su favor; en la lógica de generar una profunda desconfianza en las instituciones ha logrado que hoy, prácticamente todas las instancias del Estado estén, para esos mismos sectores, bajo sospecha y la mejor demostración de ello es la declaración de Manuel Espino que acusó a la PRG de “torcer” la investigación en el caso de Nahum Acosta: ¿si la PGR, según el poco reflexivo presidente nacional del PAN, puede “torcer” una investigación que involucra a un ex funcionario de la presidencia de la república, porqué no habría que creerle a López Obrador respecto a que también pudo “torcer” la investigación del caso de El Encino? La estrategia del jefe de gobierno ha sido, desde su punto de vista, exitosa. El costo institucional y político de ello, como sociedad, con o sin desafuero, apenas estamos comenzando a pagarlo.
El recambio en el IFAI
Hoy se despedirá del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) el comisionado José Octavio López Presa y se debe designar un reemplazo que surgirá de una propuesta del presidente Fox que debe ser avalada por el senado de la república. La decisión que se tome puede buscar fortalecer el perfil del IFAI y del futuro de una política de transparencia de la información gubernamental o simplemente tratar de utilizar esa plaza para ocupar una posición. ¿Cuáles son las opciones? En el gobierno federal se están impulsando dos nombres: uno es, como se ha informado, José Luis Méndez, un hombre muy cercano a Ramón Muñoz. También se contempla a Sergio López Ayllón, actual académico del CIDE, un hombre que tuvo un papel importante en el proceso de diseñar la ley de transparencia. Pero también existen otras candidaturas que podrían darle al IFAI una trascendencia política mayor: dos de ellos son ex consejeros electorales, se trata de Mauricio Merino y de Jacqueline Peschard, a los que aún se extraña en el IFE y, por otra parte un especialista de los más reconocidos en el tema: Juan Francisco Escobedo.