Es verdad que algunos sectores del Estado mexicano han mantenido una lucha intensa y desigual contra el crimen organizado y en particular con el narcotráfico. Es verdad que, como consecuencia de esa lucha se han roto estructuras y otras se han transformado en organizaciones criminales mucho más horizontales, más difícil de combatir y, también, por ello mismo, con mayores enfrentamientos internos. Tampoco se podría negar que esas organizaciones, han profundizado el proceso de enraizarse en el ámbito local, buscando, literalmente, ?liberar? territorios para tener el control real de los mismos.
Es verdad que algunos sectores del Estado mexicano han mantenido una lucha intensa y desigual contra el crimen organizado y en particular con el narcotráfico. Es verdad que, como consecuencia de esa lucha se han roto estructuras y otras se han transformado en organizaciones criminales mucho más horizontales, más difícil de combatir y, también, por ello mismo, con mayores enfrentamientos internos. Tampoco se podría negar que esas organizaciones, por sus mismas características y estructuras, han profundizado el proceso que enraizarse en el ámbito local, buscando, literalmente, “liberar” territorios para tener el control real (no el formal) de los mismos. Lo que sucede en Nuevo Laredo es evidente: una y otra vez los comandantes de las policías locales o delegados federales en la ciudad, son asesinados enviando el mensaje de que nadie, si no es con el respaldo de esos grupos, podrá asumir esa responsabilidad. Y de formas menos explícitas, el mensaje se repite, una y otra vez en distintas regiones del país.
Lo que ha sucedido también, desde hace ya un tiempo, es que se han roto las reglas en estas batallas: se han roto entre las propias organizaciones de narcotraficantes y en la relación del Estado con éstos. Entre los grupos del crimen organizado lo que estamos viendo es que no existe respeto alguno por territorios: durante años, por ejemplo, las relaciones entre las organizaciones de los Arellano Félix y las dependientes del cártel de Juárez, mantuvieron una guerra feroz, con recíprocos y numerosos intentos de asesinatos de sus líderes y operadores, pero en realidad, salvo momentos muy especiales, los territorios de influencia de cada uno de los grupos, en general, eran respetados: había incursiones, tanteos, se aprovechaba cualquier debilidad del rival, había territorios en disputa, pero, con todo, existía un cierto respeto mutuo sobre las verdaderas zonas de control de cada grupo. Incluso en el plano personal había aspectos que no se tocaban: las familias por ejemplo. Durante muchos años de enfrentamientos, las familias fueron respetadas, sobre todo las esposas e hijos, salvo casos tan terribles como el asesinato de la esposa y los hijos de Héctor Luis El Güero Palma, hace ya muchos años. La excepción era, por supuesto, que éstos estuvieran participando activamente en el negocio, entonces la regla de protección desaparecía.
Hoy esos dos principios parecen haberse ignorado. El intento de control de territorios se da en todo el país y en todos los espacios: la confrontación es cotidiana y pareciera que estamos asistiendo a una suerte de reacomodo global de las organizaciones del mundo del crimen organizado y el narcotráfico que aún es muy temprano para saber cómo quedarán finalmente estructuradas. Recordemos, además, que el poder del narcotráfico va de la mano con su relación con factores de poder político y económico, y hoy vivimos, en esos ámbitos, al igual que en los mundos de las organizaciones criminales, un momento de incertidumbre, de vacíos de poder, de desgaste, de recomposición de fuerzas e instituciones, que se refleja, también, en el combate entre los grupos del crimen organizado.
Tampoco pareciera recordar nadie aquella regla de no “actuar” contra las familias. Cada vez más, sobre todo desde la ejecución de Rodolfo Carrillo Fuentes y su mujer, en Culiacán, el año pasado, es más normal y hasta cotidiano enterarnos de los ajustes de cuentas en las que son víctimas un número muy alto de mujeres, en ocasiones ejecutadas junto con su pareja.
