El martes se cumplieron dos años de la marcha contra la inseguridad. Fue la más concurrida en años en nuestro país y la única que tuvo esa participación sin haber sido organizada por partido alguno. La misma que, en su momento, fue descalificado por el entonces jefe de gobierno capitalino, hoy candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador , asegurando que se trataba de una manifestación de la ?ultraderecha?.
El martes se cumplieron dos años de la marcha contra la inseguridad. Fue la más concurrida en años en nuestro país y la única que tuvo esa participación sin haber sido organizada por partido político alguno. La misma que, en su momento, fue descalificada por el entonces jefe de gobierno capitalino, hoy candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, diciendo que se trataba de una manifestación de la “ultraderecha”, asegurando que los manifestantes simplemente eran “pirruris”, tratando de descalificar así a los millones que ese día salimos a la calle. Su entonces director de gobierno, Martí Batres, ahora presidente del PRD en el DF, consideró la marcha como un agravio al gobierno capitalino, parte de la “conspiración” en su contra y aseguró que “no nos vamos a dejar”, aunque aclaró que se permitió la marcha contra la inseguridad de la misma manera, sostuvo, que “la marcha de homosexuales del sábado pasado” (se refería a la marcha del orgullo gay que se había realizado días antes, pero evidentemente con esa declaración homofóbica, vergonzosa para cualquiera que se diga de izquierda o progresista, lo que se buscaba era descalificar a los manifestantes contra la inseguridad).
La demanda no era vana ni estaba ideologizada. El DF ocupaba y sigue ocupando, el primer lugar en secuestros del país, con aproximadamente el 44 por ciento del total, con lo que tiene el poco honroso segundo lugar mundial en secuestros. El narcomenudeo creció en más del 700 por ciento entre el 2001 y el 2005 y existen, según datos oficiales, más de 30 mil puntos de venta de droga en la capital. Las bandas pequeñas que se ocupan de ese negocio son innumerables, pero por lo menos 40 de ellas se han convertido en importantes distribuidores. La policía capitalina, a pesar de algunos esfuerzos individuales, sigue siendo considerada como de las más corruptas del país y de las que menos empatía genera con la población. No había y no hay hoy, nada de qué estar satisfecho en ese ámbito.
Han pasado dos años y la seguridad pública sigue estando, simultáneamente, en la cima de las demandas ciudadanas pero bien abajo en las prioridades de los candidatos presidenciales. Después de la marcha, en el ámbito del gobierno federal, se dieron algunos tímidos avances, como la reestructuración en el último año del sistema nacional de seguridad pública y la buena relación que sobre distintos temas, pero particularmente en torno a la lucha contra el secuestro, han logrado algunas organizaciones civiles, como México Unido Contra la Delincuencia con la Agencia Federal de Investigaciones. Pero lo más importante: la presentación de una serie de propuestas de reformas penales, judiciales y de seguridad que presentó el poder ejecutivo, jamás fue siquiera discutida por el legislativo. Allí quedó, abandonada, junto con otras siete iniciativas de ley sobre el tema.
De cara al futuro, tampoco parecen existir demasiados elementos que lleven al optimismo. De los candidatos, López Obrador ha insistido en que la inseguridad es un tema relacionado con la pobreza (como si se pudiera explicar el crimen organizado con su generación de miles de millones de dólares de utilidades como una simple expresión de necesidades sociales), no ha presentado ninguna propuesta concreta para el tema y respecto a la lucha contra el narcotráfico simplemente ha dicho que le dará mayores atribuciones al ejército. Madrazo ha ofrecido, incluso con un par de spots muy controvertidos, mano dura contra la delincuencia y tiene una propuesta interesante, con varios puntos muy compartibles, pero poco articulada. Calderón, ha refrendado buena parte de las propuestas que están durmiendo en el congreso: desde juicios orales hasta la coordinación de las fuerzas policiales en todo el país. Incluso en Nuevo Laredo habló la semana pasada de algo que es un proyecto que espera, también, que pasen las elecciones para ver su viabilidad: el rescate de Nuevo Laredo y otras poblaciones bajo el asedio de la delincuencia organizada con una serie de medidas de emergencia.
Unos han sido mucho más precisos e insistentes que los otros, pero la verdad es que ninguno de ellos ha puesto el acento en el tema, por lo menos no con el mismo énfasis con que la gente lo exige. Incluso podría decirse que con muchas de las denuncias y los movimientos realizados por los candidatos en las campañas, lo que se buscó es quitar el tema de la seguridad del centro del foco ciudadano. En buena medida ello ocurre por falta de propuestas, pero también porque en muchos sectores de poder se dan dos cosas: por una parte, el temor a enfrentarse a un monstruo que no es nada manejable, y por la otra porque existen complicidades, en unos candidatos y partidos más que en otros, con las distintas vertientes de la delincuencia, desde la piratería y el tráfico de gente, hasta los capítulos más sofisticados del crimen organizado. Y no es un secreto que, sobre todo en el ámbito local, el crimen organizado ha tenido una importante participación en el financiamiento oculto de distintas candidaturas. Por otra parte, los ajustes de cuentas, como los que se han dado en Acapulco y otros puntos de Guerrero (y del país), son una demostración de que cuando se produce esa relación entre crimen organizado y política, la violencia resulta casi inevitable.
El hecho es que han pasado dos años desde aquella marcha multitudinaria y nadie ha sabido o querido leer plenamente el reclamo que estaba detrás de ella. Seguimos escuchando discursos, viendo spots contra la inseguridad pero nada nos dice, hoy, que estamos más seguros que hace dos años. Vamos ni siquiera tenemos la plena certidumbre de que los buenos proyectos que han crecido en estos años: la AFI, la reestructuración de la PGR, el reciente rescate de la PFP y del sistema nacional de seguridad pública, vayan a perdurar institucionalmente en el futuro. No henos tenido siquiera ese compromiso de todos los actores electorales.