No creo que el proceso electoral se salga de cauce ni que la mayoría de los candidatos y partidos estén apostando a ello. No lo creo porque sencillamente no les conviene un ambiente de inestabilidad y desconfianza respecto al proceso y el resultado electoral. Pero tampoco podemos pensar que estamos ante un proceso terso y que transcurrirá sin problemas: el fantasma de la violencia está ahí. El gran peligro está en los grupos de poder que están fuera de la institucionalidad y sobre todo en el crimen organizado y el narcotráfico que, como hemos visto, ha logrado permear todo tipo de estructuras.
No creo que el proceso electoral de este año se salga de cauce ni que la mayoría de los candidatos y partidos estén apostando a ello, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador, y eso a pesar de sus desafortunadas referencias (suyas y de algunos de sus principales colaboradores, como el presidente del PRD, Leonel Cota Montaño) sobre la legitimidad de los organismos electorales. No lo creo porque sencillamente no le conviene a ninguno de los partidos y candidatos un ambiente de inestabilidad y desconfianza respecto al proceso y el resultado electoral, pese al discurso beligerante que todos utilizarán a partir del 18 de enero.
No creo tampoco que las cosas salgan de cauce ya que existe un andamiaje institucional (que va mucho más allá del IFE y el Tribunal Electoral) que en buena medida impide que ello ocurra y que, al mismo tiempo, coloca límites a los candidatos que éstos saben que no deben o no pueden traspasar. Finalmente, hay una sociedad que ha demostrado que no apuesta a la violencia: el miércoles platicábamos en el programa Imágenes de la Política con varios analistas y recordábamos el caso de la elección de Oaxaca: difícilmente encontraremos una elección más cuestionada en los últimos años, incluso con un ingrediente de violencia y muertos como no se ha dado en otro proceso, polarizada al máximo porque toda la oposición unida tras Gabino Cué enfrentaba al candidato priista Ulises Ruiz. La elección se decidió por un puñado de votos, en un marco de serias irregularidades e incluso con un árbitro de dudosas credenciales, como lo era el instituto electoral local. Un escenario que difícilmente podrá darse en una elección federal. En ese contexto, Cué, el PRD, el PAN y sus simpatizantes podrían haberse alzado en Oaxaca, podría haber habido violencia y se podría haber dado la lucha poselectoral en las calles. No fue así, las oposiciones apostaron por el Tribunal Electoral que finalmente, gustara o no la decisión, le dio el triunfo a Ulises Ruiz. Y sus opositores siguieron su lucha por otras vías, sin apartarse de la legalidad. Ese escenario no debería descartarse a nivel nacional, sobre todo si nos apartamos un poco de ese mundo político tan especial que vivimos en la ciudad de México.
Pero tampoco podemos pensar que estamos ante un proceso terso y que transcurrirá sin problemas: el fantasma de la violencia está ahí y no necesariamente porque sea impulsada por alguno de los participantes (por lo menos no, por los principales) aunque no están de más los llamados realizados por ejemplo, por Felipe Calderón a sus adversarios a comprometerse desde ahora a respetar las instituciones y resultados electorales. El gran peligro está en los grupos de poder que están fuera de la institucionalidad y sobre todo en el crimen organizado y el narcotráfico que, como hemos visto, ha logrado permear todo tipo de estructuras.
Los datos son muchos, pero quedémonos con los últimos: en el 2005, que acaba de concluir, fueron asesinadas unas mil 500 personas por hechos relacionados con el narcotráfico (en más de dos años de intervención estadounidense en Irak murieron dos mil soldados); en este 2006, por ejemplo, sólo en Michoacán, una zona de especial virulencia hoy en la lucha entre cárteles han sido asesinadas quince personas en los primeros doce días del año, como parte de los ajustes de cuenta cotidianos que ocurren en la entidad. Esta misma semana se descubrió, partiendo aparentemente de terrenos ocupados por instituciones federales (de la dirección de aduanas) un túnel que cruzaba de Tijuana a San Isidro en Estados Unidos, y concluía, de ese lado de la frontera, a pocos metros de la garita migratoria. Se ha hablado mucho de nuevos grupos guerrilleros, pero no se suele decir que por su forma y zonas de operación, éstos parecen ser una creación o por lo menos grupos ligados con los del crimen organizado que operan allí mismo, como en Guerrero, Michoacán y Oaxaca.
Ayer mismo, se difundió un documento de la PGR en el que se estima que se estaría conformando una alianza entre la gente de Osiel Cárdenas, que controla el cártel del Golfo y grupos operativos como los Zetas, con el cártel de Tijuana que controlan, por lo menos públicamente, los hermanos Arellano Félix, pero también con el cártel de Juárez que encabeza Vicente Carrillo Fuentes, el hermano del fallecido Amado Carrillo, todo para tratar de acabar con Joaquín El Chapo Guzmán y la organización que éste comanda, hoy en día la más importante del país, por sus alianzas con otros narcotraficantes como Juan José Esparragoza, Ismael el mayo Zambada, Ignacio Coronel, los hermanos Valencia y Díaz Parada. El objetivo de esa alianza sería deshacerse de El Chapo para recuperar territorios y de alguna forma volver a renegociar la distribución de los mismos. Tengan o no éxito en ese objetivo, la sola intención de una alianza de esas características, permite prever una nueva ola de violencia sin posibilidades de control para este 2006. Una ola de violencia, además, que, como se demostró desde el 2004, ha roto ya incluso las reglas del juego existentes en ese campo de esa actividad criminal.
Con grupos del narcotráfico necesitados por la actual situación que vive su negocio, de mayores espacios de control, pero marcado también por una mayor fragmentación de las distintas organizaciones, por una ruptura de sus tradicionales alianzas, por un auge de grupos dedicados exclusivamente al narcomenudeo que generan mucha más violencia e inseguridad cotidiana, el ambiente desestabilizador resulta propicio para esta actividad. Un ejemplo: durante los últimos años la relación entre la PGR y el gobierno del DF para combatir el narcomenudeo estuvo marcada por muchos discursos y ninguna acción seria. En el contexto del desafuero y de las denuncias de López Obrador contra la procuraduría cualquier colaboración resultaba imposible. ¿Qué mejor demostración para ello que la pasividad de las autoridades policiales del DF ante el linchamiento de los agentes de la PFP en Tláhuac en noviembre del 2004? Esta misma semana, en un ambiente mucho más distendido desde la llegada de Alejandro Encinas al GDF, ambas instituciones establecieron por fin un programa conjunto para tratar de combatir uno de los principales desafíos para la seguridad pública en la capital del país como lo es el narcomenudeo. Una cosa es segura: en un ambiente de confrontación política e institucional como el que existió en el pasado reciente, eso hubiera sido imposible, o se hubiera firmado un acuerdo que no se podría cumplir por la desconfianza recíproca entre los distintos cuerpos policiales.
Ese es el ambiente en el que crece y se desarrolla el narcotráfico. Una situación marcada por la violencia política, donde las fuerzas del estado deban dedicarse a otras cosas en lugar de combatir el crimen organizado es ideal para ellos; una situación que tienda a una virtual balcanización política del país, con gobernadores de distintos partidos y presidentes municipales enfrentados entre sí y con el gobierno federal, impide la colaboración interinstitucional y resulta, entonces, mucho más sencillo penetrar y corromper sobre todo las instancias locales pero también en muchas ocasiones las federales. Los vacíos se llenan y si los partidos políticos no ocupan el espacio que deben y no fortalecen las instituciones, le estarán haciendo un enorme favor a unas fuerzas que muy probablemente son, hoy, las más interesadas en que el proceso electoral salga de cauce.