Ayer, Alejandro Encinas, y Leonel Cota Montaño, hablaron sobre los gastos excesivos en las campañas electorales, poniendo el acento en los gastos que ya realizan quienes están en precampaña. Lo hicieron sin llegar a los límites declarativos de su jefe por no dejarlo hacer, aunque sea ilegal, el famoso redondeo. Decía AMLO que él pensaba recaudar con ello unos tres millones de pesos. Es una mentira más del jefe de gobierno, aunque sea una mentira a medias: no es verdad que esté pensando en gastar tres millones de pesos en su labor proselitista, está gastando desde hace meses muchos millones, pero sí es verdad que todos, incluyéndolo a él, también estando gastando mucho más que lo establecido.
Ayer tanto el seguro sucesor de Andrés Manuel López Obrador en el GDF, Alejandro Encinas, como el presidente nacional de ese partido, Leonel Cota Montaño, hablaron sobre los gastos excesivos en las campañas electorales, poniendo el acento en los gastos que ya realizan quienes están en precampaña. Lo hicieron sin llegar a los límites declarativos de su jefe, López Obrador que lo más suave que le dijo al IFE es que se trataba de unos “hipócritas” por no dejarlo hacer, aunque sea ilegal, el famoso redondeo. Decía AMLO que él pensaba recaudar con ello unos tres millones de pesos mientras en los otros partidos gastan millones. Es una mentira más del jefe de gobierno, aunque sea una mentira a medias: no es verdad que esté pensando en gastar tres millones de pesos en su labor proselitista, está gastando desde hace meses muchos millones, pero sí es verdad que todos, incluyéndolo a él, también estando gastando mucho más que lo establecido.
¿Qué se entiende por gastos de precampaña?¿acaso la publicidad cotidiana del jefe de gobierno en todos los medios: radio, televisión, prensa, no debe ser considerada como destinada a la campaña?¿acaso la carta que envió a todos los capitalinos (millones de ejemplares) anunciando que deja el GDF para lanzarse a buscar la presidencia, no es un gasto de campaña?¿no se entiende como gasto de campaña que todos y cada uno de los spots que se trasmitieron en radio y televisión en el estado de México y Nayarit hayan tenido su imagen, su voz, su respaldo? Podríamos preguntarnos también de dónde salieron y a dónde fueron a parar los recursos que se tomaron del presupuesto para la campaña contra el desafuero, dónde quedaron las “aportaciones voluntarias” de los trabajadores del GDF, o mucho más simplemente a dónde fueron a parar los 12 millones de pesos que recibió su ex secretario particular y coordinador de campaña, René Bejarano a consecuencia del chantaje que ejecutó contra Carlos Ahumada. O porqué casi todas las obras del GDF han sido por adjudicación directa y casi ninguna licitada. Nada de eso ha respondido el jefe de gobierno y próximamente precandidato presidencial del PRD. Una cosa es segura: dinero a López Obrador no le va a faltar, porque vaya que ha logrado organizar en estos años, utilizando un presupuesto de más de 80 mil millones de pesos, su “cochinito” electoral.
Tampoco tendrán problemas de dinero, lo están demostrando todos los días, la mayoría de sus adversarios: en el PRI no sólo ya han pagado casi por completo la multa que les impuso el IFE de mil millones de pesos, sino que todos sus aspirantes han logrado hacer campañas de mucha presencia en los medios: y eso se aplica tanto para Roberto Madrazo con la publicidad de la fundación Carlos Madrazo, como para todos los integrantes de Unidad Democrática, particularmente para Arturo Montiel y Enrique Jackson pero también para Tomás Yarrington, Enrique Martínez, y Manuel Angel Núñez Soto. O se pudo ver en la campaña del estado de México que austeridad no habrá.
En el PAN, sobre todo Santiago Creel ha tenido una enorme presencia en medios en las últimas semanas y ha debido que enfrentar toda una cauda de acusaciones que van desde el tema de las casas de juego hasta la propia denuncia de Francisco Barrio de que se lo está apoyando desde el gobierno y la dirección del partido. Al mismo tiempo, pese a todo lo que se ha dicho, se comprobó que en el estado de México, Rubén Mendoza Ayala puso al aire más anuncios que Enrique Peña Nieto. No le falta ni le faltará dinero al PAN para competir en las elecciones del año próximo.
