La destrucción de instituciones ha generado un costo político y social enorme a lo largo de los últimos años. Pero ¿cómo entender que, desde el poder, parecieran estar empeñados en destruir las instituciones que ellos han construido?. Lo sucedido en torno al ya famoso narcovideo en el cual se observa a cuatro sicarios de los Zetas (dos ex militares y dos civiles) golpeados, torturados y finalmente se presume que asesinados, ha desatado tantas versiones oficiales que pareciera que el propio gobierno federal está empeñado en imbuir de ?sospechosismo? su accionar.
La destrucción de instituciones ha generado un costo político y social enorme a lo largo de los últimos años. Ya hemos visto que el IFE ha sido atacado en forma insistente, tratando de quitarle legitimidad. Una suerte similar, está sufriendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también injustamente atacado y presionado por distintas fuerzas políticas, en particular por el candidato perredista, Andrés Manuel López Obrador. Una institución clave es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también injustamente atacada, una y otra vez por distintos grupos políticos y particularmente por el ex jefe de gobierno.
Una vez más desde los mismos ámbitos políticos, el que gira en torno a la candidatura de López Obrador, se ataca con insistencia al Banco de México sin razón legítima alguna y olvidando que es un instrumento decisivo para el mantenimiento de la estabilidad económica. El propio López Obrador dijo que las reformas que le darían autonomía a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Sistema de Administración Tributaria, estaban diseñada para “atarlo” y “enjaularlo”, con lo cual se impidió que esas instituciones obtuvieran su autonomía. Todo eso lo sabemos y es, hasta cierto punto tan lamentable como predecible, porque forma parte de la estrategia de campaña del candidato perredista. Pero ¿cómo entender que, desde el poder, parecieran estar empeñados en destruir las instituciones que ellos han construido?
Lo sucedido en torno al ya famoso narcovideo en el cual se observa a cuatro sicarios de los Zetas (dos ex militares y dos civiles) golpeados, torturados y finalmente se presume que asesinados, ha desatado tantas versiones oficiales que pareciera que el propio gobierno federal está empeñado en imbuir de “sospechosismo” su accionar. El video permite abordar muchos aspectos críticos en este tema. En primer lugar, la pertinencia de otorgarle tal preeminencia a los dichos de unos hombres que, obviamente, lo que menos podían hacer es ofrecer un testimonio libre y espontáneo. Simplemente, el observar y escuchar cómo concatenaban un tema con otro, cómo añadían nombres sin que nadie siquiera se lo preguntara, debería mover a la sospecha de que eran testimonios preparados ex profeso. Pero, además, cabe preguntarse si un sicario de base, como los secuestrados y torturados, podría tener información que se debería considerar como muy secreta y manejada sólo por los líderes del cártel, como la presunta participación de altas autoridades federales en esa organización. Estos hombres terminaron diciendo lo que sus captores querían y así lo hicieron. Incluso, la tesis del video maquinado se confirma por el hecho de que existe la denuncia de la esposa de uno de los secuestrados, quien es aparentemente asesinado al final de la cinta, de que ella, su compañero y su hija fueron “levantados” pero no en Nuevo Laredo sino en Acapulco por presuntos agentes de la AFI e incluso que se encontró en una vivienda, también en Acapulco, huellas hemáticas de esa misma persona. Tres ex miembros de la AFI están detenidos por esos hechos.
Y allí se profundizan las contradicciones oficiales, porque luego de la explicación, puntual, que ofreció la semana pasada el subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, se confirmó, desde el gobierno del DF, que efectivamente habían sido detenidos ocho ex AFI’s por esos hechos, pero que cinco de ellos habían quedado en libertad provisional y otros tres continuaban detenidos. Pero, incluso esa precisión, no contradecía los hechos. Lo que resultó desconcertante, fue la declaración, el domingo, del procurador Daniel Cabeza de Vaca, que aseguró que no existían pruebas de la participación de agentes de la AFI en estos hechos, ignorando un dato tan duro como que hay tres hombres detenidos y encauzados precisamente por ello: ¿cómo decir entonces que no existen pruebas de esa participación?¿cómo comprender que, nuevamente, el procurador desmienta y quite autoridad al principal hombre en lucha antinarcóticos de su propia institución, Santiago Vasconcelos?
