El caso Nacif-Marín sigue generando costos y movimientos políticos importantes porque debilita al priismo y deja cada día más entrampado a Roberto Madrazo, rodeado por los sectores más duros de su partido, mientras que en el interior del tricolor se están agudizando también los conflictos tratando de ganar posiciones a través de grillas internas que lo debilitan cotidianamente.
El caso Nacif-Marín sigue generando costos y movimientos políticos importantes porque, sin duda, debilita al priismo y deja cada día más entrampado a Roberto Madrazo, rodeado por los sectores más duros de su partido, mientras que en el interior del tricolor se están agudizando también los conflictos tratando de ganar posiciones a través de grillas internas que lo debilitan cotidianamente. La situación es preocupante porque lo que está sucediendo es exactamente lo contrario de lo que se esperaba en el tricolor: que a partir de su voto duro, la campaña se pudiera abrir a distintos sectores, dentro y fuera el PRI que le dieran mayor techo electoral a Madrazo. Eso es lo que no está sucediendo.
En el proceso interno ha habido movimientos muy extraños. Por ejemplo, el viernes pasado se dijo que el nuevo coordinador de campaña de Madrazo sería, nada más y nada menos, que el ex gobernador de Guerrero, René Juárez. La noticia fue desmentida en la noche del mismo viernes por el vocero Sergio Martínez Chavarría, pero el hecho es que hubiera sido incomprensible designar para esa posición a Juárez, tomando en cuenta que perdió su estado, que tiene una relación cuasi familiar con Arturo Montiel que pondría nuevamente en el tapete el caso de las propiedades del ex gobernador mexiquense, en particular en Guerrero, y finalmente, es otro de los gobernadores que mantiene una relación con Kamel Nacif. ¿Alguien podría decir que el personaje y el momento son los adecuados para su designación como coordinador de campaña del priismo? Ahora se dice que no ocupará esa posición pero que está creando una suerte de estructura paralela. ¿Para qué? No tiene sentido, fuera del proceso de lucha interna del priismo.
Lo cierto es que vienen, de cara al aniversario priista, nuevos cambios en ese partido y la consolidación de algunos operadores tan importantes como César Augusto Santiago en el equipo de campaña para tratar de enderezar una nave que hoy no se sabe hacia dónde va. Pero de la misma manera que el caso Marín sin duda afecta la imagen de ese partido, con un costo electoral que sus propios operadores estiman de entre tres y cinco puntos, si se confirma la separación definitiva de la campaña de Bernardo de la Garza, ello puede ser un golpe muy duro para las aspiraciones del tricolor. El ex precandidato presidencial del Verde Ecologista, hizo una buena campaña mediática y apoyado por una carrera política seria, alejada de los ruidos políticos de muchos de sus compañeros de partido, alcanzó hacia fines del año pasado, una buen presencia en las encuestas. Aceptó, un poco a regañadientes, dejar esa precandidatura una vez que se estableció la alianza por México entre el Verde y el PRI. Muchos aseguraron que en realidad fue Bernardo de la Garza quien más insistió en que en caso de hacer una alianza debía realizarse con Felipe Calderón, atendiendo a razones generacionales y a la agenda de reformas estructurales que se planteaban. El hecho es que Bernardo aceptó ir con Madrazo y fue presentado como una de las figuras importantes en la alianza. Tenía, además, una posición asegurada en el senado e incluso en las últimas semanas había comenzado nuevamente con una campaña mediática propia. Pero parece que el caso Marín fue determinante para que Bernardo decidiera dejar la alianza y con ello el tricolor perdería la principal figura joven externa que podía mostrar en las elecciones. Si se confirma la salida de Garza se trataría, insistimos, de un golpe serio para Madrazo.