¿Violaron la ley todos estos aspirantes presidenciales? En algunos casos sí, o transitaron en el límite de ésta, pero en otros probablemente no, porque nadie regula las precampañas hasta que éstas se convierten oficialmente en tales y nadie lo puede controlar porque los propios partidos, los mismos que se acusan recíprocamente de excederse en gastos y violar las leyes, han dejado inerme al Instituto Federal Electoral para intervenir en estos casos. Resulta por lo menos cínico que algunos dirigentes partidarios se escandalizaran la semana pasada porque se le dio el registro a Alternativa y Nueva Alianza y con ello un presupuesto a cada partido de 30 millones de pesos, cuando eso es lo que gastan cada uno de sus aspirante en sólo unos días de actividades proselitistas.
El problema no es sólo que no hay controles legales para todo ese proceso, sino que además, no se avanzó en nada en la legislación sobre medios y elecciones: la idea de que toda la publicidad fuera distribuida por el IFE o que se utilizaran sólo tiempos oficiales para ella, no tenía ninguna posibilidad de convertirse en realidad. Pero sí se podría haber hecho pasar por el IFE, como una suerte de agencia de publicidad, no los contenidos pero sí los contratos de publicidad, por ejemplo. Con la actual legislación nadie puede saber si “empaquetados” con los gastos de publicidad del GDF, por ejemplo, no vienen los anuncios de la campaña de López Obrador, y lo mismo se aplicaría en el caso de Creel o de Madrazo, Montiel o Jackson. Nadie puede tener control sobre las tarifas y sobre la distribución de los anuncios. Y todos sabemos que el mayor costo de las campañas electorales y muchos de sus principales efectos, se generan a partir de la publicidad en radio y televisión.
No quieren los partidos que eso se regule porque les conviene, porque de esa manera pueden seguir ejerciendo altos gastos, pueden terminar relacionando gastos del presupuesto con los de sus campañas y porque, además, tienen un argumento de campaña muy útil cuando quieren golpear a un adversario o cuando esperan, como se ha impuesto en los últimos años, impugnar los resultados electorales, aunque la diferencia entre algunos candidatos sea kilométrica.
Lo grave es que no parece haber forma de frenar esta tendencia. Cuando se realizó la reforma del 96 se decidió, para evitar una mayor inequidad en las elecciones, que todos los partidos tuvieran la mayor parte de sus ingresos de recursos públicos, de acuerdo con sus porcentajes electorales. Además se estableció un mecanismo de incremento de los mismos en año electoral. Ninguno de los partidos ha querido tocar ese sistema porque obviamente los beneficia, aunque la ciudadanía esté cada día más indignada por la diferencia entre los costos que genera el sistema de partidos y los pobres resultados que genera. En el 96 fui de los que apoyó en forma entusiasta esa reforma: era preferible entregar recursos públicos y establecer un estricto mecanismo de control sobre su utilización que dejar a los partidos financiarse de dónde fuera. Pero casi diez años después, creo que esa solución sirvió sólo para los procesos electorales del 97: en el 2000 ya vimos cómo incluso esa cifras millonarias no eran suficientes, como el financiamiento privado o indirectamente proveniente de recursos públicos, fue cada vez más importantes, lo mismo sucedió en el 2003 y ahora en el 2006, amenaza con salirse totalmente de control, sobre todo si sumamos la llamada sucesión adelantada y las precampañas de todos los partidos y aspirantes. Y en ese camino parece que todo se vale. Ya para el 2006 no hay nada que hacer, más que tratar, hasta donde sea posible, de reforzar los sistemas de control desde el IFE (lo que no será sencillo porque, ahora, además, hay que sumarle la variable del voto en el extranjero con el inevitable proselitismo publicitario fuera de nuestras fronteras), pero quizás ya es hora de cambiar totalmente el mecanismo: cortar o reducir sustancialmente los recursos públicos y poner todo el peso del control en los aportes privados que son, de todas formas, los que terminan nutriendo a los partidos. Por lo pronto, los “hipócritas” a la hora de utilizar el dinero de los contribuyentes (o el dinero escondido de los aportes privados) para sus campañas parecen ser todos, sin excepciones.