Como dice Leoluca Orlando, el ex alcalde de Palermo, el índice distintivo de la mafia es que es parte del gobierno, de las empresas, de la iglesia, de la sociedad civil de una región o un país determinado. Por ello se comprende porqué en casos como Nuevo Laredo el centro de cualquier estrategia que quiera recuperar esa ciudad para el control del Estado mexicano, debe pasar por un esfuerzo local, de coordinación con entidades vecinas y federal.
Como dice Leoluca Orlando, el ex alcalde de Palermo, el índice distintivo de la mafia es que es parte del gobierno, de las empresas, de la iglesia, de la sociedad civil de una región o un país determinado. Por ello se comprende porqué en casos como Nuevo Laredo (donde apenas en las últimas 48 horas hubo otras cinco ejecuciones, con lo que ya suman más de 70 en lo que va del año) el centro de cualquier estrategia que quiera recuperar esa ciudad para el control del Estado mexicano, debe pasar por un esfuerzo local, de coordinación con sus entidades vecinas (Nuevo León y Texas) y federal. El orden de los factores, en este caso, no altera el producto.
Nuevo Laredo deberá, más temprano que tarde, ser ocupada por fuerzas de seguridad: una ciudad tan importante no puede seguir fuera de control. Pero se dirá que ya está ocupada. Es una verdad a medias: lo que existe es un operativo policial federal que no es suficiente porque no llega a controlar la estructura básica de la ciudad. Hablamos de otro tipo de ocupación: en el ámbito federal, además de disponer de las fuerzas de seguridad suficientes como para ejercer esa acción y poder crear en un tiempo relativamente corto fuerzas policiales locales capaces y no corrompidas o intimidadas por el narcotráfico, se requiere de una intervención política en varios sentidos. En primer lugar se tendría que negociar una desaparición de poderes en el municipio, incluso quizás en los aledaños. Se tendría que negociar porque, primero, sería la única posibilidad legal de hacerlo; segundo, porque entonces se deben designar autoridades que cuenten con el beneplácito de los sectores políticos involucrados (en este caso sobre todo del PRI y del PAN) y que estén comprometidas con la recuperación social de la ciudad y la región. Segundo, y eso también debe ser parte de una operación política de envergadura, se deben establecer acuerdos con Nuevo León y el estado de Texas que permitan “cercar” (insisto, no sólo en términos de seguridad, sino sociales, económicos y culturales) a las organizaciones criminales. Ello es imprescindible porque esas son las dos regiones (más prósperas y seguras que Nuevo Laredo) más afectadas por la inseguridad en la ciudad fronteriza: allí tratan de refugiarse los jefes de los cárteles, allí residen sus familias, desde allí tratan de operar.
Para acuerdos de ese tipo se requerirán, nuevamente consensos institucionales internos y en el caso de Texas, diplomáticos. En el actual contexto, son perfectamente posibles y hasta deseables para todas las partes afectadas por este conflicto.
¿Por qué les convendría? Al gobierno federal por obvias razones: no puede seguir permitiendo que una parte del territorio nacional, en los hechos, no esté bajo su control. Serviría también como una suerte de operación piloto para aplicar en muchas otras partes del país que están mostrando síntomas similares. Para el gobierno de Tamaulipas sería una posibilidad de aportar a la solución de un problema que evidentemente lo afecta y que refuerza las acusaciones, fundadas o no, de que de alguna manera ha negociado o se ha doblegado ante el crimen organizado. Para el de Nuevo León, es una medida imprescindible para mantener la seguridad pública que ha caracterizado la entidad. Para el PRI sería una muestra de colaboración en un tema clave para el futuro del país que no puede seguir ignorando. El PRD, aunque no estuviera involucrado en lo inmediato, no podría oponerse a un operativo que tendría que continuar si aspira a gobernar el país. Para los Estados Unidos, la seguridad fronteriza es, sencillamente, el principal tema de seguridad de su agenda. Nuevo Laredo no está perdida. Falta ver si existe la decisión y voluntad política para avanzar en esta estrategia que ya está en el escritorio de las más importantes instancias de poder del país.