Y Nahum Acosta quedó en libertad. De nada sirvieron las advertencias y el cruce de información con los organismos de inteligencia estadounidenses que avisaron oportunamente sobre sus relaciones con el narcotráfico. Tampoco sirvieron las pruebas encontradas en la casa del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva. Ni las grabaciones del ex jefe de giras de la presidencia de la república con el propio Beltrán Leyva, donde éste le preguntaba, entre otras cosas, dónde le podía dejar a pasar su ?navidad?.
Y Nahum Acosta quedó en libertad. De nada sirvieron las advertencias y el cruce de información con los organismos de inteligencia estadounidenses que avisaron oportunamente sobre sus relaciones con el narcotráfico. Tampoco sirvieron las pruebas encontradas en la casa del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva. Ni las grabaciones, que en cualquier otro caso hubieran sido un elemento demoledor, de las llamadas del ex jefe de giras de la presidencia de la república con el propio Beltrán Leyva, donde éste le preguntaba, entre otras cosas, dónde le podía dejar a pasar su “navidad”. De nada sirvieron los testimonios de los trabajadores de la casa de Acosta, que aceptaron haber recibido dinero de parte del “ingeniero Beltrán” para el ex jefe de giras y haberlo depositado en una de sus cuentas. Menos aún fueron tomados en cuenta los datos sobre el negocio de la “playa” (así lo denominaron en una conversación telefónica) entre Beltrán y Acosta, que era en realidad un spa en Acapulco que estaba en construcción.
No era sólo eso: había mucho más y la investigación podía llegar mucho más arriba, pero un juez, apenas unas horas después de la consignación, con todo ello decidió que “no había elementos”, que todo esto, incluyendo pláticas grabadas con un capo del narcotráfico, era insuficiente para juzgar a Acosta por delincuencia organizada y decidió dejarlo en libertad. ¿Se imagina qué hubiera sucedido si cualquiera de nosotros hubiera pasado por el mismo trance?
Es una de esas decisiones que sólo pueden generar sospechas, a horas de que argumentando razones escrupulosamente legales (que insisto que están en ese caso, desde mi punto de vista, están fundamentadas) se decidió el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y cuando el propio presidente Fox se vanagloriaba en Roma de los altos niveles de calidad de nuestro sistema legal y nuestra justicia. Si con todo ese cúmulo de pruebas, un juez decide que no hay lugar siquiera para continuar con la investigación de Nahum Acosta, que no hay elementos para juzgarlo, tenemos que preguntarnos, entonces, qué es lo que está pasando con la justicia y cuál ha sido la verdadera intención de esa decisión. Sobre todo porque involucraba a un hombre que trabajó durante cuatro años con el presidente Fox: ese solo dato obligaba a llevar la investigación y el caso hasta sus últimas consecuencias. No se hizo así.
De todo esto hay tres beneficiarios indudables: uno, sin duda, es el propio Acosta, que queda en libertad; el otro es López Obrador que podrá, con o sin razón en su caso, fortalecer su tesis de la justicia selectiva; el tercero es el nuevo presidente nacional del PAN, Manuel Espino, que comenzó su gestión al frente del panismo, en medio de las sospechas del caso Acosta, un hombre que él había llevado a trabajar a Los Pinos y, de seguir adelante la investigación, podría haber terminado siendo involucrado en la misma. Manuel Espino, en pleno proceso de desafuero, dijo una y otra vez que la PGR estaba torciendo las investigaciones, favoreciendo la causa de López Obrador al tiempo que trataba de defender a Acosta; este fin de semana volvió a ahondar en lo mismo y vio la liberación de su ex empleado como un triunfo personal: lo es, porque con Acosta juzgado y en prisión la legitimidad de Espino, de por sí muy golpeada por sus propias declaraciones y errores en este mes al frente del PAN, hubiera estado aún muy lejos de consolidarse.
¿Se trató de la decisión de un juez o hubo también operación política para liberar a Acosta y con ello quitarle presión a Espino? Nadie puede asegurarlo, pero lo segundo es casi inocultable: cuando Espino criticó a la PGR en pleno desafuero de López Obrador, fue recibido en Los Pinos y nadie, en el equipo gubernamental, ni siquiera lo reconvino. Cuando el juez aceptó la orden de aprehensión de Acosta, se sabía que la investigación podría llegar a más de un miembro del panismo de Sonora, pero aceptada la orden de aprehensión, parecía evidente que el juicio debía continuar y si era así, en la propia presidencia de la república sabían cuál sería el horizonte que se tendría que abordar. Y todo hace pensar que en los principales ámbitos de decisión política del país, tuvieron, una vez más, miedo de las fuerzas que ellos mismos habían desatado. Una falsa real politik, que confunden con pragmatismo, los hace pensar que lo mejor es no ahondar en las cosas, no profundizar en su propia cirugía del sistema político, o hacerlo sólo cuando les es favorable. Sigo pensando que la mejor frase que escuchamos el jueves en San Lázaro, fue la de Carlos Javier Vega Memije cuando advirtió que las impunidades del pasado no deberían ser la coartada para exigir la impunidad en el presente. Pero entonces ello se debe aplicar a todo y a todos. Y una vez más parece que estamos ante un caso de justicia selectiva: en este caso, en el Acosta, se utilizó aquello de que al amigo justicia y gracia, al enemigo la justicia a secas.
Por supuesto que la ruta no debe ser retroceder aún más el camino para darle salida política a todas las demandas judiciales, como algunos alegan (o sea utilizar las impunidades del pasado para justificar las del presente). La ruta debe ser exactamente la contraria: se debe exigir cada vez más a las distintas autoridades que hagan cumplir la ley y que la impunidad desaparezca. No está siendo así. Parece que vamos en el rumbo inverso: desde el gobierno del DF, desde el PRD, pero también desde el gobierno federal y desde el PAN pareciera que quieren una procuración de justicia que sea “políticamente correcta”. Que investigue donde deba hacerlo e incluso sea inflexible pero que no moleste los intereses creados. Que no se toque a López Obrador (vamos, que ni siquiera un subprocurador vaya a misa, como va regularmente, cerca de la casa del ex jefe de gobierno porque eso es considerado una “provocación”, según el propio Alejandro Encinas), pero que tampoco se vaya a rozar ni con el pétalo de una rosa los intereses de la nueva dirigencia panista con todo lo que ello implica, aunque en uno y otro caso, con distintas magnitudes y delitos, haya elementos como para proseguir las investigaciones.
La justicia hubiera hecho un notable aporte a la hora que vive el país si además de avanzar en el caso de López Obrador, hubiera aceptado que continuaran las investigaciones hacia arriba del caso Nahum Acosta, con todas sus implicaciones. El gobierno y las instituciones podrían haber mostrado que, ahora sí, en los temas de justicia no habría fueros políticos, directos o indirectos, que no habría decisiones políticas en los casos judiciales. En esta oportunidad, cuando todo obligaba a que así fuera, no lo hicieron y pareciera, entonces, que la línea que se quiere imponer es la de organismos de procuración de justicia, como decíamos un par de semanas atrás, a modo, cómodos, donde éstos no se involucren en asuntos que puedan molestar a los principales protagonistas políticos o que lo haga sólo cuando ello es conveniente.
La decisión judicial en el caso Acosta es vergonzosa, la actitud que ante ello han tomado algunos de los involucrados es similar. Los costos serán, en todos los sentidos, muy altos y, para colmo, queda la sensación de impunidad, pero ello no diluye la impresión de la protección política ni reconstituye la legitimidad de los involucrados. Un paso atrás cuando se está tan cerca del despeñadero puede ser demasiado peligroso.