En el combate del Estado al narcotráfico también pareciera que algunas reglas se han roto también. Algunas decisiones adoptadas con personajes como Nahum Acosta pudieran ser una demostración de ello. Pero también ha llamado la atención la persecución oficial a Archivaldo Iván Guzmán Salazar, el ahora famoso Chapito , hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, e incluso las acusaciones por lavado de dinero contra 14 miembros de la familia del que hoy es considerado el principal narcotraficante del país.
En el caso de El Chapito , sus abogados han insistido en que se trata de una persecución destinada a presionar a su padre, sin ningún sustento legal. Un par de jueces, con sentencias muy controvertidas, se apresuraron a reducir las acusaciones contra el joven y fue una vez que obtuvo su libertad, la semana pasada, cuando se le abrieron otras averiguaciones para finalmente arraigarlo 90 días en una casa de seguridad de la PGR.
Si se tratara simplemente de una persecución al hijo del Chapo Guzmán con el único objeto de apresar a su padre, estaríamos ante una situación realmente conflictiva, difícil de justificar incluso en la muy especial ética de la batalla contra este tipo de delincuentes. Pero todo indica que en el caso de El Chapito , sí existe no sólo un involucramiento del joven con los negocios de su padre, sino también en por los menos un par de asesinatos: y una de las reglas que se deberían respetar es que ese tipo de actividades no pueden quedar impunes, aunque se termine persiguiendo a la familia de un jefe de un cártel.
Hay muchos datos para algunos deben consignarse para comprender plenamente al historia en torno al Chapito . El 13 de febrero del 2005, la policía ministerial de Zapopan en Jalisco detuvo a cinco personas, en una camioneta Cherokee donde transportaban a otra persona que había sido secuestrada con el objeto de asesinarla, aparentemente por un adeudo de un cargamentos de drogas perdido en Texas. En las inmediaciones de donde fueron detenidos estos cinco sicarios, se encontró muertas a otras dos personas. Alguien del grupo de los detenidos habló y se detuvo a otros tres miembros del grupo que portaban una pistola calibre 45. Uno de ellos dijo llamarse y se identificó como Alejandro Cárdenas Salazar, pero la información recabada permitió confirmar que en realidad, ese detenido se llamaba Ivan Guzmán Salazar y era el hijo de El Chapo , lo que finalmente fue confirmado por éste una vez trasladado a las oficinas de la SIEDO en la ciudad de México. También se descubrió que utilizaba otra identidad: Antonio Magalón, alias “El Anima”. Tanto el hijo de Guzmán Loera como los otros detenidos fueron acusados de portación de armas de uso exclusivo del ejército y lavado de dinero. En ese contexto se da la detención, también de su prima Claudia Adriana Elenes Salazar, acusada de colaborar en las actividades de lavado de dinero con Iván Guzmán. Pero existe otra investigación contra Iván Archivaldo, vinculada al homicidio de una pareja, entre ella una joven canadiense, ocurrido el 23 de abril del 2004 a las puertas de un bar llamado Balibar, derivado de una enfrentamiento entre Alfredo Gómez Díaz, quien acompañaba a Iván Archivaldo y esa pareja. Luego de la discusión, el grupo, en el que participaba el hijo de El Chapo abandonó el bar y esperó en un automóvil BMW a que saliera la pareja del bar. Cuando eso ocurrió partió el automóvil en su persecución escoltada por una camioneta pick up. El copiloto del automóvil, Alfredo Gómez Díaz, disparó entonces contra los jóvenes y los mató. Los asesinos huyeron. Pero el testimonio allí estaba.
No sé, nadie puede saberlo, si la detención de El Chapito busca presionar a su padre para que cometa errores y pueda ser reaprendido. Pero también parece ser verdad, que su hijo ya era parte de la propia organización y que cometió demasiados delitos que, aunque se violen reglas no escritas en la lucha contra el narcotráfico, deben ser castigados.