En los hechos, el control de daños ya ha comenzado en el priismo, pero se han tardado demasiado. Había dos opciones el mismo lunes en que se conocieron las grabaciones de Marín: que el gobernador asumiera la parte de la responsabilidad que le correspondía y que él mismo actuara contra Nacif y los funcionarios del estado que fueron cómplices del empresario en el virtual secuestro de Lydia Cacho, o que, como ocurrió, si el gobernador se enconchaba en su defensa, el partido y el candidato debían deslindarse inmediatamente e incluso iniciar acciones en su contra. Alguien argumentará que Puebla vale un millón de votos para el PRI, pero, por eso mismo, deberían haberse tomado medidas radicales para reducir los inevitables costos generados por las grabaciones que involucran al “gober precioso”.
Desde que el sábado Madrazo comenzó a tratar de deslindarse del tema, diversos actores realizaron su propio deslinde, desde el priismo de algunos estados hasta el líder de los senadores, Enrique Jackson. Deben apurarse porque la maquinaria ya está echada a andar y para Marín será casi imposible sostenerse en el cargo: si el PRI participa en el proceso de su salida, será, para su partido, menos doloroso y de alguna manera podrá quedar como un conflicto personal. Si opone resistencia a la salida del gobernador, los costos trascenderán de lo político a lo partidario en una magnitud mayor a la actual. Tendrán que optar entre la menos mala de las opciones que se le presentan, pero será casi imposible que estos hechos no le generen un costo adicional a Madrazo y a su partido.
Un gobierno que no informa
La consejera María Elena Pérez Jaen divulgó un estudio sobre la información que proporciona el gobierno del Distrito Federal en sus páginas de internet y el estudio confirma que el gobierno capitalino prefiere transitar en la oscuridad y sigue sin divulgar los costos y los detalles de sus principales programas. La ley de transparencia en el DF establece 23 principios que se deben cumplir para facilitar la información a la ciudadanía vía las páginas de internet de las distintas dependencias capitalinas.
El hecho es que ninguno de los 70 entes públicos del DF cumple con esos 23 requisitos. Al contrario, cuando mayor es el incremento presupuestal de una dependencia menor es la información que proporciona. La semana pasada, entrevistado por Leo Zuckerman, José Agustín Ortiz Pinchetti le aseguró a Zuckerman que, por ejemplo, todos los datos relacionados con las controvertidas obras viales y particularmente del segundo piso, estaban en internet. Luego, Ortiz Pinchetti escribió que si no es así, él mismo iniciaría una investigación sobre el caso. Pues mejor que la inicie porque el famoso Fideicomiso para el Mejoramiento a las Vías de Comunicación (FIMEVIC) que aumentó su presupuesto en este 2006 en un 92.19 por ciento respecto al 2005 (este fideicomiso, cuya información sustantiva está protegida por la ley, tuvo en el 2004 un presupuesto de 469 millones de pesos, en el 2005 aumentó a 554 millones y para este 2006 alcanzó casi los mil 100 millones de pesos), no informa sobre once aspectos claves de su operación, incluyendo la legalidad de las mismas, el ejercicio presupuestal y las actividades sustantivas de esa actividad, además de las remuneraciones, los programas y presupuestos, los bienes que lo componen, las relaciones laborales, los programas operativos y sus avances, las cuentas públicas y sus auditorias.
Lo mismo ocurre con el Fideicomiso del Centro Histórico cuyo presupuesto aumentó en este 2006 un 214 por ciento hasta llegar a los 92 millones de pesos y que no informa de 11 capítulos, incluyendo el ejercicio presupuestal y sus actividades sustantivas. Peor sucede con la controvertida Corporación Mexicana de Impresión, la que hace la publicidad impresa del gobierno capitalino incluyendo aquellas historietas que trataban de pirruris a los participantes en la marcha contra la inseguridad o que defendían a AMLO del desafuero, que tiene un presupuesto de 144 millones de pesos (un incremento del 35 por ciento respecto al año pasado) pero, además, no informa de ninguno de los capítulos a los que lo obliga la ley. En otras palabras, nadie sabe en qué se utilizaronn los 500 millones de pesos que ha recibido en los tres últimos años ni los 144 que recibirá en éste. La oscuridad sigue siendo la norma en ciertos rubros del gasto público del DF.