Prometimos continuar hoy con la plática que mantuvimos con José María Aznar, ex jefe de gobierno español sobre la ?marea populista? que amenaza a varios países de la región, pero lo dejaremos para mañana porque esa misma marea nos ha inundado en las últimas horas con una serie de datos que no hacen más que confirmar los peores pronósticos sobre la misma.
Prometimos continuar hoy con la plática que mantuvimos con José María Aznar, ex jefe de gobierno español sobre la “marea populista” que amenaza a varios países de la región, pero lo dejaremos para mañana porque esa misma marea nos ha inundado en las últimas horas con una serie de datos que no hacen más que confirmar los peores pronósticos sobre la misma.
Quién sabe si será por los resultados de las encuestas o porque sienten demasiado seguro un triunfo electoral que todavía está muy lejos de estar en cualquiera de los bolsillos de los contendientes, pero en el equipo de Andrés Manuel López Obrador ha habido, en apenas unos días, una suma de eventos que demuestran con toda claridad como el ex jefe de gobierno piensa intervenir en el proceso político nacional.
Vamos en orden. Ayer la delegada en la Cuauhtémoc, en la ciudad de México, ignorando los amparos definitivos que protegían a los propietarios del hotel Sheraton María Isabel, decidió clausurarlo. Argumenta una serie de violaciones al reglamento respectivo pero la realidad es que se trata de una venganza por no permitirle a un grupo de funcionarios cubanos quedarse en ese hotel. Se trata, además, de una medida de un populismo feroz, ignorante de las leyes y del sentido de las inversiones, que una funcionaria (de las muy cercanas a René Bejarano y su esposa, Dolores Padierna) adopta, como ella misma dijo, por “patriotismo”. Se trata, lisa y llanamente, de una barbaridad que tendrá consecuencias económicas para las inversiones en la capital y en el país, porque si por “patriotismo” (entendiendo por ello la reacción por la expulsión de un hotel de un grupo de funcionarios cubanos) una funcionaria de nivel medio puede clausurar uno de los principales hoteles del país, no necesitamos muchas explicaciones sobre cómo respetaría la seguridad jurídica una eventual administración López Obrador.
Pero no se trata sólo de la seguridad jurídica, sino también de la seguridad a secas. En diciembre pasado fue detenido en San Diego, por la DEA, Alberto Saltiel Cohen, acusado de ser uno de los principales productores e introductores de anabólicos y otras drogas sintéticas a los Estados Unidos. Saltiel Cohen operaba a través de tres empresas encubiertas creadas en la ciudad de México, supuestamente dedicadas a la venta de productos veterinarios. En realidad vendía, a través de internet, productos anabólicos en los Estados Unidos, donde éstos están prohibidos. No pasaría éste de ser un caso más de delincuencia organizada si no fuera Alberto Saltiel, el hermano de la secretaria de desarrollo económico del gobierno del DF, Jenny Saltiel, un área, la de desarrollo económico, en la que estaban registradas las tres empresas fantasma creadas por su hermano. La detención se produjo el 15 de diciembre, pero tuvieron que pasar más de dos meses y esperar a que el caso se publicara en la prensa para que la funcionaria del DF aceptara que, efectivamente su hermano estaba detenido en Estados Unidos, acusado de relaciones con el crimen organizado. Pero, para el gobierno capitalino se trata de un tema que incumbe sólo a la “esfera personal” de la funcionaria y no pone en duda su desempeño. En la misma lógica el PRD no tendría razón alguna para iniciar investigaciones sobre los hermanos Bribiesca o los hijos de Arturo Montiel, pero sabemos que en este caso la calidad moral con que se autocalifican los funcionarios capitalinos y el equipo de López Obrador, es diferente a la de los demás mortales.
