El caso de las autorizaciones de casas de apuestas otorgados a unas horas antes de renunciar a su cargo en Gobernación, puede convertirse en el mayor error político de Santiago Creel, por lo menos de cara a la búsqueda de la candidatura presidencial.
El secretario Creel se involucró solo, con su equipo, en un tema que le terminará costando, suceda lo que suceda, muy caro.
El caso de las autorizaciones a casas de apuestas otorgados a unas horas de renunciar a esa responsabilidad, puede convertirse en el mayor error político de Santiago Creel durante su paso por Gobernación, por lo menos de cara a la búsqueda de la candidatura presidencial de su partido. Si en el tema del aeropuerto de Texcoco el ex secretario podía argumentar que se presentaron problemas legales e incluso que no quería fomentar el enfrentamiento social, si podía argumentar que el movimiento en su contra estaba avalado y financiado no sólo por el PRD sino por grupos radicales; si a la falta de acuerdos legislativos podía oponer el razonamiento de que la oposición no quiere llegar a los mismos y eso los torna imposibles; si a quienes han argumentado que la secretaría de gobernación no tenía en sus manos las riendas del control del país, se les podía responder que la decisión de inicio de sexenio de quitarle a éste las áreas de seguridad la debilitaron institucionalmente y le quitaron músculo; si cuando se aborda el tema de la marcha atrás en el desafuero de López Obrador, se puede responder que se buscó no hacerlo crecer vía la victimización y que el proceso fue parte de divergencias internas en el equipo de gobierno; ahora en la historia de las casas de apuestas no hay margen de respuesta posible: el secretario Creel se involucró solo, con su equipo, en una tema que le terminará costando, suceda lo que suceda, muy caro.
No se trata de analizar si esos permisos fueron o no legales. No me cabe duda de que deben serlo: sería una torpeza demasiado grande que en un tema tan delicado, además, se hubieran violado las normas siquiera administrativas. Pero de lo que no cabe duda es que se trata de un error político, y cada vez que quiere explicarlo, Creel parece estar atrapado en una arena movediza: cuando se mueve se hunde. Creel ha dicho que los permisos los autorizó el comité del sector, pero éste tiene facultades sólo consultivas; luego el ex secretario dijo que la autorización fue responsabilidad del director de juegos y sorteos, pero el subsecretario Felipe González aseguró que en realidad fue él el responsable de las autorizaciones, pero el hecho es que ninguna autorización de esa magnitud, con todo lo que implica, puede dejar de pasar por el escritorio del secretario de Gobernación, incluso así lo establece la norma y sería impensable que políticamente no fuera así, sobre todo cuando un secretario está a punto de dejar esa responsabilidad para lanzarse a una campaña presidencial y la principal beneficiaria de esos permisos es la principal empresa de comunicaciones en el país.
A fines del sexenio pasado, se dio la posibilidad, absolutamente legal, de entregar una serie muy importante de concesiones de radio y televisión: se realizaron todos los trámites correspondientes, se revisaron las ofertas y, literalmente, estaba hasta redactada la lista de quiénes serían los beneficiarios. El tema se analizó, como debía ser, no sólo en las oficinas de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación, sino incluso en Los Pinos, ante el presidente Zedillo. Allí se decidió que el trámite era completamente legal y transparente, pero que políticamente, a menos de un año de las elecciones y siendo el entonces ya ex secretario de Gobernación, Francisco Labastida, el candidato del PRI, ello era inviable y sería imposible de explicar a la opinión pública. Aún hoy, hay políticos priistas que aseguran que si el gobierno federal hubiera dado ese paso, ello hubiera hasta podido cambiar el resultado electoral del 2000. No lo creo, al contrario, lo más probable es que al divulgarse la información, hubiera generado tantas reacciones negativas y sospechas que, de haber ganado Labastida la elección, ello le hubiera restado muchísimo en términos de credibilidad. Y tampoco hubieran apoyado intensamente a Labastida los medios que hubieran sido beneficiarios de esas concesiones. Al contrario, podría haber ocurrido que, para conservar esa credibilidad, hubieran endurecido aún más el discurso contra su hipotético benefactor.
