Lo adelanto Gonzalo Altamirano Dimas el sábado pero lo confirmó el secretario de Gobernación, Santiago Creel el lunes y lo ratificó el martes: la administración Fox está dispuesta a encontrar una salida política al caso López Obrador ?después? de que concluya el proceso judicial.
Lo adelantó Gonzalo Altamirano Dimas el sábado pero lo confirmó el secretario de Gobernación, Santiago Creel el lunes y lo ratificó el martes: la administración Fox está dispuesta a encontrar una salida política al caso López Obrador “después” de que concluya el proceso judicial, lo que ha llevado a confusiones y aparentes contradicciones entre las distintas áreas del gobierno federal.
¿Qué plantean en los Pinos y Gobernación? Primero, consignar al ex jefe de gobierno para que esté a disposición del juez y tratar de cortar la posibilidad de que López Obrador regrese al gobierno capitalino el próximo lunes, lo que en Los Pinos y la PGR se considera como una violación a la ley. Luego esperar la decisión del juez sobre el caso e independientemente de ello esperar la resolución de la Corte sobre las dos controversias constitucionales que tienen en sus manos los ministros Olga Sánchez Cordero y José Ramón Cossio Díaz. De acuerdo a lo que se resuelva en esos casos (si el juez decide que López Obrador es inocente o la Corte acepta los términos de la controversia planteados por la asamblea legislativa del DF los problemas de López Obrador prácticamente concluyen), en lo que están pensando en el gobierno es en buscar una salida política que podría pasar por buscar una sanción para el ex jefe de gobierno que incluya una multa o algo similar e impida su inhabilitación y que por lo tanto le permita competir en la elección presidencial del 2006. En otras palabras, que el juez acepte que López Obrador cometió un delito pero que no tenga una responsabilidad penal por ello.
¿Es posible? En términos teóricos sí, pero debe ser parte de un acuerdo político mucho más amplio donde lo más preocupante es que son demasiadas las cosas que están sueltas porque no han quedado en las manos de los principales actores de esta historia y porque tampoco se sabe si todos ellos están dispuestos a participar en ella. Además de que implica, en los hechos, un giro estratégico en la lógica que el gobierno ha tenido en este tema durante meses y podría generar aún más confusión (o en el caso de López Obrador, como decíamos el lunes, la percepción de que la administración Fox está dudando y ello lo llevaría a radicalizar sus posiciones).
¿Cuáles son los capítulos que están sueltos? Muchos, pero sobre todo tres: primero, las decisiones judiciales. Cualquier acuerdo que se realice no podrá sobrepasar las decisiones que tome el juez que lleve la consignación de López Obrador ni tampoco las decisiones que sobre la controversia constitucional deberá tomar una Suprema Corte que está sufriendo un infame embate, un intento de golpe de Estado, como ya se ha dicho, contra el ministro Mariano Azuela (que lleva a pensar en las actuaciones de personajes como Alberto Fujimori, Hugo Chávez y ahora el presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez que trataron de reforzar su poder destruyendo a las respectivas cortes de justicia de sus países), y que quizás no acepte participar, en estas circunstancias, aunque sea tangencialmente, de una negociación política. Un segundo punto es que se requiere que la actuación gubernamental sea homogénea. En los hechos, hay aspectos centrales en este sentido: puede ser que presidencia, la PGR y Gobernación no estén diciendo cosas necesariamente enfrentadas entre sí, pero tampoco puede “parecer” que lo están haciendo, y para ello hay principios inexorables: no puede “parecer” que, después de todo lo que han dicho, den la impresión de que se están echando para atrás o que ahora sí, la ley puede ser negociada. Tampoco, como ocurrió en el caso de Atenco y el aeropuerto, que cambiaron de línea simplemente porque los presionaron. Y si no tienen mucha más claridad en su accionar y sus declaraciones, eso es exactamente lo que pasará.
Y tercero y principal, es mucho más importante que el propio López Obrador quiera estar en esa lógica de negociación y muestre voluntad política para ello. Hasta ahora no lo ha hecho: ayer mismo reiteró que, pese a que el gobierno federal asegura que ya no puede ocupar ese cargo, el lunes 25 buscará retornar a la jefatura de gobierno. También insistió en que la única salida política posible sería que el presidente Fox reconociera que se equivocó y que retire los procesos en su contra. La idea de López Obrador parece ser forzar la consignación para acortar los tiempos legales y, luego, si se da alguna salida política, demostrar que se impuso al gobierno federal. Claro que paradójicamente, con esas dos medidas, el intento del regreso al cargo y la no aceptación de una salida diferente a la que él mismo plantea, estaría “reventando” esa posibilidad.
Pero que algo se está moviendo, lo demostró la diputada priista Rebeca Godínez, secretaria de la Sección Instructora, quien se asegura que fue la redactora del dictamen que se aprobó el 7 de abril y que contenía la contradicción sobre el momento en que López Obrador se quedaba sin cargo y sin fuero. La diputada Godínez asegura que, desde su punto de vista, López Obrador perderá el fuero y el cargo sólo cuando el juez acepte la consignación e inicie el proceso penal en su contra, por lo que opina que podría retornar a su cargo el próximo día 25 si lo desea, al contrario de lo que sostienen la presidencia de la república y la PGR. Ningún dirigente priista ha contradicho a la diputada Godínez por lo que se debe suponer que ésa es la línea que maneja el priismo, en esta ocasión en alianza con el PRD. Una posición, la del PRI, que resulta increíblemente cómoda, ante los cambios de posición y las dudas de sus dos principales adversarios atrapados en un laberinto legal y político.
Regresemos a la pregunta original ¿puede haber una salida política? Sí, puede haberla ahora; se la pudo haber encontrado hace muchos meses con que simplemente López Obrador hubiera utilizado los espacios judiciales que desechó; puede existir en el futuro, una vez que los jueces tomen una decisión sobre el caso, pero lo que no puede haber es salidas políticas que no estén basadas en la voluntad política de los actores. Y nada indica que, por ejemplo, López Obrador esté aceptando ser parte de una negociación en la cual, el resultado pueda ser diferente a mostrar un gobierno débil que cedió a sus presiones. Sin ese capítulo, sin esa voluntad, además de todos los imponderables que no están en manos del gobierno federal ni del propio López Obrador, no habrá salida alguna. Porque además, como decía Arthur Schopenhauer, “no hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué punto se dirige”.
El Papa de hierro
El cardenal alemán Joseph Ratzinger, conocido desde ahora como Benedicto XVI, se caracterizó a lo largo de las últimas décadas por ser uno de los hombres más cercanos a Juan Pablo II pero también como un teólogo durísimo contra cualquier desviación de la ortodoxia, que le llevó a ser llamado el cardenal de hierro y que, con todo el apoyo de la Curia Romana que acompañó durante los 26 años de su papado a Juan Pablo II, no sólo aspira a ser un continuador de esa labor, sino también, si nos atenemos a lo dicho en sus últimas apariciones públicas antes de ser ungido papa, buscará dar una vuelta de tuerca a la ortodoxia. Ratzinger es un firme opositor al laicismo y a lo que él llama el relativismo (o sea a la duda científica), tiene un tono apocalíptico y pesimista, que contrastará con la imagen de vitalidad que trasmitía Juan Pablo II aunque compartiera mucha de sus concepciones ideológicas y teológicas. Ha nacido “el papa de hierro”. Ya analizaremos más las consecuencias de su designación.