No es el primer caso: Bejarano recibía maletas llenas de dinero de Carlos Ahumada (¿y de cuántos más que no lo filmaron?) pero la condena política apenas lo rozó y ni siquiera se acercó a su esposa, la diputada federal Dolores Padierna, aliada política cercanísima, para todos los efectos, del propio Bejarano (y de Virginia Jaramillo, la delegada “patriota”). Lo mismo sucedió con Carlos Imaz, delegado en el DF hasta que se difundió su respectivo video. Entonces lo vimos recibiendo dinero en forma ilegal de Carlos Ahumada y no le pasó nada. Tuvo que dejar su cargo en el gobierno capitalino pero su esposa, Claudia Sheimbaum, secretaria de Medio Ambiente y responsable de las obras viales más importantes del gobierno capitalino, reconoció que sabía que su esposo recibía esos recursos pero tampoco fue removida de su cargo, al contrario, fue ratificada tanto por López Obrador como por Alejandro Encinas.
El caso va más allá, porque Sheimbaum maneja los recursos del fideicomiso destinado a esas obras viales sin que el mismo entregue información pública sobre su operación; Padierna es la jefa política de la patriótica delegada Jaramillo y Saltiel es, también, la esposa de uno de los principales asesores de López Obrador, Ignacio Marván, un hombre que viene acompañando a Manuel Camacho desde las épocas de éste como regente capitalino. A ninguno de sus colaboradores el ex jefe de gobierno le pide cuentas y todos pueden seguir con sus actividades, aunque sus familiares más directos sean, sencillamente, delincuentes.
Algo similar ocurre con el caso Kamel Nacif. Mucho se ha dicho sobre la reunión, el 4 de febrero pasado, de Federico Arreola en el restaurante El Cardenal de el hotel Sheraton Centro Histórico de la ciudad de México, con el llamado Rey de la Mezclilla, involucrado en los casos de abuso de menores que denunció Lydia Cacho y divulgados por las famosas grabaciones que involucraron en esa historia al gobernador de Puebla, Mario Marín. Se olvida un dato: Nacif es uno de los múltiples acreedores, en este caso amistoso, de Javier Moreno Valle a quien le prestó dos millones de dólares “a la palabra” en uno de los momentos más difíciles, económicamente, del viejo canal 40, cuando ya habían surgido las denuncias por esos casos de pederastía y otras acusaciones sobre lavado de dinero provenientes de Estados Unidos. Arreola dice que no conocía Nacif, algo difícil de comprender por la estrecha relación de Arreola con Moreno Valle, pero imposible de creer en el coordinador de los grupos de consulta y abogado de López Obrador, el abogado Javier Quijano, representante legal y apoderado de Moreno Valle y quien se relaciona directamente con todos quienes han aportado recursos o son acreedores de Moreno valle. Son demasiadas casualidades y relaciones cruzadas como para que nadie se conozca entre sí.
Finalmente está el caso de Marta Pérez Bejarano, secretaria de desarrollo social del GDF a quien el lunes López Obrador designó como enlace de su campaña con diferentes organizaciones sociales. Para el candidato de la alianza por el bien de todos, no constituía problema alguno que Pérez Bejarano fuera al mismo tiempo funcionaria pública y dirigente de su campaña, aunque ello esté prohibido por la ley. Para López Obrador todo se solucionaba diciendo que se encargaría de esa labor “en sus tiempos libres”. Ayer, Pérez Bejarano tuvo que renunciar a su cargo, pero antes su jefe Alejandro Encinas, que ya había declarado que él mismo podía hacer proselitismo por López Obrador en sus “días libres”, la había exonerado de cualquier delito por esa doble función de miembro de un equipo de campaña y funcionaria pública.
El autoritarismo populista cree que su líder, y por lo tanto sus hombres y mujeres, son superiores moralmente a sus adversarios y así lo quieren inculcar. Por eso mismo, ninguno de estos hechos delictuosos les parecen reprobables y no son, siquiera, objeto de investigación por el propio candidato, que nunca sabe con anticipación de esos hechos, ni por la estructura partidaria o de gobierno. Mañana, ahora sí, continuaremos con la entrevista con Aznar.