¿Son meras casualidades la ola de asesinatos en Michoacán o el ajusticiamiento del jefe de la Agencia Estatal de Seguridad en Nuevo Léon? ¿Es verdad que la guerra entre los grupos del narcotráfico y los ataques constantes a agentes de seguridad, ministerios públicos y jueces no tiene nada que ver con el proceso político y electoral que estamos viviendo.
Lo que sucede es que existe una vieja versión, popularmente extendida gracias a ciertos medios de comunicación y a personajes como Chapa Bezanilla.
¿Son meras casualidades la ola de asesinatos en Michoacán o el ajusticiamiento del jefe de la Agencia Estatal de Seguridad en Nuevo León?¿Es verdad que la guerra entre los grupos del narcotráfico y los ataques constantes a agentes de seguridad, ministerios públicos y jueces no tiene nada que ver con el proceso político y electoral que estamos viviendo?¿es verdad que los narcotraficantes no están interesados en la política y el poder?. Nadie, con sensatez, puede sostener nada por el estilo.
Lo que sucede es que existe una vieja versión, popularmente extendida gracias a ciertos medios de comunicación y a personajes como Chapa Bezanilla, de que existe no sólo un narcoestado, sino que se supone que los grandes capos de la droga se sientan en los palacios de gobierno a ejercer directamente el poder. No es, no suele ser, así, salvo casos muy específicos, pero ello no implica que no existan relaciones profundas, estrechas, entre sectores y grupos de poder con el narcotráfico y que éste no utilice en su beneficio el ambiente político.
La desestabilización que vivió el país en el 94, tuvo un componente claro de intervención del narcotráfico y de la utilización de éste por grupos de poder para buscar objetivos específicos. En estos días, el narcotráfico está apostando, y muy fuerte, a la desestabilización sabiendo que las fuerzas de seguridad del Estado se encuentran concentradas en pocos puntos y atendiendo en buena medida la coyuntura política.
La ecuación es sencilla: cuanto mayor es la crispación social, cuanto mayores son los intentos desestabilizadores en la vida política, mayor es también el margen de operación del crimen organizado. En el 94 se debía atender un complejo momento en la sucesión presidencial, donde Manuel Camacho intentaba arrebatarle la candidatura Luis Donaldo Colosio, se debía atender el levantamiento chiapaneco, los secuestros de Harp y Lozada, el asesinato de Luis Donaldo, luego el de Ruiz Massieu. Fueron años de oro para algunos grupos del narcotráfico que vieron cómo las fuerzas de seguridad, los políticos y los medios se involucraban en otros asuntos y alejaron las presiones contra el crimen organizado. Ahora tenemos una situación similar: un candidato que amenaza con desechar las instituciones, que llama a una revolución, que sostiene que creará su propio gobierno, que en el DF tiene ocupados el Zócalo y el Paseo de la Reforma y en Oaxaca la capital del estado, que obliga a mantener en la capital del país a un grupo importante de las fuerzas de seguridad federales para preservar el orden público y prevenir las posibles agresiones. Un ex candidato, además, que sostiene que el tema del crimen organizado es una simple consecuencia de la pobreza, sin querer comprender cómo funciona el fenómeno en realidad. Un visión que le ha permitido a esos grupos asentarse sin problemas en la propia capital del país. Una fuerza política que no comprende que ha sido manipulada e infiltrada por uno de los grupos del narcotráfico, el cártel del Golfo y los Zetas, que van de la mano con algunos de sus cuadros locales cuando se asientan en el poder (¿un ejemplo mejor que Acapulco?). Un grupo que juega, e intensamente, a explotar las debilidades y contradicciones políticas buscando con ello ganar posiciones.
Si a eso le sumamos que salvo excepciones la mayoría de los gobernadores y presidentes municipales no quieren entrarle al tema del combate al narcotráfico por razones que van desde el temor, la falta de recursos materiales y humanos hasta la corrupción; si vemos que desde todos los ámbitos se reclama para ello la presencia federal pero al mismo tiempo, los representantes de esos mismos gobernantes y partidos en el congreso se niegan a otorgarle a la federación mayores recursos, rechazan la posibilidad de una coordinación policial y de seguridad amplia y eficiente o la consolidación de una fuerza policial federal en investigación, inteligencia y operación mucho más amplia y sólida, podemos pensar que a pesar de los avances logrados, del esfuerzo de un puñado de hombres y mujeres en el tema, son los narcotraficantes los que están ganando, en su lógica y a su manera, esta lucha.
No es una casualidad lo que está sucediendo. Es verdad que hay hechos muy concretos, específicos en cada historia que la hacen peculiar, pero en Nuevo León, por ejemplo, durante mucho tiempo se insistió en que no había problemas con el narcotráfico. El problema estalló cuando aún era gobernador Fernando Canales Clariond y Natividad González Parás ha intentado frenar el fenómeno y creado una serie de instancias de seguridad, como la agencia estatal de investigación, destinada a combatir el crimen organizado. Los golpes del propio narcotráfico contra mandos policiales en Nuevo León, el asesinato del jefe de policía de San Pedro Garza García o ahora del director de la AEI, son una respuesta a ello. En Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel es uno de los gobernadores que quiere combatir un narcotráfico: le ha costado la vida a varios de sus colaboradores y enormes presiones a un gobernador honesto y con mucho futuro político, pero como lo demostró la intervención federal en Apatzingan, el problema, como en todo el país, es que las fuerzas policiales locales están infiltradas hasta la raíz por los grupos del crimen organizado. Lo mismo sucede con Zeferino Torreblanca, en Guerrero que se ha encontrado con que de la mano de las nuevas autoridades municipales, le ha caído a su entidad una verdadera lluvia de violencia.
Dicen que el lunes se dará a conocer un plan integral de lucha contra el narcotráfico. Ojalá sea así, pero mientras no se depuren las policías locales, y no se involucren las autoridades municipales y estatales en la lucha, mientras algunas fuerzas políticas no le dejen de hacer el juego al crimen organizado, será difícil encontrar soluciones a este desafío cada día más urgente.