El conflicto en Oaxaca crece día con día y no se percibe posibilidad alguna de solución. A un sistema de gobierno autoritario y corrupto que caracterizó la administración de José Murat, ha seguido el gobierno de Ulises Ruiz que mantuvo muchos de los rasgos de su antecesor y agudizó otros, con un gobernador más ocupado en la campaña presidencial de Roberto Madrazo que en atender los asuntos de un estado que no admite desapegos gubernamentales.
El conflicto en Oaxaca crece día con día y no se percibe posibilidad alguna de solución. A un sistema de gobierno autoritario y corrupto que caracterizó la administración de José Murat (la resolución de la Suprema Corte que autoriza a la Auditoria Superior de la Federación a revisar cómo se utilizaron los miles de millones de pesos que recibió su administración por el llamado ramo 33 y que nadie sabe a dónde fueron a parar, demostrará con absoluta claridad cómo se manejaron las cosas en ese sexenio en la entidad), ha seguido el gobierno de Ulises Ruiz que mantuvo muchos de los rasgos de su antecesor y agudizó otros, con un gobernador más ocupado en la campaña presidencial de Roberto Madrazo que en atender los asuntos de un estado que no admite desapegos gubernamentales.
En realidad, el movimiento magisterial ha crecido hasta convertirse en lo que hoy es, no necesariamente por la justeza de sus demandas, sino por la torpeza gubernamental, que lo dejó crecer pensando que para ellos todo estaba permitido: si por la fuerza se habían tomado las instalaciones del principal periódico de la entidad, el Noticias (ocupado ayer nuevamente por un grupo de pistoleros que dejaron cuatro heridos de bala); si se había convertido el palacio de gobierno en una suerte de entre museo y salón de fiestas; si se había ordenado el traslado del congreso a una sede inconclusa; si la casa de gobierno también había sido convertida en un espacio privado; si los autoatentados no se castigaban y los militantes que mataban adversarios eran premiados con cargos de elección popular, ¿por qué habría que preocuparse por un grupo de maestros radicales que, como hacia 25 años, cada mayo se instalaban en el centro de la ciudad pidiendo mejoras salariales? Por supuesto que el gobierno estatal desestimó el problema, el gobernador estaba muy ocupado organizando la estructura electoral de Madrazo y se olvidó del estado. Y el conflicto escaló hasta el torpe intento de desalojo intentado en junio, en contra de todas las recomendaciones federales, y la demanda salarial se transformó en la exigencia de la renuncia del gobernador Ruiz.
Desde entonces el conflicto ha escalado aún más, la dirección del mismo ha sido asumida por los grupos más radicales, públicamente identificados con el EPR y los sectores más duros del zapatismo y las demandas van cada día más allá, incluyendo el desconocimiento de todos los poderes del estado y su reemplazo por “nuevas instituciones” (como diría López Obrador) de corte “popular”. No tienen la razón ni los dirigentes de la sección 22 ni mucho menos los de la llamada Asamblea Popular del Pueblo Oaxaqueño, claramente identificados con el eperrismo. No comparten tampoco su punto de vista la mayoría de los oaxaqueños. Pero ello no alcanza para encontrarle una salida al conflicto. La derrota de Madrazo arrastró con él a José Murat y a Ulises Ruiz, enfrentados, además, en los últimos tiempos entre ellos. Ambos no sólo no pudieron, como presumían, garantizar la victoria de Madrazo en las elecciones federales sino que perdieron por muy amplio margen en su estado. Si Ruiz le había ganado a Gabino Cué hace dos años en unos comicios plagados de irregularidades, Gabino ahora ganó con holgura la senaduría estatal. El gobernador Ruiz ha hecho algunos cambios, se deshizo de uno de sus más problemáticos funcionarios, el secretario de gobierno Jorge Franco (que sin embargo sigue operando), pero no es suficiente.
Se ve muy difícil que Ruiz pueda concluir su mandato. No es deseable la salida de ningún mandatario estatal por las presiones políticas ejercidas en su contra, pero como ocurrió en Chiapas con Eduardo Robledo en el 95 o dos años después con Julio César Ruiz Ferro (luego de los hechos de Acteal) no parece haber en Oaxaca, luego de la suma de errores cometidos, muchas opciones diferentes a la renuncia del gobernador. La única pregunta es si podrá aguantar hasta el primero de diciembre, de forma tal que el congreso nombre un sucesor para los siguientes cuatro años, o si tendrá que hacerlo antes, lo que abriría el paso a un interino que tendría que convocar a elecciones en el lapso de un año.
Para los objetivos de la gobernabilidad e incluso del priismo post madracista, es preferible la segunda opción. El gobierno de Ruiz tiene un conflicto de legitimidad de origen que se ha acrecentado con el paso de los días. Al mismo tiempo es verdad que la Asamblea Popular no representa a la mayoría de los oaxaqueños, incluyendo a muchos de los que votaron hace dos años y ahora lo volvieron a hacer por Gabino Cué. Los oaxaqueños quieren vivir en paz y prosperar, pero la salida es dar un paso atrás, dejar que Ruiz se vaya, establecer un gobierno de concertación y convocar a nuevas elecciones locales que permitan volver a encarrilar un estado que ha perdido el rumbo desde tiempo atrás.
Sólo así se aislará a los radicales y se recuperaría la gobernabilidad perdida, entre otras razones porque en todas las fuerzas políticas del estado, hay hombres y mujeres sensatos que quieren apostar por un resurgimiento de Oaxaca, un estado, hoy, más hundido que nunca en la pobreza, atrapado entre un gobierno autoritario y una corriente opositora ultrarradical y enemiga de todo aquello que les permitiría trabajar por un futuro mejor, desde el desarrollo del turismo hasta el fomento de las inversiones y la obra pública. Para que estos grupos radicales y desestabilizadores no puedan avanzar, para que el EPR no secuestre a todos los oaxaqueños, se necesita que Ruiz deje el poder y las fuerzas políticas democráticas, incluyendo al PRI local, construyan las nuevas reglas del juego que se perdieron en los últimos ocho años.