Las grabaciones difundidas sobre la forma en que se tramó y desarrolló la aprehensión de Lydia Cacho en diciembre pasado en Quintana Roo para trasladarla a Puebla, acusada de un delito de difamación del que nunca se le informó siquiera que se le había iniciado proceso, no sólo confirma el estilo prepotente e intrínsecamente perverso del empresario Kamil Nacif sino también la forma en que el poder del dinero puede llegar a tener una influencia decisoria en las relaciones con el poder político.
Las grabaciones difundidas sobre la forma en que se tramó y desarrollo la aprehensión de Lydia Cacho en diciembre pasado en Quintana Roo para trasladarla a Puebla, acusada de un delito de difamación del que nunca se le informó siquiera que se le había iniciado proceso, no sólo confirma el estilo prepotente e intrínsecamente perverso del empresario Kamil Nacif (su solicitud de que Lydia fuera violada, lo que afortunadamente no ocurrió; su exigencia de que fuera trasladada esposada y bajo todo tipo de apremios por carretera desde Cancún a Puebla; su propia forma de expresarse; su desprecio por las mujeres, son sólo una pálida muestra de ello), sino también la forma en que el poder del dinero puede llegar a tener una influencia decisoria en las relaciones con el poder político. Kamel Nacif pudo actuar como actuó, manejar al ministerio público, los policías judiciales, los directivos del cereso, hablar con una familiaridad casi grotesca con el gobernador Mario Marín (que se adaptó sin problemas al lenguaje y la lógica del empresario) por una sencilla razón: fue uno de los principales aportantes a la campaña electoral del gobernador. Le estaban pagando a este personaje los favores que le debían por el apoyo recibido en la campaña.
Así actúa el empresario Nacif. En alguna oportunidad que en este espacio escribí, hace unos años algo que también ya había publicado en algún libro, que Nacif estaba siendo investigado por lavado de dinero y relación con el narcotráfico por autoridades estadounidenses y mexicanas, fue la única ocasión, en los años que trabajé allí, que me llamó Javier Moreno Valle, entonces director de canal 40, para pedirme que aclarara el punto y que hablara con Nacif porque éste le había hablado, a su vez, para reclamarle, por lo que yo había escrito en este espacio, escudándose en que el propio Nacif era uno de los múltiples acreedores de Moreno Valle. Le dije a Javier que no tenía nada que hablar con Nacif, porque la información era pública y estaba en documentos oficiales, que si él tenía que aclarar algo que lo hiciera con la PGR o con la DEA, no conmigo. Debo reconocer que Moreno Valle lo aceptó y si bien me dijo que Nacif de todas formas me llamaría, ya no tuve contacto con el empresario. De todas formas utilizar la presión del dinero para tratar de obtener un favor periodístico o en el caso de Lydia legal, no parece ser ajeno a las prácticas del llamado “rey de la mezclilla”. Que nadie se equivoque: el estado de Puebla se allanó a los deseos del empresarios por algo que debe ser mucho más valioso que dos botellas de cognac de regalo para el gobernador.
Se ha insistido en estos días en la ilegalidad de grabar conversaciones privadas. Es verdad: no es legal, e incluso paradójicamente, estas grabaciones quizás no pudieran utilizarse en un tribunal pese a que evidentemente ellas ponen de manifiesto una serie de delitos cometidos por el empresario y distintos funcionarios poblanos. El conflicto con el tema surge cuando una grabación obtenida de manera ilegal, sirve para demostrar un delito y un abuso de esta magnitud. Me pregunto dónde está el límite, cuál es el mal menor: la ilegalidad en la intercepción telefónica o lograr, mediante ella, descubrir una trama de esta magnitud. En este caso no me cabe duda que lo segundo es más importante. Como lo fue ver a Ponce Meléndez jugando miles de dólares en Las Vegas o a Bejarano e Imaz llevándose bolsas llenas de dinero de la oficina de Carlos Ahumada.