Se ha dicho que las cosas se dieron así para defender a la Agencia Federal de Investigación de esos ataques y para evitar las generalizaciones. Es un error: la AFI no necesita de ese tipo de defensa por la sencilla razón de que es la institución policial y de seguridad que mejor ha funcionado y en la cual la ciudadanía deposita mayor confianza. Pero las cosas deben presentarse como son: existe una vieja y una nueva AFI. Todos los agentes de la desaparecida policía judicial federal, se integraron a la AFI, son parte de la agencia, aunque la enorme mayoría han sido mantenidos en una suerte de cuarentena. Muchos no han podido ser procesados porque no existen pruebas suficientes contra ellos; otros no han podido ser dados de baja porque existen leyes que los protegen y amparan, incluso en casos en que hayan sido acusados de distintos delitos; otros, los menos, se ha comprobado que pueden jugar un papel en la nueva institución. Esa es la vieja AFI, lo que la agencia heredó de la PJF. La que ha recibido el reconocimiento de muchos sectores es la nueva AFI, con sus nuevos agentes, sistemas de investigación y mandos. Hoy existen unos 450 ex agentes de la “vieja” AFI procesados y los detenidos por el presunto secuestro de Los Zetas en Acapulco, son de esos. Y ello ni demerita ni le quita prominencia al notable trabajo que está realizando la AFI, al contrario. ¿Cuesta tanto trabajo explicarlo?¿no es preferible esa explicación a tratar de negar un hecho que es incontrovertible?¿se ganó algo dividiendo públicamente a los funcionarios y áreas de seguridad federal? No se ganó nada, lo que se obtuvo fue la reiteración en los medios del video, incluyendo algunos datos que en un contexto diferente serían insustanciales pero en el creado, resultan, aunque sea mediáticamente, muy atrayentes.
Tres ejemplos multicitados en las últimas horas: la presunta participación de miembros de la PFP en los “levantotes” en Nuevo Laredo. No hubo tal, los sicarios secuestrados hablan del GOP, el Grupo de Operaciones tácticas de la desaparecida policía municipal de Nuevo Laredo, que había sido puesta al servicio del narcotráfico y que fueron, precisamente, los que se enfrentaron a tiros con los miembros de la PFP cuando llegaron a Nuevo Laredo.
Un segundo caso: José Luis Santiago Vasconcelos. El subprocurador contra la delincuencia organizada es el mejor funcionario que tiene el gobierno mexicano en ese ámbito desde hace años. Santiago Vasconcelos podrá cometer errores, pero nadie lo ha podido acusar ni de corrupción, ni de acuerdos con el narcotráfico. Al contrario, su índice de honestidad y eficiencia son muy altos y tiene toda la confianza de las instituciones de seguridad estadounidenses y de nuestras propias fuerzas armadas. Santiago Vasconcelos debería ser uno de los funcionarios mejor cuidados, en el sentido personal y político, del gobierno federal. No parecen comprenderlo así, viendo cómo han actuado las propias autoridades en distintos casos relacionados con el subprocurador, en donde lo han dejado literalmente solo y se han impulsado “salidas” políticas a complejos casos judiciales.
Un tercer punto: la relación en estos temas con Estados Unidos. Se ha asegurado en los últimos días que este video fue divulgado por organismos de seguridad de ese país, se ha hablado de la DEA, pero se asegura que mucho más probablemente sea del FBI. Puede ser, pero también puede ser una simple acción de desinformación de los propios cárteles o de sectores de poder que ven afectados sus intereses o que quieren cobrar cuentas con alguna institución o funcionario. Cualquiera que sea la razón de la distribución del video, parece que cumplió sus objetivos: las fuerzas de seguridad y sus principales funcionarios aparecieron dubitativos, inseguros, enfrentados entre sí. No ganaron nada y pueden haber perdido mucho.