Ya pasó la jornada electoral pero aún no terminamos de respondernos si buena parte de la violencia que vivió el país en los días previos a los comicios tuvo como intención desestabilizar los mismos o influenciar el resultado.
Ya pasó la jornada electoral pero aún no terminamos de respondernos si buena parte de la violencia que vivió el país en los días previos a los comicios tuvo como intención desestabilizar los mismos o influenciar el resultado.
En los hechos estamos hablando de dos fenómenos diferentes. Uno, es lo sucedido en Oaxaca, con el conflicto magisterial. Como hemos señalado en otras oportunidades, las demandas del magisterio oaxaqueño son, en su mayoría, legítimas, pero también es verdad que la sección 22, a lo largo de su historia ha puesto su poder de movilización y sus demandas, al servicio de distintas fuerzas, externas a la propia sección. El conflicto, además, tiene otros componentes, incluyendo la participación de grupos radicales que se han concentrado sobre todo en la llamada Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, que se propone, públicamente, generar ingobernabilidad en el estado, reemplazar el ejecutivo, el legislativo y el judicial locales por administraciones “populares” y que se han significado, por ejemplo, por el rechazo a la principal fuente de ingresos del estado, el turismo, asumiéndolo como una expresión de “imperialismo cultural”. Esos grupos intentaron (y lo lograron) influir en el proceso electoral, incluso con movilizaciones violentas, pero pasado el mismo, mientras la sección 22 comienza a retornar a sus lugares de origen y abandonan el plantón en el centro de la ciudad, los de la Asamblea (mucho más ligados a fracciones del EPR y del EZLN) han decidido radicalizar aún más sus demandas.
Pero incluso esos aspectos, aunque evidentemente son parte de expresiones violentas, de focos rojos que permanecen encendidos en el escenario político nacional, eran mucho menos preocupantes que lo sucedido en otros lugares del país, en particular en Guerrero, en Michoacán, en Tijuana, en el DF y en Nuevo Laredo, sobre todo con la sucesión de muertos por decapitación que se dieron en la primera entidad y en Tijuana. Es verdad que allí se escenifica una verdadera guerra entre cárteles del narcotráfico, particularmente entre los grupos de Sinaloa, encabezados en esa región por los hermanos Beltrán Leyva y los del Golfo, que encabeza ahora el ex líder de los Zetas, Heriberto Lazcano.
Pero los órganos de seguridad del estado estaban convencidos, días antes del proceso electoral, que había más en esa violencia que la simple confrontación entre grupos. En los hechos, esa presunción provenía de dos datos duros: no era indiferente a esos grupos quién ganara, porque mientras, por ejemplo, López Obrador decía que el narcotráfico debía combatirse como una expresión de la pobreza, Calderón prometía continuidad y profundización de las estrategias locales e internacionales contra el crimen organizado. Por otra parte, en muchas campañas locales el narcotráfico intervino activamente. Por ejemplo, sería imposible comprender lo sucedido en Acapulco sin la evidencia de que los Zetas financiaron más de una posición en la campaña electoral local que dejó en la presidencia municipal a Félix Salgado Macedonio, lo que les permitió reemplazar con gente suya en las policías locales a otros mandos que respondían, muchos de ellos, a sus rivales, los Beltrán Leyva. En este sentido, no es una casualidad que las cabezas de los jefes policiales (asesinatos cometidos por sicarios de la Mara Salvatrucha que trabajan para el cártel de Sinaloa) hayan sido abandonadas, casi todas, en la entrada de la secretaría de Finanzas del municipio.
El nexo entre política y violencia estaba ya dado en Guerrero, como en otras regiones del país (desde Nuevo Laredo al DF, pasando por Tijuana y Michoacán) y la percepción de que alguna de esas organizaciones que en el caso de Guerrero, Michoacán y el área metropolitana de la ciudad de México, tienen relación con ya decadentes grupos armados del pasado, se fortaleció. Por eso, se redujo la participación de los candidatos en algunos de esos puntos geográficos y cuando fueron, se los acompañó de un fuerte y especial dispositivo de seguridad. En el ámbito federal, en las últimas semanas de la campaña el índice de riesgo de los candidatos, que se mantenía en un 80-20 (o sea un 20 por ciento de riesgo para su integridad) se elevó a 70-30. Fue aquel fin de semana en Acapulco, donde se anunciaron siete muertes (en realidad había ocurrido 17 en la entidad ese fin de semana) y que coincidía con actividades de los candidatos, sobre todo el cierre en Acapulco de López Obrador, cuando el riesgo fue mayor y, por ello, aunque algunos la consideraron imprudente, se dio aquella declaración del subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, cuando le preguntaron qué opinaba sobre esa ola de ejecuciones y se limitó a decir que habría “siete votos menos en las elecciones”. Esa declaración, junto con una serie de operaciones de los órganos de seguridad, le dieron un mensaje tan preciso a quienes querían utilizar el factor violencia en la campaña, amparados en la lucha entre narcotraficantes, que, desde entonces, no ha habido una sola ejecución más en Acapulco con aquellas características.
No le gusta a los políticos abordar ese tema, pero el trabajo que realizaron en esta campaña instituciones de seguridad como las fuerzas armadas (incluyendo, por supuesto el estado mayor), la SIEDO y el CISEN fue notable, y los fue, precisamente, porque no sucedió nada. Pero el peligro no pasó: sigue allí y, en los hechos, la opción que menos preferían los grupos del narcotráfico para ganar la elección es la que triunfo. No sólo porque con Calderón continuarán algunas de las estrategias más exitosas, sino también porque la relación con Estados Unidos, Centroamérica y Colombia, en ese ámbito, se fortalecerá aún más. El peligro por lo tanto, sigue allí: los hombres y mujeres del nuevo equipo de transición deben asumirlo y tomar las medidas correspondientes.