Pero insisto, el tema central en esta historia sí trata de una persecución periodística, pero va mucho más allá: nos habla de la influencia del dinero en las campañas electorales y posteriormente la forma en que “cobran” los aportes a las campañas ciertos sujetos. El problema no son los aportes ni siquiera la identificación de un hombre o mujer del dinero con un partido o candidato, sino la poca o nula transparencia que existe en ello y la costumbre que mantienen muchos políticos de, una vez electos, pagar esos favores tan en lo oscuro como la forma en que recibieron ese apoyo.
Eso nos lleva al otro tema de esta columna: el debate entre Federico Arreola y José Carreño Carlón en relación al encuentro que directivos del grupo Prisa tuvieron con Andrés Manuel López Obrador y parte de su equipo en Villahermosa donde habrían acordado respaldar la candidatura del candidato de la Alianza por el bien de todos, sazonada, además con la divulgación por La Crónica de un mail que Liévano Sáenz le habría enviado a Antonio Navalón, representante en México de Prisa y del que se desprendería un apoyo de ambos a la candidatura de López Obrador. Los términos del debate, sobre todo el que pudimos escuchar en el programa radiofónico de Joaquín López Dóriga, entre Arreola y Carreño, fueron lamentables, lleno de descalificaciones y agravios sin que se abordara el tema principal de esta historia.
Ello es lamentable por varias razones: porque Prisa, editora del periódico El País entre otras muchas empresas relacionadas con los medios, es un paradigma en muchos aspectos de la renovación del periodismo en Iberoamérica, aunque la línea editorial que ha mantenido en los últimos tiempos respecto a América Latina ha sido condescendiente con temas tan controvertidos como la venta de armas de España al régimen de Hugo Chávez o la indulgencia como ha tratado la relación de Evo Morales con los productores de coca en Bolivia. Pero está en su derecho de tener la línea editorial que quiera y, como empresa (e incluso como medio de comunicación) de apoyar al candidato que considere más idóneo en México o Bolivia o España. Pero si es así debe hacerlo público y separar claramente los negocios de la posición editorial.
No es novedad para los lectores de este espacio las discrepancias muy profundas que hemos mantenido en muchos capítulos de la vida nacional con Federico Arreola, mucho más desde que Federico optó por esta suerte de periodismo militante acompañando la campaña electoral de López Obrador. Y sí, seguramente Arreola tiene muchos defectos que sus amigos y enemigos reconocen. Pero también debo aceptar, como decía ayer Ciro Gómez Leyva, que, como director de Milenio, Arreola nos dio a quienes publicamos en ese medio, una libertad absoluta, que se sigue manteniendo después de su alejamiento de la dirección, para expresar nuestras opiniones. Le podré criticar muchas cosas (y él a mi) pero como editor fue escrupulosamente respetuoso, por lo menos en mi caso y eso siempre debe ser reconocido.
No comparto, sin embargo, sus juicios sobre José Carreño Carlón. Este es y ha sido un muy buen periodista y un académico reconocido. Tampoco comparto todas sus posiciones pero siempre me han parecido respetuosas y responsables. No sé qué relación mantiene hoy Carreño con quien fuera su jefe, Carlos Salinas de Gortari (por cierto, no creo haber conocido un director de comunicación social en la presidencia de la república con el tacto y la capacidad de Carreño Carlón, por lo menos en los cuatro últimos sexenios) pero si la mantiene es tan legítima como la que ha establecido Arreola con López Obrador y nadie debería espantarse con ello ni utilizarlo como un instrumento infamante. Desgraciadamente, en el entorno del candidato hay varios integrantes que utilizan regularmente la descalificación de sus críticos o adversarios utilizando sus posiciones pasadas pero son absolutamente ciegos o tolerantes con su propio pasado. Pero el tema no es ese: no es si Arreola es lopezobradorista y Carreño salinista, si uno es el rayito de esperanza y el otro el innombrable. El tema es la relación de los grupos empresariales con los candidatos y en qué condiciones se da ésta. No me parece condenable esa relación: es lógica y natural, pero debe ser transparente y no puede ir subordinada a favores posteriores o a proyectos políticos escondidos. Y eso se aplica a la relación de Carlos Hank Rhon con Roberto Madrazo, de Lorenzo Servitje con Felipe Calderón o a la del grupo Prisa con López Obrador. Ocultar ese debate con insultos y descalificaciones es engañarse y tratar de engañarnos.