Esto mismo podría suceder ahora. Habrá auditorias de todo tipo y se comprobará que el proceso de entrega de esos permisos para casas de juegos, en particular los otorgados a Televisa, son enteramente legales, pero el ahora precandidato y su equipo, dentro y fuera de la secretaría de Gobernación, se han hecho bolas, no lo han podido explicar y eso será lo que le generará un costo muy alto en términos políticos, porque generará, fundadas o no, sospechas, y sus adversarios (dentro y fuera del PAN) no quitarán el dedo del renglón e incluso Televisa se verá obligada a endurecer su información sobre las actividades de Creel, porque ante la menor indulgencia pagará en términos de una credibilidad por la que ha luchado y mucho en los últimos años.
El problema es mayor porque se trata de Creel y del PAN. Por tradición, por formación, por su propia historia, no es lo mismo en el PRI, con Roberto Madrazo, por ejemplo, o en el PRD, con López Obrador: sus electorados les tienen confianza y votarán por ellos por otras razones. Asumen que entre los priistas puede haber pasados alejados de la más estricta legalidad pero los apoyarán porque les da certidumbre y capaces de garantizar la gobernabilidad. Todas las denuncias de corrupción sobre el PRD, incluyendo el equipo más cercano a López Obrador, no lo han afectado a éste en su electorado duro porque allí a lo que apuestan es a llegar al poder, como sea y contra quien sea. El PAN y Creel (como los otros precandidatos panistas) tienen que apostar ante su electorado a las convicciones democráticas y a su rechazo a la corrupción en cualquiera de sus formas. Y de la misma manera que para Madrazo o los priistas, lo peor es que no se les considere confiable, o para López Obrador que las expectativas de su triunfo electoral disminuyan, para Creel el tener que hacer frente a estas acusaciones, estén o no basadas en infundios, es políticamente muy doloroso ante todo frente a su propio electorado, a ese millón de panistas que votarán por el candidato de su partido para el 2006. Es verdad que ante un enemigo externo, se pueden consolidar los respaldos en torno a un precandidato al que se puede ver como víctima, pero en el caso del electorado panista, no me queda en absoluto claro, que esa vaya a ser su reacción. Y tampoco queda claro, como saldrá el precandidato Creel de este embrollo y qué costo pagará por ello. Pero que habrá costos, de eso no cabe duda.
La opción de Ulises ¿y de Madrazo?
Apenas este domingo escribíamos en Milenio Semanal , que de la actitud que tomara la administración del gobernador oaxaqueño, Ulises Ruiz, tanto en el caso del periódico Noticias, como en las recomendaciones que le hizo la CNDH en los casos de quien este escribe y de Leopoldo Mendivil, se estaría marcado no sólo el destino de Ruiz, sino también, en buena medida el de su jefe, Roberto Madrazo. Ulises ha sido a lo largo de los años uno de los principales operadores del tabasqueño, que no acepte las recomendaciones de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión y que lance un ataque tan burdo y directo contra el principal periódico de su estado, en un caso que ya tiene repercusiones internacionales, es una torpeza de la que no se podrá deslindar el gobernador Ulises Ruiz, pero tampoco su jefe político, el precandidato Roberto Madrazo. Este debería ser el más interesado en que Ruiz y su equipo, comenzando por su secretario de gobierno, Jorge Franco, muestren un poco de sensatez. Como decíamos el domingo, ya no por acuerdos políticos o ideológicos, sino para aceptar las mínimas reglas éticas del juego democrático. Si ese es el ejemplo que pone Ulises y si Madrazo no se deslinda de esas prácticas y personajes, ya podemos imaginar cómo concebirá la libertad de expresión el precandidato priista.